La iniciativa impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre implementar de manera obligatoria el registro de datos biométricos como parte de la Clave Única de Registro de Población (CURP), podría significar graves amenazas a la privacidad, la seguridad y la no discriminación en el ejercicio de derechos humanos, aseguró este martes la Organización No Gubernamental Red de Defensa de los Derechos Digitales R3D.
A través de un escrito en su página web, señaló que esta iniciativa, que se da en el marco de las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de Desaparición Forzada, vulnera a la población y su privacidad ya que estos datos estarían en poder de la Secretaría de Gobernación, lo que construiría una base de datos biométricos centralizada, masiva y obligatoria.
“Por sus características, esta base representa graves riesgos para la privacidad, la seguridad y los derechos humanos de las más de 130 millones de personas que habitan o visitan el país" aseguró la ONG, señalando que por ser una base centralizada y masiva, se producen incentivos para ser vulnerada a través de ataques informáticos u otros métodos.
“Además, al ser obligatoria, se impide que las personas puedan ejercer su derecho a la autodeterminación informativa y hace inescapables las consecuencias de una vulneración".
R3D aseguró que las iniciativas pretenden que las personas tengan que identificarse con este documento para cualquier trámite, ya sea público o privado, así como para cualquier prestación de servicio, tanto en línea como físicamente. Aseguran que aunque las iniciativas establecen que se solicitará la “autorización” de las personas para recolectar estos datos, no se podrán negar ya que será exigido para cualquier actividad que requiera identificación.
“Al obligar a las personas a utilizar exclusivamente la CURP como documento de identidad y al exigir que todo ente público y particular requiera la CURP para cualquier trámite y servicio, las personas se verán condicionadas a “autorizar” o “consentir” el tratamiento de sus datos biométricos bajo coerción para el ejercicio de derechos, lo cual vulnera el principio de consentimiento".
También resalta la R3D que condicionar el acceso a servicios públicos y privados a la identificación o autenticación biométrica de las personas conllevará a graves riesgos de discriminación y exclusión, con efectos potencialmente catastróficos para el ejercicio de derechos humanos.
“A pesar de que la plataforma ha sido anunciada como una medida para la búsqueda de personas desaparecidas, el sistema masivo de bases de datos centralizadas permite que sean aprovechadas para otros fines”.
De momento, las reformas impulsadas por el gobierno federal fueron pausadas por la propia Sheinbaum debido a que indicó que primero se escuchará la opinión de grupos de familias y colectivos de Madres Buscadoras, quien en otras ocasiones también se han mostrado en contra de estas medidas, no sólo porque las creen invasivas, sino porque consideran que esto puede ayudar a los casos nuevos, pero no aporta más a los casos de larga data.
“Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales hacemos un llamado a la responsabilidad, a la sensatez y al diálogo, que tenga en el centro a las víctimas y no a los intereses políticos y privados de quiénes controlan el aparato de seguridad e inteligencia en México”.
