Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, criticó a quienes ofrecieron como parte de la solución modificar leyes y el Código Penal para que no vuelvan a suceder crímenes como el reportado el fin de semana en Teuchitlán, Jalisco, donde se localizó un rancho, donde jóvenes eran privados de su libertad tras se reclutados bajo engaños por un grupo criminal.
El senador de la República se opuso a esta propuesta, pues los delitos que se habrían cometido en el caso del Rancho Izaguirre están tipificados en las leyes vigentes, sin embargo, hay “un problema de ejecución de la ley”.
“Hay quien ahora está diciendo que lo que hace falta es crear nuevos tipos penales y modificar el Código Penal para que esto no vuelva a suceder. Yo me voy a permitir discrepar. No tenemos un problema de falta de leyes. Absolutamente todo lo que se hacía en ese rancho está ya tipificado como delito en el Código Penal y merece muchísimos años de prisión.
Lo que tenemos es un problema de ejecución de la ley, y hay que decirlo con todas sus letras (...), a quien le corresponde ejecutar las leyes, como su nombre lo dice, es al Poder Ejecutivo y por eso nosotros lo que le exigimos al Poder Ejecutivo, al gobierno federal es a que ejecuten la ley”, dijo Anaya a los medios de comunicación.
La declaración del servidor público responde a la ineficacia denunciada por miembros del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes aseguran que la primera ocasión en que las autoridades federales y estatales estuvieron en el Rancho Izaguirre -hace seis meses- no encontraron indicios de lo que quedó registrado el pasado viernes 7 de marzo de 2025. Y pese a la supuesta suspensión del inmueble volvió a operar como un campo de adiestramiento que pertenecería al Cártel Jalisco Nueva Generación.
En tanto, Ricardo Anaya criticó que se haya convocado a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México tras haber alcanzado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para aplazar por un mes la aplicación de aranceles y exentar su aplicación sobre los productos que están contemplados en el tratado de libre comercio, pero sin solucionar los problemas de seguridad.
“Ese es el problema, traemos un gobierno que anda en modo festejo. ¿Pero qué festejan? Que haya ranchos en donde descuartizan personas, ¿Qué festejan? Que a los dueños de las carnicerías, de las tlapalerías, de las ferreterías les cobren derecho de piso”, sentenció.
Por último señaló que la Fiscalía General de la República debería involucrarse en la investigación de los hallazgos, pues el titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, únicamente habló sobre la posibilidad de investigar a los servidores públicos y las omisiones -denunciadas- por el colectivo, lo cual considera es una forma de “lavarse las manos”.
“Miren, la mayoría de los crímenes que se estaban cometiendo en ese lugar, todas y todos lo sabemos, son crímenes del fuero federal. El crimen organizado por definición es una responsabilidad del gobierno federal. Por supuesto que deben trabajar de manera coordinada los tres órdenes de gobierno, que cada orden de gobierno haga lo que le corresponde, pero en materia de crimen organizado el gobierno federal no se puede lavar las manos”, concluyó.
