La promulgación de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial dividió opiniones sobre su relevancia en impacto en el sistema de impartición de justicia. Al respecto, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien es presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reconoció que una reforma era inminente y presenta una posibilidad de mejorar y enfrentar los nuevos retos que demanda la sociedad en materia de justicia.
En entrevista con Infobae México, la magistrada en funciones reconoció que el sistema heredado por la penúltima reforma en materia del Poder Judicial, realizada durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo, refleja ser insuficiente en situaciones como la acumulación de carpetas de investigación sin resolver por conductas como la corrupción e impunidad, así como la necesidad de algunas personas de pagar para ver avances en sus casos o, en situaciones extremas, la justicia por propia mano. A lo largo de su trayectoria como abogada y miembro del Poder Judicial, ha observado cómo estas problemáticas persisten, afectando tanto a las víctimas como al sistema en su conjunto.
“El actual modelo de justicia no ha funcionado del todo como debería ser (...) sabemos que el derecho es un producto de la historia, me refiero a las normas jurídicas. Esta reforma constitucional deriva o es resultado de grandes movimientos sociales y políticos de la historia de México, lo que vimos en los últimos años que, definitivamente, desembocó en esta reforma. Era irremediable que se diera", destacó.
El 5 de diciembre de 1994, cuatro días después de haber ocupado el cargo de presidente, Ernesto Zedillo presentó una reforma en materia judicial. El proyecto modificó 27 de los 136 artículos y, entre sus modificaciones más sustanciales, redujo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 26 a 11, estableció que su periodo de encargo duraría 15 años. Por otro lado, impulsó la creación de la carrera judicial.
En el caso de la reforma de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), entre otras medidas, contempló la reducción a nueve ministras y ministros de la SCJN que estarán en el cargo 12 años, nuevos requisitos a quienes aspiren a los cargos de jueces, magistrados o ministros y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial.
Innovaciones en el proceso de selección
La designación de los cargos en el Poder Judicial de la Federación a través de elecciones fue otro de los aspectos relevantes de la reforma. Al respecto, Mosri Gutiérrez lo consideró como una oportunidad para acercar a la gente con las personas juzgadoras. Al favorecer la transparencia y la exposición pública de los candidatos, permiten a la sociedad conocer mejor a quienes están aspirando a estos puestos cruciales.
“Tenemos que asegurar que lleguen personas que tengan la formación, el perfil y sobre todo, el compromiso en este nuevo momento, el nuevo, digamos, la nueva justicia a partir de esta elección va a ser requerida que salgan personas con integridad, con idoneidad y para eso tenemos que conocer a las personas que van a llegar”, dijo.
El 1 de junio de 2025 se elegirán 881 cargos del Poder Judicial de la Federación. Por ello, debido a la relevancia de los cargos, así como el periodo de encargo que tendrán gran parte de ellos, la magistrada aseguró que “esta es la elección más importante del siglo. No, no es cualquier elección, es la elección”.
Erradicación de la corrupción y perspectiva de género
A lo largo de su trayectoria, Zulema Mosri Gutiérrez ha consolidado una línea de estudio cuyo eje central ha sido la equidad de género en la impartición de justicia. Al respecto, reconoció que uno de los nuevos retos con la reforma es consolidar la transversalidad del enfoque de género en el sistema de justicia mexicano. De esa forma, se podrá avanzar en la consolidación de la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva promulgada por Claudia Sheinbaum Pardo en noviembre de 2024.
“Tenemos que seguir hablando para destruir la violencia de género y construir sistemas más humanos, más dignos, sobre todo de mayor respeto a la dignidad de las personas, a la igualdad de las personas. Entonces es un tema que definitivamente tiene que permanecer en los primeros puntos de la agenda de cualquier institución en el estado mexicano”, expresó.
En materia de combate a la corrupción, la magistrada señaló que la base para su erradicación es que el árbitro de las personas juzgadoras no se entienda como sinónimo de discrecionalidad arbitraria. Para ello, se deben transparentar los procesos y fomentar mecanismos de observación ante la ciudadanía.
“Tenemos que velar por el derecho de acceso a la justicia y que puedan acceder las personas más vulnerables, las mujeres, las personas indígenas, migrantes. Hay protocolos para personas en estos temas de derechos humanos. Tenemos que velar que no sean capturados o captados por otros grupos, que no haya un abuso del derecho“.
Si bien reconoció algunos aspectos positivos dentro del sistema de impartición de justicia hoy en día, la magistrada reconoció el desafío para las personas que ocuparán los 881 cargos que se elegirán este año, principalmente para restaurar la confianza en la institución. Y es que de ello dependerá, en parte, que la reforma garantice la ocupación de aquellos huecos que no se han podido llenar con la dinámica actual.
“Quienes lleguen tendrán un gran desafío, sobre todo recuperar la confianza de las personas, del pueblo, la justicia cotidiana, los temas que tanto interesan a las familias, pero también recuperar la confianza de aquellos que generan inversión y empleo en nuestro país. Entonces, es un desafío muy grande”, expresó.
