Han pasado ocho años desde que Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos, donde cumple una condena de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad Florence ADX, en Colorado. Desde entonces, el exlíder del Cártel de Sinaloa ha intentado en varias ocasiones regresar a México, argumentando violaciones a sus derechos humanos.
Ahora, un juzgado federal ha admitido un amparo promovido por su defensa, en el que impugna la negativa del Gobierno mexicano a gestionar su repatriación.
De acuerdo con información de Reforma, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa aceptó analizar el caso luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazara formalmente la solicitud presentada en enero de 2023.
Sin embargo, aunque el tribunal admitió la demanda, negó otorgar una suspensión, lo que significa que, al menos por ahora, el Gobierno mexicano no está obligado a reconsiderar su postura ni a tomar acciones inmediatas en favor del narcotraficante.
Según el medio antes citado, el juicio podría extenderse por más de un año y las posibilidades de éxito para Guzmán Loera son reducidas. No obstante, su defensa sostiene que tiene derecho a ser repatriado con base en el artículo 18 de la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Tratado México-Estados Unidos sobre Ejecución de Sentencias Penales, firmado en 1977.
¿Qué hizo la SRE?
La solicitud de repatriación fue presentada por los abogados de Guzmán Loera el 10 de enero de 2023 ante la Embajada de México en Estados Unidos. La defensa argumentó que su cliente podría beneficiarse del tratado firmado entre ambos países, que permite a reos con sentencia firme y al menos seis meses pendientes de cumplir solicitar su traslado a su país de origen.
Sin embargo, la SRE rechazó la petición y la defensa del narcotraficante presentó el amparo en marzo de 2025 para impugnar esta decisión. En el expediente judicial, la autoridad señalada como responsable es Antonieta del Rosario Osorio Morales, directora de Cooperación Penal Internacional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería.
El tratado internacional establece que la repatriación de reclusos requiere la aprobación de ambos gobiernos, y en el caso de México, también depende del visto bueno del Órgano de Prevención y Reinserción Social, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Esta instancia administra las cárceles federales de las que Guzmán Loera escapó en 2001 y 2015, lo que complica aún más su posible retorno.
Así vive El Chapo en prisión en EEUU
El abogado José Refugio Rodríguez Núñez, representante de “El Chapo”, ha denunciado en múltiples ocasiones que su cliente vive bajo condiciones inhumanas en la prisión de Florence ADX, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”. Según el litigante, el narcotraficante ha pasado ocho años en total aislamiento, sin acceso a la luz solar y con severas restricciones para comunicarse con su familia o abogados.
En entrevista con Radio Fórmula, Rodríguez Núñez detalló que su cliente solo ha podido recibir tres cartas y seis visitas en todo este tiempo, mientras que otros reos tienen derecho a seis visitas al mes. También aseguró que la atención médica es deficiente, y que, en lugar de tratar sus problemas dentales, las autoridades penitenciarias prefieren extraerle piezas para que “no moleste”.
“El señor Joaquín no sabe de derecho, pero sí sabe de sufrimiento. Si aquí en México se le trató mal y él aún así quiere regresar a una prisión mexicana, es porque el trato en Estados Unidos es peor”, declaró el abogado.
Además, afirmó que la falta de contacto con otros internos y el aislamiento extremo representan una forma de tortura psicológica, lo que vulneraría tratados internacionales sobre derechos humanos.
Cuando la solicitud de repatriación fue presentada en enero de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el tema debía ser analizado desde una perspectiva de derechos humanos.
A pesar de estas declaraciones, el entonces canciller Marcelo Ebrard descartó que el Gobierno de México pudiera intervenir a favor de Guzmán Loera, ya que su sentencia en Estados Unidos era firme y se encontraba cumpliendo su condena en ese país: “Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces, no le veo posibilidades, francamente”, declaró en aquel momento.
Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos el 20 de enero de 2017, durante el último día del mandato de Barack Obama. En febrero de 2019, fue declarado culpable de 10 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para cometer homicidios por un jurado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
El 18 de julio de 2019, el juez Brian M. Cogan lo condenó a cadena perpetua en la prisión de Florence ADX, de donde rara vez han salido presos con sentencias similares.
El caso de Guzmán Loera no es el único en el que un narcotraficante mexicano busca ser repatriado. Apenas el 20 de febrero de 2025, Ismael “El Mayo” Zambada, exsocio de “El Chapo”, envió una carta al Consulado de México en Nueva York exigiendo que el Gobierno mexicano interviniera en su caso, alegando que fue trasladado a Estados Unidos por la fuerza, en lo que describió como un secuestro en julio de 2024.
A esta lluvia de amparos y solicitudes también podrían sumarse la de los 29 narcotraficantes de alto perfil que recientemente fueron enviados a EEUU, pese a que algunos tenían fallos a su favor para no ser extraditados, entre ellos se encuentran los casos de Rafael Caro Quintero y los hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas.
