Durante una mesa de diálogo realizada este martes, colectivos de madres buscadoras de distintas partes del país, con el acompañamiento de la Iglesia Católica, exigieron a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la destitución inmediata de Teresa Reyes, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), quien se encontraba presente durante el encuentro.
La exigencia se dio en un contexto de creciente inconformidad por la falta de resultados y el abandono institucional que, según los colectivos, ha marcado la gestión de Reyes al frente de la CNB. “No confiamos en ella, su permanencia en el cargo representa una burla a nuestra lucha”, expresaron algunas de las madres presentes.
A esta demanda se sumó un fuerte reclamo a Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a quien le pidieron que renuncie si no está dispuesta a participar activamente en las mesas de diálogo con los colectivos. “Si no va a venir, si no piensa escucharnos, entonces que se haga a un lado”, señalaron representantes de los estados de Morelos, Guanajuato, Baja California y Ciudad de México.
El reclamo principal de los colectivos no solo se centró en la remoción de funcionarios, sino en que se inicien investigaciones penales en contra de aquellos servidores públicos que han actuado de forma omisa o corrupta. “Una sanción administrativa o un despido no es suficiente”, advirtieron Edith Hernández, vocera de colectivos de búsqueda en Morelos, y Jaqueline Palmeros, del colectivo “Una luz en el camino” de la CDMX. “Deben devolvernos la dignidad que nos han robado”, enfatizaron.
Durante el encuentro, el padre jesuita Jorge Atilano, coordinador del Diálogo Nacional por la Paz, dio lectura a un pliego petitorio que resume las exigencias compartidas por los colectivos participantes. Entre ellas se destaca el fortalecimiento de las fiscalías estatales y de los servicios forenses para agilizar la identificación de cuerpos, así como la creación de mesas de trabajo tanto a nivel federal como estatal.
Además, los colectivos demandaron el reconocimiento legal de su labor como defensores de derechos humanos, con el fin de que puedan acceder a mecanismos de protección federal ante los constantes riesgos que enfrentan en su búsqueda de personas desaparecidas.
