Desde días pasados INFOBAE ha dado cuenta de la proliferación de gaseras clandestinas en diferentes municipios del Estados de México de las cuales se tiene reporte de estar vinculadas a grupos delincuenciales, razón por la cual la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema en la habitual conferencia matutina.
“Se revisa, le pedimos a la ASEA, puede haber gaseras con toda su regulación, pueden existir, pero vamos a ver este caso”, contestó la titular del Poder Ejecutivo al señalar que le pedirá a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) indagar al respecto.
El problema
Cabe decir que actualmente más de 300 gaseras clandestinas operan en los municipios mexiquenses de Chimalhuacán, Los Reyes La Paz, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco y principalmente en Ecatepec, información que ha sido corroborada por los establecimientos que cumplen con todas las normativas estatales y federales, así como las autoridades locales.
Tales instalaciones ilegales son el destino final de combustible robado, redirigido desde el estado de Puebla como parte de una extensa red de tráfico. Es así que denominado “gaschicoleo” ha registrado un crecimiento notable en las mencionadas regiones, especialmente en Ecatepec, donde su expansión ha sido particularmente rápida pese a las acciones implementadas por la munícipe Azucena Cisneros Coss quien procede con el cierre de algunos lugares, pero casi de inmediato surgen “nuevos negocios”.
De igual manera se ha evidenciado que en el asunto ya trascendió, ya que supervisores y delegados de Protección Civil estatal reciben moches de estos negocios ilícitos, que incluso permea a niveles administrativos, por lo que la presidenta municipal ecatepense solicitó la inmediata intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, así como del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para enfrentar el problema.
La situación ha desencadenado una competencia desleal y un golpe económico para aquellas gaseras que si cumplen con las normativas impuestas por el gobierno Federal a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA), la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (SEDUI) y la Secretaría de Movilidad estatal.
Dichas sedes irregulares son literalmente una bomba de tiempo, puesto que al carecer de regulaciones y normativas en estas se pueden desencadenar fugas de gas, incendios o explosiones, que al estar ubicadas frente escuelas, mercados, unidades habitacionales, hospitales o centros de reunión, pueden causar accidentes de gran magnitud y un número considerable de heridos o muertos.
