Las fichas de búsqueda de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez Valdez, dos hombres que han sido identificados como escoltas de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, han sido clasificadas como confidenciales, luego de que ambos desaparecieron el 25 de julio de 2024.
Ese día, según la versión del propio líder cofundador del Cártel de Sinaloa, participaron en una reunión convocada en el rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, donde presuntamente ocurrió el secuestro del veterano capo, orquestado por uno de Los Chapitos, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que las fichas están “reservadas por razones de seguridad”. La ficha de Chaidez Valdez, de 58 años, fue clasificada como confidencial por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mientras que la de Heras López, comandante en activo de la Policía de Investigación, quedó bajo reserva de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
De acuerdo con el propio RNPDNO, las autoridades pueden restringir este tipo de expedientes si así lo solicitan los denunciantes o si consideran que existe riesgo para la integridad de los involucrados.
“El carácter confidencial se le asigna a un registro a petición específica de la persona que hace el reporte de desaparición o cuando una autoridad primaria así lo considera pertinente por razones de seguridad. Si usted es la persona reportante y tiene dudas al respecto, favor de comunicarse con la autoridad con quien hizo el reporte de desaparición”, se lee en el anuncio.
La participación de ambos agentes como parte del equipo de seguridad de Zambada García fue divulgada por su abogado Frank Pérez a través de una carta fechada el 10 de agosto de 2024.
En dicho texto, el capo relató que asistió a una reunión convocada por Joaquín Guzmán López, donde también estarían presentes el exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y, presuntamente, el gobernador de Sinaloa. Según la misiva, Heras y Chaidez ingresaron con él al predio, mientras que dos escoltas adicionales se quedaron fuera del recinto.
Contradicciones
La desaparición de Heras y Chaidez fue denunciada por sus familiares días después del encuentro en Huertos del Pedregal. En el caso de Heras López, su familia reportó la desaparición el 28 de julio, indicando que se encontraba en su período vacacional y que tenía previsto visitar a sus padres en Culiacancito, localidad cercana al lugar de la reunión.
La Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación y emitió fichas de búsqueda, aunque días después la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso.
El fiscal especializado en desapariciones forzadas, José Luis Leyva Rochín, confirmó que las denuncias fueron recibidas y que la atracción federal se dio tras detectarse presuntas irregularidades en la indagatoria del asesinato de Cuén Ojeda. Esa investigación, según concluyó posteriormente la FGR, fue manipulada para presentar el crimen como un intento de robo en una gasolinera. El señalamiento derivó en la renuncia de la entonces fiscal estatal, Sara Bruna Quiñónez Estrada.
Pese a que las fichas están clasificadas, la FGR difundió en agosto una versión pública de la búsqueda de Rodolfo Chaidez, incluyendo una fotografía del exagente, quien había abandonado su cargo en la Policía de Investigación hace más de dos décadas.
En contraste, no existe registro público de la ficha de José Rosario Heras, a pesar de que su situación laboral fue confirmada por la propia fiscalía estatal: se encontraba activo, adscrito al área de órdenes de aprehensión.
Por otro lado, aún no hay información oficial sobre el paradero de los otros dos escoltas que, según Zambada, permanecieron fuera del perímetro de Huertos del Pedregal. Según Ríodoce, una de sus fuentes afirmó que uno de ellos podría ser Jesús Peña González, alias El 20, exlíder del grupo armado Los Ántrax y prófugo desde 2017.
¿Qué ha pasado con El Mayo Zambada?
Mientras continúa su proceso judicial en Nueva York, “El Mayo” Zambada permanece bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, enfrentando 17 cargos relacionados con crimen organizado, tráfico de drogas, lavado de dinero y portación de armas.
Su defensa legal ha centrado los esfuerzos en negociar un acuerdo de culpabilidad que permita evitar la pena de muerte, aún contemplada por la fiscalía. El objetivo de su equipo es que Zambada se declare culpable solo de una fracción de los delitos imputados, descartando cualquier posibilidad de repatriación a México, según reveló recientemente el abogado a Milenio.
La defensa considera improbable que el acusado pueda obtener una absolución en juicio. La posibilidad de un juicio aún se mantiene abierta, pero la defensa busca cerrar un acuerdo antes de esa etapa procesal. La próxima audiencia fue aplazada para el 16 de junio de 2025, por decisión del juez Brian Cogan.
El gobierno mexicano, por su parte, ha presentado cuatro solicitudes formales de extradición, según lo confirmó el fiscal general Alejandro Gertz. Dichas peticiones fueron dirigidas al gobierno del expresidente Joe Biden, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.
La Cancillería mexicana informó que atendió en tiempo y forma una solicitud de asistencia consular enviada por el propio Zambada el 20 de febrero pasado, en la que advertía que podría ser condenado a muerte si México no intervenía. Aunque el tratado de extradición entre ambos países excluye esta pena, la situación se complica debido a que el detenido fue capturado directamente en territorio estadounidense.
