La marea verde ha estado presente en varios estados de la república mexicana en las dos últimas décadas. El pasado 9 de abril, el Congreso de Yucatán aprobó la despenalización del aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación, sumando así 23 estados.
Desde la despenalización del aborto en 2007 en CDMX, se han realizado casi 292 mil abortos legales, sin muertes maternas vinculadas a procedimiento. No obstante, pese a los avances en materia legal, aún persisten los retos.
Camila Rivapalacio, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) considera que aún existe el estigma y la criminalización hacia la práctica. Entre los retos registrados por la organización en su informe “Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México”, está que el aborto sea reconocido como un servicio de salud y deje de ser regulado como un delito.
Desigualdad de condiciones en los estados
Los medios de comunicación han jugado un papel importante para contribuir a la opinión que la gente tiene respecto al aborto. De acuerdo con datos de Mitofsky, en 2007 65.8 % de las personas en el país consideraba que el aborto debía ser un delito. Para 2022, la opinión se redujo a un 28:1%.
El aborto se regula dependiendo de los códigos penales de los estados, por tanto hay circunstancias bajo las cuales no se castiga y otras por las que aún se considera delito. De acuerdo con GIRE, aunque es inconstitucional penalizar el aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hasta la fecha en que se realizó el informe el aborto continúa tipificado como delito en 23 estados y en el Código Penal Federal.
La organización igual considera que las condiciones de acceso no son las mismas en los estados comparados con la capital, lo que genera una desigualdad de acceso y afecta especialmente a las personas más vulnerables.
Aborto, un derecho criminalizado
Tras el acompañamiento de 27 casos por parte de la organización de 2012 a 2023, donde se criminalizó el aborto, en varios de ellos el personal de los hospitales dio aviso al personal de seguridad pública o alas fiscalías procuradurías locales.
El informe revela que las instituciones de salud suelen ser las primeras en criminalizar a quienes deciden abortar o enfrentan abortos espontáneos; dejan en segundo plano la responsabilidad de brindar atención, consejería y/o acompañamiento, y actúan como entes de vigilancia, lo que propicia que se inicien procedimientos penales.
De los datos obtenidos, la organización registró 2169 denuncias por aborto, de las cuales s 680 corresponden a mujeres, 127 a hombres y 367 a quien resulte responsable, mientras que de 1041 no se contó con datos. La entidad con mayor número de casos es Nuevo León, con 742.
A pesar de que la Ciudad de México fue la primera entidad que despenalizó parcialmente el aborto, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, fue el estado con el mayor número de averiguaciones iniciadas durante el periodo de 2012 a 2022. Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que entre enero 2015 y agosto 2024 se registraron 1,240 carpetas abiertas en la capital, cifra que supera al resto del país.
Durante el periodo de 2012 a 2022, a 66 personas se les impuso la prisión preventiva como medida cautelar por aborto. Sonora, reportó 17 personas (11 hombres y 6 mujeres), siendo el estado con el mayor número de mujeres a las que se les fue impuesta esta medida. De ahí le siguen los estados de Guanajuato, Tabasco, Ciudad de México y Estado de México.
