A dos semanas de arranque de las campañas que culminarán con la primera elección popular han surgido algunas denuncias contra varios candidatos, quienes son señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, negligencia en sus funciones previas y casos de violencia de género.
Organizaciones civiles han identificado a al menos 13 aspirantes con antecedentes cuestionables, lo que ha generado preocupación sobre los riesgos de este nuevo modelo de elección judicial.
Algunos han advertido que esta medida podría comprometer la independencia judicial y facilitar la infiltración de intereses ilícitos en el sistema de justicia.
Organizaciones civiles y colectivos feministas han alzado la voz para exigir mayor rigor en la selección de los candidatos.
Más de 20 agrupaciones se han sumado a las protestas contra aspirantes como Nicollino Cangiamilla, advirtiendo que no permitirán que personas con antecedentes cuestionables accedan a cargos de alta responsabilidad en el sistema judicial.
De acuerdo con el grupo Defensorxs, que ha documentado estas irregularidades en su plataforma “Justicia en la mira”, entre los candidatos señalados destaca una candidata que fue parte del equipo de defensa del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.
La ahora aspirante a jueza penal local en el estado de Chihuahua, habría actuado como enlace directo entre el capo y su equipo legal en 2016, revisando amparos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica.
Otro caso relevante es el de un candidato a juez penal federal en el estado de Michoacán, quien enfrenta acusaciones de haber colaborado con grupos criminales durante su gestión como fiscal entre 2020 y 2022.
Según detalló EFE, “el fiscal del terror”, también ha sido señalado por su posible implicación en los asesinatos de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, ocurridos en 2022.
La controversia se intensificó esta semana con el caso de un candidato a magistrado en el estado de Sonora, quien ha sido acusado por el colectivo feminista Ni Una Más Hermosillo de negligencia durante su gestión como director del sistema penitenciario local.
Según las denuncias, este aspirante estuvo al frente de las cárceles de Sonora hasta 2024, cuando ocurrió la muerte de Paula Josette, una joven de 23 años que falleció en circunstancias irregulares durante una visita conyugal en un penal.
El colectivo denunció que la muerte de Paula Josette, inicialmente atribuida a un infarto, presentó indicios de violencia según un peritaje posterior, lo que llevó a la detención de ocho exfuncionarios penitenciarios.
Briseida Arizona Velarde, madre de la víctima, criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya permitido la candidatura pese a su historial. “Es una burla. Muchos candidatos incumplen requisitos mínimos del perfil al puesto que aspiran”.
En respuesta a las acusaciones, el candidato presentó una denuncia ante el INE contra el colectivo Ni Una Más Hermosillo, exigiendo que se identifique a las activistas que lo han señalado públicamente.
Una integrante del colectivo, que prefirió mantenerse en el anonimato, denunció que una de sus compañeras fue hostigada mediante documentos oficiales enviados a su domicilio, en los que se solicitaban nombres y direcciones de las feministas involucradas.
“No deberían perseguir a activistas que buscan un cambio, sino a delincuentes que incumplieron sus responsabilidades”, afirmó la activista.
Reacciones y contexto político de las campañas a jueces y magistrados federales
La elección del 1 de junio, que permitirá a casi 100 millones de mexicanos votar por 881 cargos federales, incluyendo jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, es resultado de una reforma constitucional promulgada en septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Esta reforma busca democratizar el sistema judicial al someterlo al voto popular, pero ha generado críticas por los riesgos de injerencia del crimen organizado y del poder ejecutivo en la impartición de justicia.
La actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el proceso al inicio de las campañas el pasado 30 de marzo, asegurando que “México será el país más democrático del mundo” al permitir que los ciudadanos elijan a los representantes de los tres poderes.
