Al 13 de abril de 2025 la cifra de personas desaparecidas y no localizadas llegó a 127,073, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), una cifra que, alarmante por sí misma, refleja una crisis que no deja de agravarse, por lo que el Diálogo Nacional por la Paz, una iniciativa que reúne a la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Compañía de Jesús en México y la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México (CIRM), intensificó sus esfuerzos para abordar esta problemática.
El pasado 8 de abril, representantes de este movimiento se reunieron con colectivos de familiares de desaparecidos provenientes de diversos estados, como Baja California, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Ciudad de México, Puebla, Durango y Querétaro, así como con autoridades federales, entre lo que destacaron funcionarios como Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos; Teresa Guadalupe Reyes, comisionada nacional de Búsqueda; y Sara Irene Herrerías, de la Fiscalía General de la República.
Durante el encuentro, los colectivos plantearon una serie de demandas concretas para enfrentar la crisis de desapariciones y, a su vez, expresaron indignación ante lo que consideran una falta de sensibilidad y acción por parte de las autoridades.
Cuáles fueron las demandas
De acuerdo con un comunicado emitido por el Diálogo Nacional por la Paz, publicado en sus redes sociales, se definieron 12 peticiones específicas, entre las que se incluyen la revisión de los perfiles de los funcionarios encargados de atender a las familias, priorizando la empatía y la sensibilidad; el fortalecimiento de las fiscalías estatales para combatir la impunidad; y la mejora de los servicios forenses para identificar los más de 72 mil cuerpos que permanecen en morgues o fosas comunes.
Asimismo, se solicitó la creación de mesas de trabajo federales y estatales para dar seguimiento a las demandas, el reconocimiento legal del trabajo de los colectivos de búsqueda y la aceptación de colaboración internacional en las labores de localización. Otras peticiones incluyeron la implementación de una nueva ley que garantice la seguridad de los colectivos, sancione a funcionarios que obstaculicen la justicia y fomente la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Entre las demandas más específicas, los colectivos pidieron atención especial a la niñez desaparecida, con protocolos diferenciados y campañas de prevención, así como la creación de un registro nacional de fosas comunes. También se destacó la necesidad de investigar casos emblemáticos, como el del Rancho Izaguirre, y de romper las presuntas alianzas entre gobernantes y el crimen organizado.
Cuál fue la respuesta del Gobierno
En un tercer momento de la reunión, la secretaria Rosa Icela Rodríguez reconoció la gravedad de la situación y aseguró que este encuentro “es el inicio de un proceso para atender las demandas planteadas”. Según informó el Diálogo Nacional por la Paz, Rodríguez Velázquez instó a los funcionarios a actuar con sensibilidad y propuso la creación de mesas de diálogo entre autoridades y colectivos.
Además, durante la reunión se presentó una postura respecto a la reforma de la Ley General sobre Desapariciones, que fue enviada al Senado el 31 de marzo de 2025, en el cual se subrayó la necesidad de fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, asignar un presupuesto adicional, incorporar las recomendaciones de la ONU y reconocer la labor de las familias y colectivos de búsqueda.
Posterior a la reunión, en su cuenta de X, Velázquez publicó el mensaje: ”Juntos construiremos una agenda conjunta que permita evitar la impunidad y acceder a la verdad y la justicia”.
Qué es el Diálogo Nacional por la Paz
De acuerdo con el sitio web oficial, se trata de un movimiento que busca construir condiciones para la paz en México, involucrando a diversos sectores de la sociedad. Según explicó la organización, en su primera etapa, que duró un año y medio, se recopilaron las voces de más de 20 mil personas y mil 600 instituciones a través de diversos foros, lo que permitió la elaboración de una Agenda Nacional de Paz.
En su segunda etapa, actualmente el movimiento se enfoca en implementar acciones a nivel local, estatal y nacional. A nivel local, por ejemplo, se promueven los Conversatorios para la Acción por la Paz, espacios diseñados para fomentar la reflexión y la armonía en comunidades, iglesias y escuelas.
Por otro lado, a nivel estatal, se convocan foros con universidades, sectores empresariales y gobiernos locales para desarrollar agendas de paz adaptadas a cada contexto, y finalmente, a nivel nacional, se busca organizar encuentros con candidatos políticos para debatir sobre políticas públicas orientadas a la paz.
