La polémica muerte de Isabel Miranda de Wallace, activista y fundadora de la asociación “Alto al Secuestro”, el pasado 8 de marzo en el Hospital ABC ha dado un nuevo giro en el entorno mediático. Al menos para el Gobierno de México ―a través del Registro Nacional de Población (RENAPO)―, María Isabel Miranda Torres (nombre real de excandidata panista a la Ciudad de México) ya no es una persona que sea reportada viva.
Este aparente primer reporte oficial de la muerte de “La Señora Wallace” se constató por Infobae México y otros medios de comunicación, a partir de la revisión de su Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual se encuentra digitalizada en la plataforma oficial del RENAPO. Tras una revisión minuciosa del documento, se encontró información que, hasta el momento, logró coincidir con los datos y registros de la activista a favor de las víctimas de secuestro en México.
La nueva aclaración surge en medio de la presunta desaparición de la cuenta oficial de X de la madre de Hugo Alberto Wallace, al igual que las redes oficiales de “Alto al Secuestro”. Ambas muestran mensajes de fallo y que “no se puede recuperar la información” actualmente.
El secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda y la búsqueda de justicia de su madre
Isabel Miranda de Wallace se convirtió en una figura mediática tras denunciar en 2005 el secuestro y presunto asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Desde entonces, impulsó reformas legales en materia de secuestro y fundó la organización “Alto al Secuestro”. Su activismo fue respaldado por autoridades federales durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque el caso ha sido objeto de constantes cuestionamientos por presuntas irregularidades.
Según Miranda, su hijo fue secuestrado el 11 de julio de 2005 en Ciudad de México. A partir de su denuncia, se iniciaron procesos penales contra varias personas; entre ellas, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín y Juana Hilda González Lomelí. Algunos de ellos permanecen en prisión preventiva desde hace más de una década. No obstante, defensores de derechos humanos han denunciado que los acusados fueron víctimas de tortura, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.
Uno de los críticos más visibles del caso ha sido el periodista Ricardo Raphael, quien ha publicado investigaciones en medios como Proceso y La Octava en las que cuestiona la narrativa oficial del secuestro y apunta a la posible fabricación del caso. En entrevistas y libros de su autoría, Raphael ha sostenido que “no existen pruebas concluyentes sobre el crimen ni sobre la existencia del cuerpo de Hugo Alberto Wallace”.
En respuesta, Miranda de Wallace acusó al escritor de calumnias y de revictimizar a su familia. En reiteradas ocasiones, sostuvo que “la verdad estaba en los expedientes judiciales” y ha señalado que las críticas responden a intereses políticos y mediáticos. En 2022, presentó una denuncia penal contra el periodista por presunta violencia digital y daño moral.
Organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional han pedido al Estado mexicano revisar el caso con apego a estándares internacionales. El debate sigue abierto, mientras los juicios continúan y las acusaciones de irregularidades en el sistema de justicia mexicano persisten.
