La familia que vendió en 2012 una parte de su parcela en el ejido La Estanzuela, donde posteriormente se edificó el Rancho Izaguirre, negó haber sido víctima de coacción o amenazas durante el proceso de compraventa.
En entrevista con Canal Once, los familiares afirmaron que la transacción fue realizada de forma voluntaria y motivada por razones de salud del entonces propietario.
“Es pura mentira lo que están diciendo, el terreno se vendió sin presiones a una señora que quería poner una fábrica para moler pastura”, declaró uno de los familiares del exdueño a la cadena de televisión pública.
La familia dijo sentirse sorprendida por el contenido del reportaje publicado por EMEEQUIS, titulado “Rancho Izaguirre: comprado por la fuerza en 2012, devuelto en las sombras en 2025″, donde se afirma que el terreno fue vendido bajo amenaza por parte de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según la versión de dicho medio, el entonces dueño habría sido obligado a vender su parcela tras recibir amenazas en su domicilio, en presencia de su esposa y su hija menor de edad. Sin embargo, la familia rechaza este relato y sostiene que, en el año de la venta, las hijas del expropietario tenían 35, 31 y 27 años, por lo que ninguna era menor de edad.
“El predio ya no pertenece a mi papá desde 2012. Una hectárea fue vendida a una señora”, declaró una de las hijas del expropietario.
Además, señaló que tienen contacto con las autoridades con motivo de las investigaciones en el sitio tras el hallazgo de restos humanos. “Dimos la documentación para comprobar que mi papá ya no es dueño”, indicó.
La hija de los exdueños expresó su preocupación por su seguridad tras la publicación del reportaje, y pidió respeto hacia sus padres. “Nada más pedirles que respeten a mis papás porque ya son adultos mayores y están enfermos”, señalaron.
Cabe apuntar que, de acuerdo con el reportaje de EMEEQUIS, este medio no habría entrevistado directamente a los exdueños del predio. La versión del supuesto despojo se basa en testimonios anónimos de vecinos y fuentes locales, sin incluir declaraciones de la familia vendedora.
La otra versión
Según el trabajo firmado por Esteban David Rodríguez, la venta del terreno se realizó bajo coacción. De acuerdo con testimonios recogidos por el medio, sujetos ingresaron al domicilio del entonces ejidatario en La Estanzuela. La publicación sostiene que, ante las amenazas, el propietario accedió a ceder el control material del predio, aunque habría conservado los documentos parcelarios.
“Don Genaro no tuvo alternativa, vendió la parcela. Pero le dejaron los papeles. Es decir, conservó el certificado parcelario. Lo que querían los compradores era el control material del predio”, refiere el reportaje. Después se señala que se construyó de inmediato la barda perimetral del ahora llamado Rancho Izaguirre, identificado como un sitio de exterminio por parte del grupo criminal.
Imágenes satelitales analizadas por el Centro de Investigación Interdisciplinaria (CICA) indican que, en 2011, el terreno se encontraba sin edificaciones, pero, para 2012, ya había delimitación perimetral, y en los años siguientes se agregaron construcciones y perforaciones. El campo habría operado como sitio clandestino de exterminio durante más de una década.
El reportaje también señala que, en 2025, el predio reapareció registrado como propiedad privada en el catastro municipal de Teuchitlán, esto sin que se identifique con claridad quién realizó los trámites. EMEEQUIS sugiere que no hubo asamblea ejidal ni procedimientos formales ante Sedatu ni el Registro Agrario Nacional (RAN), pasos necesarios para cambiar el régimen ejidal a dominio pleno.
El terreno sí figura actualmente en el catastro municipal como propiedad privada, y se le ha requerido el pago del impuesto predial. Vecinos entrevistados por el medio afirman que el propio exejidatario se sorprendió al recibir este requerimiento. “Pues decía que no sabía si pagar o no, porque pensó que pagar podría acarrearle problemas”, relató un testigo.
¿Qué hallaron en el predio?
El Rancho Izaguirre ha sido señalado por colectivos de búsqueda como un centro clandestino de exterminio operado por el CJNG. Según la Fiscalía de Jalisco, se han hallado restos humanos y objetos personales en el sitio.
El predio, de 3.3 hectáreas, incluye una hectárea con construcciones y barda perimetral donde se concentraron los hallazgos, mientras el resto permanece cubierto de maleza o en uso agrícola. La zona permaneció activa durante 13 años, en los que operaron cuatro gobiernos federales, cuatro estatales y cinco municipales.
Pese a la magnitud de lo encontrado, persisten dudas sobre el momento exacto en que el predio fue tomado por el grupo criminal, así como sobre las circunstancias reales de su adquisición.
