El proceso judicial contra Emilio Zebadúa González por presunto enriquecimiento ilícito, vinculado al esquema de desvíos millonarios y conocido como “Estafa Maestra”, ha dado un giro relevante tras años de investigaciones y denuncias. Por primera vez en cinco años, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado formalmente una acusación penal ante un juez federal contra el exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.
El expediente, que contiene los cargos por presunto enriquecimiento ilícito, fue remitido al juez de control del Reclusorio Sur, según confirmaron autoridades del Gabinete de Seguridad al periodista Arturo Ángel. Los fiscales aguardan la fijación de la fecha para la audiencia inicial de imputación en la que Zebadúa deberá responder por las irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales.
Aunque los montos exactos no han sido revelados, las autoridades federales consultadas señalaron que esta judicialización corresponde a la primera de varias carpetas de investigación abiertas en su contra.
El origen de las investigaciones contra el “personaje siniestro” de Peña Nieto
La denuncia que originó esta carpeta fue presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la investigación recayó en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) hace casi diez años.
Durante el desarrollo de la indagatoria, Zebadúa tuvo la oportunidad de comparecer ante el Ministerio Público Federal para aclarar las anomalías patrimoniales detectadas. Aunque asistió y fue informado de los hechos, las autoridades ministeriales consideraron que no logró justificar las irregularidades identificadas.
En octubre de 2019, cuando las pesquisas sobre la “Estafa Maestra” ya apuntaban hacia su persona, Zebadúa remitió a la SFP una serie de aclaraciones en las que intentó desvincularse de los gastos de sus hijos y parejas. El argumento era que, desde 2013, no eran sus dependientes económicos. No obstante, la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contradijo estas afirmaciones.
La estafa criminal que incluye a sus propios hijos: contradicciones
Los anexos de la denuncia de la UIF detallan que, en 2015, año en que Zebadúa pasó de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sus hijos Nicolás y Julia Zebadúa Orozco, junto con su cónyuge Stephany Vanessa de Mendieta Zapata, realizaron consumos con tarjetas de crédito y servicios por más de 14 millones de pesos.
El titular de las tarjetas era el propio exfuncionario, y sus familiares figuraban como beneficiarios. Entre los gastos se registraron compras en tiendas de ropa por más de 800 mil pesos. Además, en ese mismo periodo, el hijo de Zebadúa efectuó pagos en efectivo superiores a 2 millones de pesos; todos ellos, según la UIF, cubiertos por el ex oficial mayor y señalado como el principal personaje de este entramado de corrupción en gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En paralelo, la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, anteriormente SFP, mantiene procedimientos administrativos por el mismo motivo. El pasado 27 de junio de 2025, Zebadúa fue citado formalmente para comparecer por la investigación administrativa de presunto enriquecimiento ilícito, tras la publicación del tercer y último edicto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que notificó al exfuncionario sobre el procedimiento en su contra.
A pesar de la magnitud del caso, ni Zebadúa ni la mayoría de los funcionarios bajo su mando habían enfrentado procesos penales hasta ahora. La FGR optó por proceder contra exfuncionarios que denunciaron los hechos y contra Rosario Robles, superior jerárquica de Zebadúa, aunque a ella no se le detectaron irregularidades patrimoniales
La documentación periodística del escándalo priista: “La estafa de la Estafa”
El reportaje “La estafa de la Estafa” expuso la existencia de una red de tráfico de influencias y sobornos a funcionarios federales, incluidos jueces, fiscales y auditores, que habría obstaculizado la acción penal contra Zebadúa y otros implicados.
Un audio presentado en la investigación documentó las exigencias económicas de una fiscal para sabotear uno de los procesos. Por estos hechos, la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR abrió una carpeta de investigación contra sus propios fiscales, aunque hasta la fecha no se han divulgado resultados.
Hasta ahora, el expediente permanece bajo análisis del juez de control del Reclusorio Sur, quien deberá determinar en los próximos días si gira la orden de aprehensión contra el exoficial mayor.
