En el escudo de armas del municipio de Teuchitlán, Jalisco, aparece duplicada la figura de Ehécatl, deidad mesoamericana del viento, para representar a los elementos opuestos del agua y la sequía. Para las culturas prehispánicas, la dualidad era uno de los pilares que permitía entender la estructura del universo.
Si trasladamos esta visión al contexto actual, es posible ubicar varias duplas de conceptos, antagónicos y complementarios entre sí, que exhiben a Teuchitlán como un retrato más de la violencia que impera en México.
Por un lado, la voluntad está reflejada en las decenas de familias que han acudido al rancho Izaguirre, ubicado a un costado de la localidad de La Estanzuela, para buscar indicios que les ayuden a saber si sus seres queridos estuvieron ahí. En contraste, la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General de la República (FGR) fueron notorias por su desinterés durante un recorrido que dejó más dudas que certezas.
La tarde del 20 de marzo, el rancho Izaguirre —un predio que presuntamente estaba bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)— abrió sus puertas para recibir a colectivos de búsqueda y medios de comunicación. Tanto activistas como miembros de la prensa compartían la expectativa de que esta visita fuera un ejercicio de transparencia que arrojara luz sobre los actos que habrían sido cometidos en ese lugar y, principalmente, sobre el posible destino de las víctimas. La realidad fue distinta.
Jornada sin sombra, sin fiscales y sin respuestas
Después de un largo recorrido en autobús desde el centro de Guadalajara, los colectivos de búsqueda trataron de ingresar al rancho para continuar con las labores que habían realizado en semanas recientes, pero la Policía Municipal de Teuchitlán y la Fiscalía estatal habían establecido un perímetro de seguridad a poco más de 800 metros del sitio.
Inicialmente, las autoridades señalaron que el acceso ocurriría de forma controlada y que los asistentes podrían avanzar, por grupos, a bordo de camionetas oficiales. Una primera unidad con familiares de personas desaparecidas partió hacia el rancho, mientras que el resto de activistas y medios de comunicación permanecían a la espera. Minutos más tarde, ante los abrasadores 34 grados Celsius que azotaban la región y luego de recibir la noticia de que algunos comunicadores obtuvieron acceso de manera previa, los colectivos rompieron el cerco de seguridad y se movilizaron, a pie, hasta el predio.
El contingente llegó al portón y encontró un fuerte dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, así como algunos representantes de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco y la Fiscalía estatal. Sin embargo, los marchantes se toparon también con la sorpresa de que los distintos puntos de inspección dentro del rancho habían sido alterados.
Patricia Sotelo, una de las primeras buscadoras que entró al lugar en esta fecha, acusó que el rancho Izaguirre había sido convertido en “un museo”. “Pueden pasar, muchachos, el circo empieza”, sostuvo con indignación ante la prensa al salir del predio.
“El rancho Izaguirre es un asco, un asco del terror. Las evidencias ya están borradas, como madres buscadoras ya no vemos lo mismo. Nosotras como madres buscadoras queríamos entrar a ver ropa, zapatos, los lugares donde supuestamente tuvieron privados de la libertad a los muchachos, pero ahorita ya está acordonado todo, está tapado”, dijo Sotelo en entrevista con Infobae México. “Esto es una burla de nuestro dolor”, sentenció.
Junto con su esposo Porfirio, Patricia busca a su hija Fanny Areli Quezada Sotelo, quien desapareció el 7 de marzo de 2021 luego de visitar a su novio, cuyo paradero también se desconoce. Al igual que decenas de familias, Patricia y Porfirio se han movilizado por la voluntad de saber qué pasó con su hija. La búsqueda en este y otros predios se ha realizado prácticamente a ciegas, con la esperanza de encontrar alguna pista.
Otro de los activistas que manifestó su consternación al ver el estatus del rancho fue Raúl Servín García, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. De acuerdo con su testimonio, los trabajos de búsqueda seguían su curso de manera regular hasta el pasado 14 de marzo, la última vez que había entrado al rancho. Sin embargo, lo expuesto el día 20 fue “una falsedad”.
Servín advirtió que varias de las excavaciones que habían realizado los miembros de los colectivos fueron tapadas la noche anterior a esta visita. Además, decenas de banderines con la leyenda “Evidencia” habían sido retirados sin que ninguna autoridad les informara el motivo.
Durante el recorrido abierto para buscadores y reporteros se informó sobre el hallazgo de una mochila con prendas de ropa, la cual había sido encontrada por el propio Raúl Servín en una jornada de búsqueda anterior.
“Esas prendas yo las vi, no entiendo por qué la Fiscalía o el Instituto de Ciencias Forenses no se lo llevaron. Yo escarbé ahí, esas prendas se quedaron ahí, se las tenían que haber llevado como evidencia, pero desgraciadamente no lo vieron como algo relevante”, expresó Servín García.
Al cruzar la puerta del rancho era posible notar al menos siete construcciones austeras, de las cuales existen más rumores que certezas por las supuestas actividades que se desempeñaban al interior de cada una. La más grande, una bodega con un techo de lámina, es uno de los puntos de mayor interés para los colectivos de búsqueda, ya que las denuncias anónimas han advertido que debajo del adoquín podría haber “un gran hallazgo”.
La movilización de periodistas y familias buscadoras al interior del predio contrastó con la quietud de los agentes de la Fiscalía encargados de resguardar cada área. Ante las preguntas respecto a las condiciones en las que se encontraba el rancho, solamente hubo silencio.
Horas después de que los visitantes fueron desalojados, la Fiscalía jalisciense dio a conocer un video en el que un perito reconoció la existencia de “dos zonas con combustión en superficie”, sin ofrecer más detalles.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco compartió, en la misma fecha, imágenes sobre la extracción de presuntos restos óseos calcinados en diferentes puntos del rancho Izaguirre. Los miembros de esta agrupación esperaban que las excavaciones fueran inspeccionadas por personal de la FGR, pero los pozos ya habían sido “modificados” por los agentes estatales.
Hasta el momento no hay información contundente que permita establecer todos los delitos posiblemente cometidos en este lugar, así como la cantidad de víctimas y el tiempo que estas operaciones se extendieron como parte de un aparente vínculo entre autoridades locales y el crimen organizado.
