
A partir del 10 de diciembre asumirá la principal responsabilidad del país un representante elocuente y convencido, según lo han escuchado (y aparentemente apoyado, al elegir una de las dos opciones que ofrecía el modelo binario del ballottage) gran parte de los argentinos.
Este pequeño aporte no está dirigido a quienes se inclinaron por la opción que tuvo éxito. Ellos tienen sobradas razones para ser optimistas. Está dirigido a los que se han visto acompañados sólo por el sector social minoritario.
El tránsito traumático post-derrota electoral genera cierto desánimo, alguna desilusión y quizá unos momentos de depresión individual y grupal. Claro, todo lo contrario sucede con los minutos siguientes al éxito: alegría, esperanza y optimismo. Hay cierto reduccionismo en esta descripción. Me refiero sólo a aquellas sensaciones propias de las almas bondadosas, pacíficas y empáticas, las instancias espirituales por las que atraviesan otros tipos de almas, de un lado y del otro, pasan por otro carril.
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Siempre hay que tener en cuenta que unas y otras percepciones post-electorales no tienen garantizada la permanencia, sino posiblemente todo lo contrario: no hay duda de que durarán poco.
Quisiera volver a mi diálogo con los derrotados. Es bastante claro que quieres recibieron el voto perdedor, en varias dimensiones o políticas públicas, podrían haber hecho las cosas bastante mejor o, por lo menos, en algunas otras, haber hecho algo.
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Pero también hay que decir que ellos mismos tienen cosas para exigir a la fórmula elegida, a la oferta electoral triunfante.
Ello es así, incluso mirando el universo de las políticas públicas esenciales desde la óptica filosófica (y ética, según lo ha dicho más de una vez y con gestos de compromiso físico el presidente electo) del llamado liberalismo.
Se trata de exigir algunas definiciones muy importantes cuando el nuevo presidente y su filosofía se encuentren ya en el poder.
Me refieron a acciones que sin ninguna duda no sólo son coherentes con el punto de partida liberal, sino que, quizá, deban ser entendidas como derivación lógica de los axiomas más esenciales.
Aludo a algunas decisiones que deberían formar parte de las sagradas escrituras de un buen liberal y que, por ello mismo, incluso los derrotados, podrían aguardar con alguna esperanza. Veamos.
En primer lugar el liberalismo político es fruto del abandono del Ancien Régime -propio de la Inquisición- hacia fines del siglo XVIII, y a él le debemos el nacimiento (o por lo menos un impulso universal, si uno toma en cuenta el impacto de algunos movimientos en Inglaterra varios siglos antes) de los principios y garantías fundamentales propios de la dignidad de los individuos. En esos momentos el poder central y luego el nacimiento del Estado moderno requerían un límite esencial para la protección del individuo y sus garantías fundamentales. Un gobierno liberal debe ser un garante de estos principios: legalidad, juicio previo, defensa en juicio, igualdad ante la ley, etc, etc. Lo que hoy llamamos garantismo tiene el más puro bautismo liberal.
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En segundo lugar, la idea de jueces “técnicos”, todopoderosos, que con lenguaje incomprensible resuelven los casos no es muy liberal. Otra cosa muy distinta es el juicio por jurados, que impone nuestra constitución desde el año 1853 con insistencia visible. Un gobierno liberal debe ir hacia la implementación inmediata del juicio por jurados.
En tercer lugar, es propio del liberalismo político y la limitación del poder dentro del “leviatán” estatal, el sistema de división del poder en funciones legislativa, ejecutiva y judicial. Un poder ejecutivo de un buen liberal no puede avanzar sobre la función legislativa gobernando por decreto y no puede permitir un poder judicial que lesione internamente, o vea lesionada externamente su autonomía e independencia adecuando sus fallos a las necesidades de cualquier poder institucional o económico.
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Esa misma división del poder, pero ahora en el proceso penal, debe asegurar que haya una separación clara entre las funciones de investigar (propia del Fiscal) y de juzgar (propia del Juez). Un gobierno liberal debería comprender casi mejor que cualquiera la necesidad de implementar la reforma procesal que ya fue aprobada por el parlamento.
En cuarto lugar, y yendo al plano de la economía, hace siglos que está claro que no hay puesta en crisis más fuerte del modelo liberal que la existencia de monopolios u oligopolios. Un gobierno liberal debe impedir que cualquier sector de bienes o servicios quede en manos de uno o pocos grupos concentrados.
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En quinto lugar, el respeto al individuo y sus decisiones, su autonomía moral, su origen cultural, sus preferencias sexuales, ideológicas y estéticas forman parte de un sector de la vida pública o privada inaccesible para cualquier poder centralizado, salvo que sea para su protección y aseguramiento. Un buen gobierno liberal, “de bien”, como aparentemente se afirma hoy día, debe tomar este extremo como axioma.
En sexto lugar es necesario tener en cuenta que una propuesta liberal como escenario social de la vida individual, debe asegurar la igualdad del punto de partida, para luego, en todo caso, poder hablar de meritocracia y éxito personal. No hay nada menos liberal y menos meritocrático que alguien se beneficie de contextos que no son propios de su esfuerzo individual. Con igualdad de oportunidades gana el mejor, con desigualdad de origen no corregida gana el privilegiado.
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Por último, un gobierno liberal debe posicionarse como un guardián implacable de la gestión del poder de la policía. La idea de vivir en libertad implica delimitar una frontera clara en la intervención más directa y violenta que puede existir en el terreno de lo institucional: el rol de la policía.
En una sociedad democrática, sólo tiene sentido hacer eje en la libertad si nos referimos a hombres libres, dignos e iguales.
Evidentemente estos ejemplos sólo introductorios demuestran que incluso un gobierno autoproclamado como liberal, tiene una agenda muy intensa a favor de todos. Ello, claro, si la coherencia fuera un valor en sí mismo para cualquier modelo de gestión.
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