La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció este miércoles durante su conferencia de prensa matutina que la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde se tiene el registro oficial de personas desaparecidas en el país, está desactualizada.
Al ser cuestionada sobre si las iniciativas que anunció el lunes 17 de marzo en materia de desaparición forzada de personas se enviarían a la Cámara de Diputados o de Senadores, la mandataria mexicana indicó que no se ha definido, pero que al tratarse de reformas legales a leyes secundarias sería enviada a la Cámara de Diputados.
“Hay una crítica ahí de que dicen que no hay nada nuevo y que ya está. No, el objetivo es fortalecerlo, porque mucho de lo que está ahí, la propia plataforma no está actualizada y hay muchos problemas relacionados con ello” puntualizó Sheinbaum en su respuesta, explicando además que se busca que las Fiscalías locales contribuyan al esquema.
“El objetivo es que las Fiscalías estatales contribuyan con este esquema, la Fiscalía General de la República y todas las Comisiones de Búsqueda de los estados. Entonces, es fortalecer los mecanismos y nuevos mecanismos que estamos planteando".
México atraviesa una crisis en cuestión de personas desaparecidas, con más de 120 mil documentadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con datos que se remontan a la década de 1960. Sin embargo, grupos de familias buscadoras y organizaciones sin fines de lucro estiman que ese número puede ser más grande.
Desde que se estableció este sistema, muchos de estos sectores sociales señalaron fallas en la estructura del conteo, ya que muchas personas que aún permanecen desaparecidas fueron sacadas del registro, o señaladas como localizadas.
En este contexto, y tras el hallazgo de evidencias de desapariciones en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, la mandataria aseguró que es “prioridad nacional” atender el problema de personas desaparecidas y no localizadas, por lo cual se implementarán seis acciones inmediatas para combatir este delito.
Entre estas acciones están las de fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar su capacidad de atención; buscará reformar la Ley General de Población, para consolidar el CURP como la fuente única de identidad de las personas para generar alertas que faciliten la identificación de indicios de vida de personas reportadas como desaparecidas, así como crear la Base Nacional Única de Información Forense que se alimente con datos de los servicios periciales de las 32 Fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República.
También buscará crear la Plataforma Nacional de Identificación Humana que comunique y actualice la totalidad de registros administrativos y forenses de cualquier autoridad de todo el país, incluido, cuando así se le llame, el registro electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) para cotejo de huellas dactilares, realizar consultas que identifiquen indicios de vida o incluso, a personas fallecidas.
También incorporará protocolos para generar alerta de búsquedas inmediatas y equiparar el delito de desaparición al de secuestro, y homologar tanto penas como procedimientos de investigación del delito de desaparición en todas las Fiscalías estatales y la Fiscalía federal, entre otras.
