Citlali, de 17 años de edad, desapareció en capital de San Luis Potosí. Quería ser abogada; estudiaba la secundaria abierta y soñaba con darle una mejor vida a su familia. Desapareció el 14 de enero, cuando salió a la farmacia a comprar una medicina que su padre necesitaba.
En entrevista para Multimedios, la madre de Citlali, Yaneli Rodríguez, narró como horas después de su desaparición su hija se comunicó con ellos, y dijo que un sujeto, del cual en ese momento sólo sabían su apodo, se la había llevado porque estaba enamorado de ella. El sujeto la rondaba, y cuando vio la oportunidad la secuestró.
“El Guero Pachangas”, Francisco Javier Rodriguez Orona, de 52 años de edad, trabajaba en un depósito de cervezas en la misma colonia donde vivía Citlali, y es el principal sospechoso del caso.
Yaneli entregó la fotografía del sujeto a las autoridades, para que lo investigara, exige a la fiscalía encontrarla, y recientemente, tras el hallazgo fosas ilegales cercanas al municipio de Cerritos, lugar donde la menor dijo que la habían llevado.
“Yo sólo quiero saber donde está, aunque esté muerta, al menos tendré donde llorarle” indicó la madre, que ahora se ha vuelto Madre Buscadora.
San Luis Potosí, estado de fosas
En febrero de 2025, un hallazgo alarmante sacudió a Rioverde en la comunidad de Agua Dulce: un campamento supuestamente utilizado por el crimen organizado, donde los cuerpos eran disueltos y enterrados en fosas clandestinas. Este hecho se suma a una serie de descubrimientos en San Luis Potosí, donde los colectivos de búsqueda denuncian la magnitud del problema y la falta de recursos para investigar. Como expresó una madre buscadora: “Sabemos que hay más fosas. No las encontramos porque no tenemos los recursos suficientes para buscarlas, no porque no existan”.
Hasta 2018, según informes de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), se habían identificado 70 fosas clandestinas en el estado, de las cuales nueve no incluían un municipio registrado. Entre las localidades con mayores hallazgos destaca el ejido Matanzas, en el municipio de Moctezuma, donde se encontraron 25 fosas con restos humanos. Otros municipios afectados son Ciudad Fernández, Tamuín, El Naranjo, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez, Huehuetlán, Coxcatlán, Venado, entre otros.
Desde 2024, los descubrimientos han aumentado de manera significativa. En los primeros meses de ese año, la Fiscalía y la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas detectaron al menos once nuevas fosas en diferentes puntos de San Luis Potosí. Sin embargo, la Fiscalía emitió un acuerdo de reserva sobre esta información, argumentando que su publicación podría comprometer las investigaciones en curso. Esta medida fue cuestionada por colectivos de búsqueda, para quienes representa un intento de ocultar la dimensión del problema al privar a las familias del derecho a la verdad.
A pesar de la reserva de información, colectivos como Voz y Dignidad por los Nuestros siguieron realizando búsquedas y registrando descubrimientos. En noviembre y diciembre de 2024, este colectivo reportó dos fosas en Villa de Reyes y Villa de Arista, con fragmentos humanos que podrían pertenecer a más de 50 víctimas calcinadas. Además, en el transcurso de ese año, documentaron al menos 25 fosas adicionales en municipios como Cárdenas, Rayón, San Ciro de Acosta, Ciudad del Maíz, Tamasopo y Ciudad Valles, entre otros en la región de la Zona Media y la Huasteca.
El trabajo de exhumación continúa en algunos de estos puntos. El 4 de enero de 2025, el colectivo informó sobre labores en una fosa clandestina localizada en diciembre de 2024 en Ciudad Valles, reflejando un problema que parece extenderse sin solución. La magnitud de los hallazgos no solo resalta la gravedad de la situación en San Luis Potosí, sino también la insuficiencia de recursos y apoyo disponibles para las familias y los colectivos que enfrentan esta crisis humanitaria por su cuenta.
