Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno federal atraer la investigación sobre el crematorio clandestino localizado en un rancho de Teuchitlán, Jalisco, así como de la fosa clandestina en Reynosa, Tamaulipas, donde se presume que pudieron perder la vida más de 200 personas.
AI destacó la necesidad de asignar recursos a esta investigación así como a dar un trato digno y adecuado a las personas que creen tener algún familiar entre las víctimas del crematorio clandestino.
La organización civil señaló que México es un país donde diariamente desaparecen alrededor de 30 personas, por lo que existe una crisis humanitaria sin una investigación adecuada.
Según Amnistía Internacional (AI), estos hallazgos recientes incluyen cientos de prendas de vestir y zapatos, lo que ha llevado a familiares de desaparecidos a identificar posibles pertenencias de sus seres queridos.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI en México, subrayó la necesidad de que el Estado mexicano esclarezca los hechos y disponga de los recursos necesarios para ello.
Además, pidió que se reconozca la labor de los colectivos de búsqueda, en su mayoría integrados por mujeres, quienes han asumido un rol crucial ante la inacción gubernamental.
“En el marco de esta terrible tragedia, desde Amnistía Internacional instamos al Estado mexicano a que abra el diálogo con las personas buscadoras, que escuche sus necesidades y reconozca su experiencia, adquirida en el trabajo de campo durante tantos años de realizarlo”, expresó Olivares Ferreto.
La activista también señaló que el Estado ha sido “el gran ausente” en la problemática de las desapariciones forzadas, lo que ha obligado a las familias a organizarse para localizar a sus seres queridos.
Personas desaparecidas, una crisis que se agrava desde 2006
Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre el 1 de enero de 1950 y el 10 de marzo de 2025, se han reportado 122.821 personas desaparecidas o no localizadas en México.
AI destacó que este fenómeno ha tenido un crecimiento exponencial desde 2006, año en que inició la llamada “guerra contra el narcotráfico” bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón. Este conflicto marcó un punto de inflexión en la violencia del país, con un aumento significativo en los casos de desapariciones forzadas.
Amnistía Internacional también criticó la estrategia de militarización de la seguridad pública en México, señalando que esta decisión contraviene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La organización ha reiterado que esta política no solo ha sido ineficaz para frenar la violencia, sino que ha contribuido a la perpetuación de violaciones a los derechos humanos.
Un aspecto alarmante que destacó AI es el alto riesgo que enfrentan las mujeres que integran los colectivos de búsqueda.
Entre 2019 y 2024, se registraron 16 asesinatos de personas buscadoras en México, de los cuales 13 fueron mujeres. Este dato proviene del informe ‘Buscar sin Miedo’, elaborado por la misma organización, que documenta los peligros a los que se enfrentan estas defensoras de derechos humanos mientras realizan su labor.
Olivares Ferreto enfatizó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de estas personas y de reconocerlas como defensoras de derechos humanos.
“El Estado no puede eludir su obligación de reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, que llevan a cabo su labor con gran dignidad y debe proporcionarles las garantías para que lo sigan realizando”, afirmó.
