Hombres encapuchados y presuntos simpatizantes del alcalde con licencia Gerardo Vargas Landeros “tomaron” el Palacio Municipal de Ahome luego de que se designara por parte del Congreso local a Antonio Menéndez como alcalde sustituto.
De acuerdo con los Noticieristas, los encapuchados se encuentran al exterior del inmueble, mientras que otras personas de la tercera edad se encuentran en pasillos del edificio. Las personas se dieron cita en el Ayuntamiento al mediodía de este viernes.
Se informó que pese a que Gerardo Vargas Landeros fue desaforado por el Congreso local durante una sesión que se extendió durante más de seis horas y concluyó en la madrugada de este 2 de mayo, las oficinas de servicios a los ciudadanos seguían funcionando con normalidad.
El medio indicó que mientras estás personas se encontraban al exterior y sobre los pasillos, la alcaldesa provisional Rosa Margarita Velázquez Valdez permaneció en reunión privada.
Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Ahome para realizar un operativo para mantener el orden, ya que en redes sociales comenzó a circular la versión que estas personas acudieron al lugar para impedir que Antonio Menéndez tome el cargo como alcalde sustituto.
El 1 de mayo, Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, solicitó licencia al Cabildo para enfrentar un proceso legal en su contra por un presunto desvío de 171 millones de pesos presuntamente erogados por el ficticio arrendamiento de 126 patrullas de la policía municipal.
El político también ha sido señalado por tener vínculos con el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien actualmente se encuentra detenido en los Estados Unidos.
“La investigación en contra de Vargas Landeros la quieren jugar como si fuera algo de la función pública para no levantar más vergüenzas entre los mismos morenistas,” dijo la fuente del gobierno federal al medio Pie de Nota.
Junto con Vargas Landeros fue desaforado el diputado local Genaro García Castro, ambos investigados por presuntos actos de corrupción en la contratación irregular de patrullas de seguridad pública.
Por lo anterior, ambos quedan a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) que buscará judicializar el caso y presentar formalmente los cargos ante un juez.
