La Fiscalía General de la República (FGR) ha llamado a comparecer a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como parte de una investigación federal que involucra a una amplia red de políticos y empresarios señalados por delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
De acuerdo con documentos oficiales, la citación obliga al excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno de Baja California, a presentarse en las oficinas centrales de la FGR en la Ciudad de México, acompañado de un abogado y con la documentación que las autoridades le han requerido.
La carpeta de investigación se desprende de una denuncia que algunos de los implicados han calificado como anónima, la cual señala a por lo menos veinte personas.
La Fiscalía también pidió la presencia de empresarios y políticos bajacalifornianos
Entre los involucrados destacan figuras de alto perfil político en el estado, entre ellos el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz; el exalcalde de Ensenada y actual senador, Armando Ayala Robles; el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez; y Luis Alfonso Torres Torres, hermano del principal imputado.
Según los oficios de la fiscalía, la FGR ha formalizado los cargos en contra de Torres Torres, quien ya había estado en el centro de la discusión pública meses atrás, cuando el gobierno de Estados Unidos revocó su visa de turista, así como la de su entonces esposa, Marina del Pilar.
Se filtran citatorios
La investigación se desarrolla en medio de un ambiente político convulso y marcado por filtraciones de documentación judicial que se han difundido ampliamente en medios y redes sociales. Estas filtraciones han generado tensiones entre los actores involucrados y han avivado el debate público sobre posibles actos de corrupción y la penetración de intereses criminales en las estructuras políticas de Baja California.
El caso se enfoca en operaciones financieras consideradas sospechosas por las autoridades federales, así como en la posible participación de los señalados en esquemas relacionados con organizaciones criminales. Estas imputaciones han elevado el nivel de escrutinio sobre funcionarios en activo y exservidores públicos de la entidad fronteriza.
En octubre pasado, la gobernadora Marina del Pilar informó que se encontraba en proceso de divorcio, luego de meses en los que circularon versiones sobre presiones desde Washington debido a presuntos vínculos de su entonces esposo con actividades ilícitas. Sin embargo, hasta el momento la mandataria estatal no ha fijado postura respecto a la citación emitida por la FGR.
Por su parte, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, confirmó haber recibido el citatorio y expresó su inconformidad con la filtración del documento, al tiempo que minimizó la denuncia en su contra, asegurando que carece de sustento.
“Estamos tranquilos porque no hay nada qué temer”, afirmó en conferencia de prensa, buscando disipar especulaciones sobre su posible implicación.
Hasta ahora, ni Torres Torres ni la gobernadora Ávila Olmeda han emitido declaraciones públicas sobre el avance del caso, mientras que la FGR continúa integrando la investigación que ha puesto bajo la lupa a parte de la clase política bajacaliforniana.
