Más de una docena de muertes ocurridas dentro del Centro Federal de Readaptación Social 16 CPs Femenil de Morelos, llevaron a organizaciones de la sociedad civil y a autoridades federales a implementar un mecanismo para revisar los casos de reclusas arrestadas por delitos menores de drogas.
Renata Demichelis Ávila, directora para México de Elementa DDHH, detalló en entrevista con Infobae México que la iniciativa busca revertir los efectos diferenciados que el sistema penal ejerce sobre mujeres en situación de vulnerabilidad.
“Es un mecanismo que trabajamos desde finales del año pasado con instituciones del gobierno federal, como la Consejería Jurídica del Ejecutivo, la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Gobernación (Segob), incluyendo al órgano penitenciario de esta última”, afirmó Renata Demichelis.
Este esfuerzo conjunto, dijo, tiene como meta explorar alternativas jurídicas que permitan la liberación de mujeres sentenciadas, mayormente por delitos relacionados con delitos de drogas, narcomenudeo y narcotráfico, enfatizando conductas específicas que afectan a mujeres vulnerables.
El proyecto, donde también participa CEA Justicia Social, está enfocado exclusivamente en mujeres, subrayó Demichelis, dado el “impacto diferenciado de estos delitos en mujeres, además de cómo opera el sistema de justicia en su contra”.
La directora para México de Elementa DDHH explicó que muchas de las mujeres ingresaron al sistema penal presionadas por dinámicas familiares o de pareja. Hasta el momento, el equipo ha realizado más de 50 entrevistas en el Cefereso 16 de Morelos, donde se recopiló información sobre los antecedentes de las detenidas, las circunstancias de su detención, y las posibles irregularidades presentes en sus casos.
La especialista en Derechos Humanos expuso que aproximadamente el 50% de los casos analizados se sospecha fabricación de delitos, sumado a defensas inadecuadas durante sus procesos judiciales.
“Muchas veces sus defensores llegaron tarde o no estuvieron desde el inicio”, explicó, señalando que hubo casos donde las mujeres fueron convencidas de declararse culpables sin buscar pruebas que demostraran su inocencia.
Los delitos más comunes entre las mujeres entrevistadas son posesión y transporte de drogas, pero estas acusaciones a menudo se acompañan de otros cargos, como posesión de armas o cartuchos. No obstante, el mecanismo establece restricciones claras: mujeres sentenciadas por delitos de delincuencia organizada no son elegibles para estos beneficios legales.
Renata Demichelis indicó que este mecanismo se creó luego de que se registraron varios supuestos suicidios en el Cefereso de Morelos en condiciones sospechosas. La revista Proceso reportó el 6 de noviembre del año pasado que hasta esa fecha iban 19 presuntos suicidios de internas desde el 2022.
“En los dos casos mencionados, las mujeres habían sido sentenciadas, una de ellas en el fuero común. Personas defensoras públicas federales las habían entrevistado para conocer sus condiciones de internamiento, destacando en el caso de una de ellas, la presentación de peticiones administrativas para su atención en temas de salud”, citó la revista Proceso el reporte del Instituto Federal de la Defensoría Pública.
Hasta el 6 de noviembre de 2024 iban seis mujeres que supuestamente se suicidaron al interior del penal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió recomendaciones al Cefereso por casos de violaciones de derechos humanos a la integridad personal, tal como se constata en la recomendación 193 /2024 donde se acusa de violaciones internas.
Renata reconoció que las condiciones dentro del centro penitenciario han sido denunciadas por las mujeres durante las entrevistas realizadas para ingresar al mecanismo, aunque este tema no es directamente abordado por el programa legal.
Buscan liberar a cinco mujeres más recluidas
El mecanismo legal busca que cinco mujeres más sean liberadas del Cefereso 16 próximamente, siempre y cuando se logre cubrir las multas que enfrentan.
Estas multas, imprescindibles para aplicar las alternativas jurídicas, varían entre los 7 mil y 25 mil pesos.
La directora de Elementa DDHH indicó que se han lanzado campañas de recaudación a través de plataformas de financiación colectiva con el objetivo de alcanzar una meta de 250 mil pesos. Estos fondos no solo se destinan al pago de multas, sino también a asegurar la “restitución de derechos”.
Este acompañamiento posterior a la liberación incluye cubrir los costos de traslado hacia sus lugares de origen, asegurar alojamiento temporal y garantizar una alimentación básica durante la primera semana.
“El objetivo es evitar que, al salir, queden desprotegidas y vulnerables a nuevos riesgos, como reincidencia o delitos durante el trayecto”, puntualizó.
También se consideran recursos para revisiones médicas y cumplimiento de requisitos judiciales, como reportarse mensualmente en caso de medidas condicionadas.
El esfuerzo conjunto entre ONG y entidades gubernamentales permite no solo la liberación de mujeres que cumplen con los requisitos legales establecidos, sino también visibilizar las limitaciones y fallas del sistema de justicia penal.
“El gobierno nos necesita, y nosotras necesitamos del gobierno para sacar esto adelante”, destacó Renata, resaltando la colaboración como un ejemplo constructivo en un entorno político marcado por tensiones.
A pesar de los avances logrados, como la liberación de ocho mujeres, Renata Demichelis enfatizó que aún queda un largo camino por recorrer. Alrededor de 2 mil mujeres permanecen en prisión en México por delitos relacionados con drogas, muchas de ellas enfrentando circunstancias similares a las ya identificadas.
Las campañas de recaudación de fondos no solo buscan liberar a las detenidas más cercanas a cumplir sus requisitos legales, sino también generar conciencia social sobre las desigualdades sistémicas que perpetúan la criminalización de las mujeres en contextos vulnerables.
