El Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Eduardo Garibay Alarcón, ordenó revocar el contrato de cesión del terreno que una mujer se vio obligada a entregar a una comunidad del municipio chiapaneco Chilón.
La entrega de la propiedad fue a cambio de la liberación de sus hijos, acusados por los habitantes de la Ranchería de Campo Bolontina de haber robado un centro de salud de la comunidad.
Si bien los hechos ocurrieron bajo los “usos y costumbres” de la comunidad respaldados en la Constitución, durante todo el proceso hubo una serie de irregularidades que convirtieron el pago de un robo en una serie de violaciones y omisiones en los derechos contra una mujer que nada tuvo que ver con el crimen.
Los hechos ocurrieron a mediados del 2019, hace casi seis años, mientras que la revocación del juez sucedió a principios de 2020, de la cual Infobae México tiene una copia.
De robo a despojo
De acuerdo con la sentencia del juicio de amparo 1122/2019 2-A, los hechos ocurrieron en la Ranchería de Campo Bolontina, perteneciente al municipio de Chilón, Chiapas, alrededor de las 23:00 horas del 4 de julio de 2019, cuando dos personas ingresaron a robar a la Casa de Salud de la comunidad.
Los dos supuestos ladrones –ambos hermanos– sustrajeron de la clínica una computadora de escritorio marca HP, una laptop Toshiba, una impresora, un cañón proyector, un espejo y varios medicamentos.
Ambos fueron sorprendidos en flagrancia por los pobladores del lugar, quienes los retuvieron. A uno de ellos lo mandaron a la cárcel comunitaria, mientras que al segundo –por ser menor de edad– solo fue resguardado por los pobladores.
Al enterarse de los hechos, elementos de la policía municipal intentaron llevarse a los hermanos, pero los pobladores no lo permitieron asegurándose que ellos resolverían la situación.
“No es factible ingresar a la comunidad ya que los habitantes se encuentran agresivos portando machetes y palos para resguardar a los retenidos [...] que quieren dar solución bajo sus usos y costumbres”, se lee en un oficio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chilón.
Como bien lo menciona el documento oficial, en Chilón predomina la etnia tzeltal por lo que se le permite regirse bajo sus usos y costumbres.
La única forma en la que ambos presuntos ladrones fueran liberados por los pobladores era que pagaran el valor de lo robado, más una multa. Sin embargo, la situación económica de los hermanos, más el valor ridículamente alto de lo solicitado, no lo permitía.
Durante todo el tiempo que estuvieron retenidos, ambos fueron violentados físicamente por los pobladores. Uno de los tíos de los supuestos ladrones fue testigo de las agresiones: “vimos que mi sobrino se encontraba llorando y fue que nos dimos cuenta que estaba todo golpeado y se veía sangre en el cuerpo y en la parte de su cara”.
No fue hasta el 12 de julio –ocho días después– que se realizó el pago y los hermanos fueron liberados. Sin embargo, no fue en efectivo, sino en especie: la madre de los supuestos ladrones cedió un terreno que poseía.
Curiosamente, el terreno de la madre de los retenidos no terminó en manos de la comunidad del Chilón, sino a nombre de un Agente Auxiliar Municipal.
Todas las irregularidades del caso
Tras lo sucedido, la madre de los retenidos presentó un amparo que fue resuelto por el Juez Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Eduardo Garibay Alarcón.
El juez del caso aseguró que si bien la actuación de los pobladores “tendría regularidad constitucional” por haberse realizado bajo el término de usos y costumbres, lo cierto es que “la justicia indígena también tiene límites” como, por ejemplo, respetar los derechos humanos.
Así el juzgador detectó una serie de omisiones en el caso que afectaron los derechos de la madre. La primera, la más clara: obligaron a la mujer a pagar por un supuesto crimen que ella no cometió.
La celebración del contrato de cesión del terreno “era para responder por una acción delictiva que no le es atribuida a ella”, se lee en la sentencia y agrega: “se le obligó a desprenderse del derecho que ejercía sobre la parcela sin existir una razón suficientemente válida”.
Además, la cantidad –la cual es censurada en la sentencia– que exigían a los hermanos retenidos a cambio de su liberación era, según el juez, “excesivamente alta, para el tipo de bienes sustraídos, aun cuando se diga que incluye la multa prevista”.
La sentencia también señala que la madre de los supuestos ladrones se vio obligada a entregar su terreno como pago porque se encontraba en peligro la vida de sus hijos, debido a la violencia con la que habían sido tratados desde su retención.
El juez también señaló que la relación asimétrica de poder durante lo ocurrido obliga a realizar un análisis con mayor amplitud, ya que se trata de una mujer, indígena, viuda, de escasos recursos y escolaridad que, sumado al contexto donde vive, puede llegar a ser discriminada al punto de ser invisibilizada.
“Se trata de una reacción producida por la relación asimétrica de poder, entre quien se encontraba en un alto grado de vulnerabilidad, por la emergencia de proteger la integridad y vida de sus hijos, y los que se decían ofendidos, protegidos por el antecedente de robo que sirvió para hacer exigencias desmedidas, bajo el pretexto de corresponder a los usos y costumbres de la comunidad”, señaló el juzgador.
Sin mencionar que el terreno quedó en beneficio del Agente Auxiliar Municipal. Una clara irregularidad.
Fue así que el juez ordenó dejar sin efecto el contrato de cesión del terreno y que se le dé protección a la mujer para que los miembros de la comunidad no emprendan acciones contra ella o su patrimonio.
Esto no quiere decir que el delito de sus hijos quede impune, pues también se ordenó que el Agente Auxiliar Municipal establezca un diálogo con los acusados y la comunidad para alcanzar un acuerdo sobre la restitución del valor de los bienes robados sin que se afecte a la madre de los señalados.
