La empresa SEGMEX, desmantelada en marzo de 2016 por operar como fachada del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue el primer caso documentado de una táctica que con los años se ha consolidado como uno de los métodos más sistemáticos de reclutamiento criminal en México: la captación de personas mediante ofertas de trabajo falsas, su traslado a centros de adiestramiento y, en muchos casos, su sometimiento bajo amenazas o secuestro.
La reciente localización de un campo de entrenamiento y exterminio en el Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, reveló que el CJNG no abandonó esta estrategia, sino que la ha sofisticado.
El hallazgo, realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el pasado 5 de marzo de 2025, evidenció que, casi una década después del caso SEGMEX, la estructura operativa del cártel en torno al reclutamiento forzado permanece activa, aunque con nuevas formas de ocultamiento.
SEGMEX: la fachada que marcó el inicio
En marzo de 2016, la Fiscalía General del Estado de Jalisco anunció la detención de 13 personas vinculadas con una supuesta empresa de seguridad privada llamada SEGMEX, la cual ofrecía empleos de escolta y guardia por un salario inicial de 3 mil pesos semanales. Las contrataciones, según las autoridades, se dirigían especialmente a exmilitares y expolicías, a quienes se les prometía una paga mayor.
Según el entonces fiscal general Jesús Eduardo Almaguer Ramírez, la empresa operaba en Tlaquepaque, Puerto Vallarta y otras localidades, y era en realidad una “tapadera del CJNG” para reclutar sicarios y distribuidores de droga.
El cártel repartía volantes en la vía pública, contactaba a los aspirantes por teléfono y los citaba en fincas privadas, donde eran trasladados para recibir un entrenamiento intensivo de hasta diez días en el uso de armas de fuego.
En ese entonces se detuvo a Johanna Mary Hernández, ciudadana estadounidense de 28 años, identificada como encargada del reclutamiento. Junto a ella fueron capturados otros 12 operadores vinculados a una célula bajo las órdenes de Gonzalo Mendoza Gaytán, sujeto apodado “El Sapo”, el mismo personaje al que actualmente relacionan con el Rancho Izaguirre y que también es mencionado cuando se habla del ataque a militares ocurrido el 13 de mayo de 2014 en Guachinango, donde murieron cuatro elementos del Ejército Mexicano.
Las investigaciones a la empresa de seguridad privada de SEGMEX se iniciaron tras la denuncia de un secuestro: un hombre que se había negado a colaborar con el cártel fue privado de la libertad y sus familiares recibieron una exigencia de un millón de pesos a cambio de su liberación. Esta denuncia permitió a la fiscalía realizar cateos en Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, donde fueron arrestados los implicados y rescatada la víctima.
El caso Teuchitlán: una misma lógica operativa nueve años después
El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un terreno en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde se hallaron restos humanos, más de 400 prendas de vestir, estructuras para entrenamiento paramilitar y crematorios clandestinos. Las características del sitio revelaban una combinación de campo de exterminio y centro de adiestramiento, hasta entonces sin precedentes documentados con ese nivel de evidencia en el estado.
El 24 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la detención de José Gregorio “N”, alias “El Comandante Lastra”, presunto integrante del CJNG vinculado al lugar. Según la información oficial, Lastra participaba en la coordinación del reclutamiento forzado y supervisaba actividades dentro del rancho.
Testimonios recogidos por medios locales y por el propio colectivo afirman que en el sitio había tanto víctimas captadas mediante engaños laborales, una dinámica que remite directamente al patrón identificado en el caso SEGMEX, aunque en este caso ya no sólo se limitaba a ofrecer puestos de seguridad, además de que aprendieron a valerse de otros medios como las redes sociales.
Las coincidencias
El paralelismo entre los casos de SEGMEX y Rancho Izaguirre es evidente en tres niveles:
- Promesas laborales como anzuelo: en ambos casos se utilizó la oferta de empleos bien remunerados como mecanismo de captación, centrado en jóvenes, desempleados y personas con experiencia militar o policial. Actualmente, se ha sumado también a las mujeres.
- Traslado a centros de adiestramiento: tanto en 2016 como en 2025, las víctimas fueron llevadas a propiedades controladas por el CJNG, donde se les entrenaba en tácticas de combate y manejo de armas.
- Amenazas y secuestro: en los dos escenarios se documentaron casos en los que quienes intentaban retirarse o negarse eran privados de su libertad y sus familias eran extorsionadas.
De acuerdo con el profesor Jorge Ramírez, investigador de la Universidad de Guadalajara, este modelo de captación fue replicado desde 2016 en distintas zonas de Jalisco, incluyendo Tala, Tapalpa, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. Ramírez indica que el CJNG diseñó esta red ante su rápida expansión y la necesidad de incorporar nuevos miembros con entrenamiento básico o avanzado en combate.
“La amenaza hacia la familia es el punto clave para incorporarlos. Muchos no tienen opción”, explicó Ramírez en una entrevista recién publicada en InSight Crime. Añadió que el uso de empleos falsos en seguridad privada permitió al CJNG identificar perfiles con predisposición al uso de la violencia.
Casos posteriores al de SEGMEX confirman la persistencia del esquema. En 2019, un sobreviviente relató cómo fue engañado con una oferta de trabajo en Villahermosa, Tabasco, que prometía un sueldo de 3 mil 500 pesos semanales. En 2024, se reportaron al menos 30 desapariciones en San Pedro Tlaquepaque tras entrevistas de trabajo presuntamente fraudulentas.
La existencia del campo de Teuchitlán y su conexión operativa con tácticas ya identificadas profundiza el impacto de una crisis prolongada. México suma más de 110 mil personas desaparecidas, y Jalisco concentra cifras especialmente graves. Solo entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, se han localizado 186 fosas clandestinas en el estado, con al menos 2 mil restos humanos, y el registro oficial incluye a 11 mil 688 personas desaparecidas.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado fallas en operativos anteriores realizados en el Rancho Izaguirre, donde seis meses antes se detuvo a diez personas acusadas de secuestro sin que se detectaran restos humanos ni crematorios en ese momento. La nueva evidencia forense cuestiona la efectividad de esas inspecciones y coloca al sitio como pieza clave en la estructura operativa del CJNG.
Aunque SEGMEX fue desmantelada en 2016, su modelo no fue desmontado. Las detenciones no desactivaron la estrategia; al contrario, fue asimilada y transformada dentro del engranaje criminal del CJNG.
