En un esfuerzo por combatir las operaciones financieras ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el Gobierno de México ha iniciado al menos 17 juicios de extinción de dominio en los últimos cinco años.
Estos procesos, llevados a cabo en Juzgados de Distrito especializados en la Ciudad de México, están relacionados con bienes muebles e inmuebles en Baja California que presuntamente están vinculados a actividades delictivas, como el lavado de dinero.
En algunos casos, las autoridades han logrado adjudicarse los bienes, mientras que en otros los litigios continúan o han sido declarados improcedentes debido a errores en los procedimientos legales.
Las acciones tomadas por el gobierno
Los bienes que el Estado mexicano busca confiscar ascienden a más de 1.5 millones de dólares estadounidenses y más de 2.2 millones de pesos mexicanos. Estos montos corresponden a recursos que, según las investigaciones, provendrían de actividades ilícitas o estarían destinados a facilitar dichas operaciones.
La cifra se desprende de un análisis realizado por ZETA Tijuana, que cruzó datos de los Juzgados federales en materia de extinción de dominio y la unidad especializada de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la publicación de edictos que emplazan a posibles reclamantes de estos recursos.
Uno de los casos más destacados en este contexto es el de Rodolfo Juan Yépez Ortiz, conocido como “El Rodo” o “El Rudo”, hermano de José Antonio Yépez, alias “El Marro”, exlíder del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Según detalló la misma fuente, las autoridades lograron confiscar 50 mil dólares estadounidenses y 41 mil pesos mexicanos en efectivo durante la detención de Yépez Ortiz en un retén ubicado en Mexicali, Baja California. Este numerario ya ha sido adjudicado al Gobierno tras vencer en el juicio de extinción de dominio correspondiente.
El caso de “El Rodo” no sólo destaca por su conexión con uno de los cárteles más notorios del país, sino también por ser un ejemplo de cómo las autoridades están utilizando los procesos legales para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado.
La extinción de dominio permite al Estado apropiarse de bienes vinculados a actividades ilícitas sin necesidad de compensar a los propietarios, siempre y cuando se demuestre su relación con el delito.
Otro caso relevante involucra a una pareja de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, quienes presuntamente resguardaban cerca de 2 millones de pesos mexicanos en su domicilio.
El alcance de los juicios de extinción de dominio en México
Los juicios de extinción de dominio se han convertido en una herramienta clave para el Gobierno mexicano en su lucha contra el crimen organizado. Según explicó ZETA Tijuana, estos procesos permiten al Estado confiscar bienes que se presumen relacionados con actividades ilícitas, como el narcotráfico, el lavado de dinero o la corrupción.
Sin embargo, no todos los casos han resultado exitosos. En algunos, los procedimientos han sido declarados improcedentes debido a errores en los señalamientos o en el actuar de las autoridades ministeriales.
Además, la publicación destacó que los bienes sujetos a extinción de dominio no se limitan a dinero en efectivo, sino que también incluyen propiedades inmuebles, vehículos y otros activos que podrían haber sido utilizados para facilitar actividades delictivas. La complejidad de estos casos radica en la necesidad de demostrar la conexión entre los bienes y las actividades ilícitas, un proceso que puede prolongarse durante años en los tribunales.
La recuperación de bienes vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas representa un golpe significativo para las finanzas de las organizaciones criminales. Los errores en los señalamientos o en la actuación de los ministerios públicos pueden resultar en la pérdida de casos clave, lo que subraya la importancia de fortalecer las capacidades institucionales en esta área.
En el caso de Baja California, una región históricamente afectada por la presencia del crimen organizado, los juicios de extinción de dominio representan una oportunidad para debilitar las estructuras financieras de los cárteles y otros grupos delictivos. No obstante, el camino hacia la recuperación de estos recursos sigue siendo complejo.
