
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no existe evidencia de que Vector Casa de Bolsa, Intercam o CIBanco tengan vínculos con la delincuencia organizada o con operaciones de lavado de dinero, pese a los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2025.
Según la mandataria, ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontraron elementos que permitieran iniciar acciones penales en México. Así mismo, Sheinbaum señaló que la información transmitida por Washington “no fue suficiente para establecer alguna relación con el crimen organizado”.
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Sobre esa línea explicó que, tras una revisión interna, las autoridades mexicanas sólo identificaron irregularidades administrativas, mismas que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya había auditado e incluso sancionado previamente.
“No hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información del Tesoro, que confirmara lavado de dinero. La intervención se realizó para evitar afectaciones al sistema financiero nacional”, afirmó.

La presidenta agregó que la intervención temporal realizada por Hacienda y la CNBV respondió a una “acción preventiva” luego de que los señalamientos estadounidenses provocaron retiros atípicos de dinero entre los clientes. Aunado a ello, subrayó que la prioridad del gobierno fue contener una posible afectación sistémica y proteger los depósitos de las personas usuarias.
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El 25 de junio, el Departamento del Tesoro había prohibido transferencias con las tres instituciones al considerarlas “fuentes de preocupación” por presunto lavado de dinero ligado a cárteles. Esa advertencia derivó en la intervención gerencial temporal anunciada por la CNBV el 26 de junio.
En el caso de CIBanco, el procedimiento escaló hasta la revocación de su licencia y el inicio de su liquidación por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). La medida se oficializó el 10 de octubre de 2025 cuando las sucursales dejaron de operar. A la par, el IPAB inició el Pago de Obligaciones Garantizadas a partir del 13 de octubre.
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Las indemnizaciones cubren hasta 400 Unidades de Inversión (UDI’s) —equivalentes a más de tres millones de pesos— por persona ahorradora. Los depósitos asegurados incluyen las operaciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito.

De acuerdo con el IPAB, las personas usuarias deben seguir estos pasos para verificar si son elegibles y recibir el pago correspondiente:

El organismo recordó que todo el proceso se rige bajo la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la cual establece los mecanismos aplicables cuando una institución pierde su licencia.
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