Exfuncionarios de la Fiscalía de Puebla bajo investigación por presunta corrupción

La fiscal general informó sobre procesos abiertos contra servidores públicos, sin precisar cifras ni cargos, en medio de un operativo para erradicar la infiltración de grupos criminales en la dependencia

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Idamis Pastor Betancourt detectó redes
Idamis Pastor Betancourt detectó redes de corrupción en la Fiscalía General del Estado al asumir el cargo.. (Especial)

La fiscal general de Puebla, Idamis Pastor, declaró que al asumir el cargo identificó redes de corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Durante una conferencia de prensa, Pastor informó que existen múltiples carpetas de investigación abiertas contra funcionarios públicos. No detalló la cantidad de indagatorias ni precisó los delitos o los niveles jerárquicos de los involucrados.

Pastor señaló que el “proceso de depuración” está en marcha ante la infiltración de grupos criminales en la institución. Agregó que se han solicitado renuncias y que otros servidores públicos han optado por retirarse.

El gobernador Alejandro Armenta resaltó que el combate a la corrupción es uno de los ejes principales de su administración. Por su parte, el secretario Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla, Alejandro Espidio Reyes, reportó que durante 2025 se abrieron 471 investigaciones por presuntos actos de corrupción en dependencias estatales, lo que derivó en destituciones, inhabilitaciones y suspensiones de servidores públicos.

“Se iniciaron Carpetas de Investigación y varios servidores públicos fueron cesados. No permitimos la corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado”, enfatizó la titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, al señalar que estas acciones son parte de la “depuración” y del combate a la corrupción dentro de la institución.

Carpeta de investigación y penas por corrupción

Se han abierto múltiples carpetas
Se han abierto múltiples carpetas de investigación contra funcionarios públicos de la FGE de Puebla, aunque no se detallaron cifras ni delitos específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Fiscalía del Estado (FGE) de Nuevo León, “la carpeta de investigación es todo registro que sirve de apoyo para aportar datos de prueba dentro de un proceso de investigación”.

Además, explica que la carpeta de investigación que el término “abrir carpeta de investigación”, hace referencia a la apertura que inicia desde la denuncia de un delito y en ella participan tanto el Ministerio Público, como la víctima y la persona imputada.

De acuerdo con la fiscalía, en ella se integran los reportes o pruebas recolectadas por las policías intervinientes, Agencia ministerial, pruebas periciales y de análisis.

También señala en su cuenta oficial de YouTube que algunos de los elementos que la carpeta de investigación puede contener son tanto fotografías, como grabaciones de voz y video, informes, pruebas y dictámenes, entrevistas, testimonios e inspecciones.

Actualmente en la Fiscalía de Nuevo León, las carpetas de investigación se realizan totalmente de manera digital y pueden ser consultadas por los involucrados en tiempo real.

Según la Secretaría de la Función Pública, este delito consiste en que “una persona servidora pública exija a otra persona, por sí misma o por medio de otra, pagar un impuesto, renta o salario, para así obtener dinero, valores, servicios o cualquiera otra cuestión indebida. Incluso, si el concepto es debido, pero supera el monto establecido".

También señala que “la persona servidora pública que, en provecho propio, hace un cobro arbitrario –por tanto, ilegal- a un particular, comete este delito", detallando que nadie debe pagar algo por la mera solicitud de un funcionario; esto aunado a que los conceptos y tabuladores deben ser claros y públicos, de tal suerte que nadie altere, modifique o genere cuotas extraordinarias.

Otro ejemplo proporcionado por la misma instancia, es el de la persona servidora pública que “solicita a alguien una cantidad mayor a la que en realidad debe por concepto de alguna multa o recargo”, razón por la que las penas que se pueden imponer “varían de acuerdo con el monto exigido indebidamente y van desde tres meses hasta 12 años de prisión y de 30 hasta 150 días multa”.