El home office se ha transformado en una de las mayores disrupciones laborales de la última década en México, reflejando tanto el avance de la tecnología como la necesidad de flexibilidad en las dinámicas de empleo. Esta realidad adquirió solidez jurídica tras una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde se le llamó “teletrabajo”.
El primer paso para entender el concepto está en el artículo 330-A, donde el teletrabajo se describe como “una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón (…) utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón”.
La clave que distingue al teletrabajo, de acuerdo con la LFT, es el uso de tecnologías digitales para mantener el flujo de trabajo y dirección, así como el hecho de que la mayor parte de las tareas se realicen fuera de las instalaciones de la empresa. La ley deja claro que quienes trabajan ocasionalmente desde casa no quedan bajo este capítulo especial.
En lo que toca a las responsabilidades del patrón, la LFT formula en el artículo 330-E obligaciones precisas. Los empleadores deben suministrar, instalar y mantener el equipo necesario (computadoras, sillas ergonómicas, impresoras).
Igualmente, están obligados a pagar de manera oportuna y en las condiciones pactadas, asumiendo también los gastos relacionados con el teletrabajo, lo que cubre tanto servicios de telecomunicación como la parte proporcional de electricidad. Un aspecto destacado es que el empleador debe “respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral”.
Asimismo, la ley demanda que se registre todo insumo entregado al trabajador —resguardando temas de seguridad y salud—, que se protejan los datos y la información manejada fuera de la empresa, y que el personal esté plenamente afiliado a la seguridad social. Capacitar y asesorar a quienes migran o trabajan en esta modalidad es otro deber crucial para el empleador.
La LFT otorga un papel igual de relevante a las obligaciones del trabajador en esta nueva dinámica. El artículo 330-F precisa que los empleados deben ser responsables del “mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos, materiales y útiles que reciban del patrón”. También subraya la necesidad de avisar oportunamente sobre los costos de servicios derivados del teletrabajo, como el uso de telecomunicaciones y electricidad, cuyo pago corresponde al patrón.
El mismo artículo obliga al teletrabajador a conducirse “con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón”. Otro deber esencial es atender y utilizar adecuadamente los mecanismos tecnológicos y sistemas de supervisión dispuestos por el empleador, ya sea para reportar avances o recibir instrucciones. Por último, el empleado debe cumplir con las políticas de protección de datos y las restricciones fijadas sobre el uso y almacenamiento de información.
