Colectivos de búsqueda cuestionan plan para atender crisis de desaparecidos: “Refleja desconocimiento”

Colectivos de familiares de personas desaparecidas en México rechazaron las medidas anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar la crisis nacional de desapariciones. En un comunicado dirigido a la mandataria, y firmado por más de 200 organizaciones y personas, expresaron que las propuestas reflejan un “desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación” y que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la inacción y el incumplimiento de las autoridades.

El pronunciamiento se dio a conocer este martes 19 de marzo, tras los anuncios realizados en la víspera por el gobierno federal en respuesta al hallazgo de restos humanos en el Rancho Izaguirre, del municipio de Teuchitlán, descubierto el pasado 5 de marzo por el Colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”.

El hallazgo detonó protestas en varias ciudades del país y motivó un pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), quien exhortó al Estado mexicano a garantizar la protección y el acompañamiento de las familias en su búsqueda de justicia y verdad.

Uno de los principales cuestionamientos fue el anunciado fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Aunque los colectivos valoraron que se revierta la reducción presupuestaria del año pasado, consideraron que el aumento de recursos es insuficiente si no se garantiza un cambio en el perfil de su titular.

“Es positivo que revierta la mala decisión del año pasado, con la que se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional; sin embargo, no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país”.

Agregaron que una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la Comisión Nacional, y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General y en donde se garantice el derecho de las familias a participar en el mismo.

También indicaron: “Seguiremos buscando el decreto que anunció, dado que no lo hemos encontrado”.

Otro punto de crítica se centró en el paquete de reformas legislativas que el Ejecutivo enviará al Congreso. Los colectivos señalaron que la intención de revivir una cédula de identidad, propuesta en el pasado por el expresidente Felipe Calderón, no atiende las causas estructurales de la crisis.

También cuestionaron que las propuestas legales desconocen herramientas ya previstas: “Las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Persona (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran: ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forense (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas. No 3 obstáculo para encontrar”, se lee.

Añadieron que todo lo anterior es parte de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron propuestas construidas desde las familias y las cuales quedaron en la Ley General, sin embargo, acusan que ha faltado voluntad política para llevarlas a cabo.

También rechazaron la creación de nuevos protocolos: “Reiteramos que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Son los operadores del sistema, los Ministerios Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas”.

Aclararon que la Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. “Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda, se lee.

Por otro lado, los colectivos manifestaron su rechazo a la propuesta de equiparar el delito de desaparición con el de secuestro, pues señalan que esto sería un gran retroceso.

“Una de las luchas más grandes que dimos como familias fue que se lograra establecer en la Ley General el delito de desaparición forzada, ya que desde hace mucho tiempo entendimos que la búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro, hacer esta propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación”.

Expusieron que no se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, y dijeron estar preocupados de que las desapariciones queden invisibilizadas, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta, por lo que dijeron “rechazamos enérgicamente la propuesta”.

Sobre la propuesta de generar estadísticas mensuales, dijeron esperar que se consolide esta propuesta, que les permita ver el nivel del trabajo de las fiscalías. No solo como un indicador de cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas logran encontrar, así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez.

“Solicitamos que en ese reporte se sume la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del cual, a la fecha, no hay certeza de que la información que se encuentra en ese registro sea confiable”, precisaron.

También insistieron en fortalecer la atención a víctimas: “Desde enero de 2014, se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la fecha nunca se ha convocado. Al igual que la CNB esperamos que el fortalecimiento institucional de la CEAV no sea solo en aumentar el presupuesto, sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoque a funcionar el Sistema Nacional y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas, no solo una cercanía personal con quienes las designan. Por lo que reiteramos nuestra exigencia para que sean separadas del cargo”.

Las familias también cuestionaron la falta de apertura del gobierno federal para establecer un diálogo real y sostenido sobre la crisis de desapariciones. Señalaron que, al igual que administraciones anteriores, las autoridades no han mostrado un interés serio en consultar a las víctimas ni en garantizar su participación en la definición de políticas públicas.

Reiteraron su disposición a dialogar, siempre que exista voluntad institucional para abordar el problema con seriedad. Además, hicieron un llamado al equipo presidencial a informarse sobre los mecanismos legales e institucionales ya existentes, al advertir que las propuestas actuales “solo exhiben ignorancia en el tema y/o su intención de engañar al pueblo”.

Advirtieron que mientras se mantenga la omisión institucional y la impunidad, la crisis persistirá. “La responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo de ustedes como gobierno”, afirmaron, y señalaron que los obstáculos no están en la legislación, sino en la actuación de los propios funcionarios públicos.

“Mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado Mexicano”, criticaron.

El documento fue firmado por más de 200 personas y colectivos de búsqueda de todo el país, acompañados por organizaciones solidarias, bajo el lema común: “¡Hasta encontrarles!”.