El 16 de febrero de 2023, medios de Guerrero informaron sobre la salida de 50 ciudadanos de distintos municipios del estado rumbo a Jalisco, donde recibirían una supuesta capacitación agrícola. La empresa Big Force Academy los había reclutado como parte del programa “Raíces Mexicanas Floreciendo en Estados Unidos”. Su destino final, según se les informó, eran los campos de Orlando, Florida, donde trabajarían con visa temporal H-2A.
Procedentes de municipios como Chilpancingo, Iguala, Ayutla, Ometepec, entre otros, estos jornaleros fueron convocados por autoridades municipales de Chilpancingo, Cocula, Teloloapan, Acapulco y Huitzuco. Les ofrecieron “estancia pagada”, un aprendizaje de medio año, sueldos de hasta ocho mil pesos durante la capacitación y una visa legal de trabajo. La despedida fue formal: se realizó en el comedor de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en presencia de funcionarios, como José Betancourt Villa, coordinador de Cooperación Internacional, cuya oficina firmó el convenio con Big Force Academy.
En su columna Los Reclutados, el periodista Héctor de Mauleón expone que la gestora de esta relación fue la alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López, “involucrada, por cierto, en la desaparición hace tres años de dos marinos que indebidamente fueron enviados como escoltas del entonces senador morenista José Narro”. Según Betancourt Villa, durante una visita a Florida, López constató “las buenas condiciones de trabajo que tenían jornaleros agrícolas en Plant City” y buscó replicar el modelo.
En los días siguientes, al menos 100 personas fueron reclutadas en oficinas municipales, con participación de la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de Migración y el consulado de México en Orlando. La mitad de los jornaleros viajaría a Lagos de Moreno, Jalisco, bajo la tutela de Sun Berries S.A. de C.V., y el resto a Medio Sitio, Guanajuato, contratados por Agrisar.
Sin embargo, uno de los jornaleros reveló a la periodista Azucena Uresti que fueron engañados. Su grupo fue llevado sin saberlo a un rancho —presuntamente Izaguirre— donde fueron explotados y privados de su libertad. “Viajamos confiados porque había autoridades involucradas”, dijo. Relató que fueron obligados a firmar contratos por un año y a entregar “cooperaciones” desde el inicio. Dos compañeros que intentaron salir fueron salvajemente golpeados por hombres armados. “Llegó la policía municipal y la Guardia Nacional y los hombres armados se retiraron”, momento en que comprendieron la verdadera naturaleza del lugar.
El rancho Izaguirre, denunciado por el colectivo Guerreros Buscadores, fue señalado como campo de entrenamiento y exterminio, donde la FGR halló osamentas y mil 500 prendas abandonadas.
Las autoridades involucradas han evadido responsabilidades. La entonces alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, dijo que los ayuntamientos solo ayudaron a “cubrir la cuota de trabajadores”. La UAGro afirmó haber actuado “de buena fe” para “dar una alternativa de migración segura”.
A pesar del escándalo, nuevas convocatorias de Big Force se difunden en Guerrero, con apoyo de la UAGro. La FGR debe esclarecer el destino del centenar de jornaleros que partieron hace dos años, concluye De Mauleón. “Existe una lista con sus nombres”, advierte.
