Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z-40″, y Omar Treviño Morales, alias “Z-42″, exlíderes del grupo criminal Los Zetas, fueron extraditados a Estados Unidos el pasado 27 de febrero y actualmente permanecen bajo custodia en Washington, D.C..
Los hermanos Treviño Morales enfrentan acusaciones de narcotráfico, homicidio, lavado de dinero y crimen organizado, delitos que podrían llevarlos a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.
En México, uno de los crímenes más atroces atribuidos a los hermanos Treviño Morales es la Masacre de Allende, un ataque ordenado por ellos mismos a raíz de una supuesta venganza, hecho que dejó decenas de desaparecidos y asesinado, dejando un gran daño en el municipio de Coahuila.
¿Cómo fue la masacre de Allende?
La tarde del 18 de marzo de 2011, decenas de camionetas con hombres armados ingresaron al municipio de Allende. Sicarios de Los Zetas recorrieron las calles, irrumpieron en casas y ranchos, secuestraron familias completas y destruyeron propiedades. Durante todo un fin de semana, el grupo criminal tomó el control del pueblo, mientras las autoridades locales no intervinieron.
Los atacantes incendiaron casas y ejecutaron a sus víctimas. Para desaparecer los cuerpos, utilizaron métodos extremos, como incineraciones en tambos de metal y la quema de bodegas enteras. Al final, el pueblo quedó devastado y el número de víctimas sigue sin esclarecerse.
De manera oficial, se reconocen 26 desaparecidos, pero testimonios de sobrevivientes y documentos judiciales sugieren que la cifra real podría ascender hasta 300 personas.
La traición que provocó la masacre
Según se ha documentado, el ataque fue ordenado por los entonces líderes de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, en represalia contra presuntos traidores dentro de su organización. Se ha señalado que al menos tres integrantes de la organización —Alfonso “Poncho” Cuéllar, Héctor “El Negro” Moreno y Luis “La Güiche” Garza— comenzaron a colaborar con las autoridades estadounidenses.
Los Treviño Morales descubrieron que estos operadores habían proporcionado información clave sobre la red de narcotráfico del cártel. Además, se sospechaba que habían sustraído hasta 10 millones de dólares de las ganancias del tráfico de drogas.
El Z-40 y el Z-42 decidieron tomar represalias no solo contra los traidores, sino también contra sus familias y cualquier persona relacionada con ellos. El objetivo era dar un mensaje claro: nadie podía traicionar a Los Zetas sin consecuencias.
Hacia las 19:00 horas del viernes 18 de marzo, un grupo de aproximadamente 60 sicarios ingresó a Allende. Testigos relataron que los criminales portaban armas largas y se movilizaban en convoyes de camionetas de lujo.
La primera acción fue dirigirse al rancho Los Garza, propiedad de Luis “La Güiche” Garza, uno de los presuntos traidores. Derribaron la puerta con una camioneta, dispararon contra la propiedad y secuestraron a todos los que estaban en el lugar.
Los Zetas no se detuvieron allí. Durante las siguientes 48 horas, recorrieron el pueblo y secuestraron a cualquier persona que tuviera el apellido Garza o alguna conexión con los traidores.
Los habitantes de Piedras Negras, Acuña, Nava y Villa Unión también fueron afectados, ya que el ataque se extendió más allá de Allende.
El silencio de las autoridades
Una de las revelaciones más alarmantes sobre la masacre es la complicidad de la Policía Municipal de Allende. Según un informe del Colegio de México, los agentes recibieron instrucciones de no salir a patrullar durante el ataque, no responder a los llamados de auxilio de la población y detener a cualquier persona con el apellido Garza y entregarla a Los Zetas.
Durante todo el fin de semana, los sicarios actuaron sin oposición. No hubo presencia del Ejército ni de la Policía Federal.
El sábado 19 de marzo, los sicarios llevaron a sus víctimas a dos puntos clave: el rancho Los Garza y el de Los Tres Hermanos. En estos lugares, los secuestrados fueron asesinados y sus cuerpos incinerados. Para evitar dejar rastros, Los Zetas usaron gasolina y tambores de metal para calcinar los restos. Según testimonios de sicarios que luego fueron detenidos, después de cinco o seis horas de fuego, los cuerpos quedaban reducidos a cenizas y grasa humana.
Los sicarios también saquearon y destruyeron 32 casas y dos ranchos, permitiendo que vecinos entraran a robar antes de incendiar las viviendas. Al final de la jornada, casi todo Allende estaba en ruinas.
En 2017, la periodista Ginger Thompson publicó una investigación en ProPublica donde sugirió que la masacre fue consecuencia de un error de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Según el reporte, la DEA recibió de un informante números telefónicos de los Treviño Morales. Sin embargo, al compartir esta información con las autoridades mexicanas, la filtración llegó hasta Los Zetas, quienes descubrieron la traición y ordenaron la represalia.
La DEA ha negado cualquier responsabilidad y ha asegurado que sus Unidades de Investigaciones Sensibles (SIU) no revelaron información confidencial.
El reportaje de Ginger Thompson sirvió de base para la serie documental “Somos.”, estrenada en Netflix en 2021. La producción dramatiza los hechos desde la perspectiva de las víctimas, mostrando la violencia extrema de Los Zetas y la complicidad de las autoridades.
La serie fue una de las primeras en retratar un hecho real del narcotráfico en México desde el punto de vista de los civiles, alejándose del enfoque glorificado de los cárteles. Su impacto ayudó a visibilizar la masacre a nivel internacional y reavivó el debate sobre la impunidad del caso.
Falta de justicia y disculpa tardía
La masacre de Allende fue ignorada durante tres años. Las investigaciones comenzaron hasta 2014, cuando el periodista Diego Enrique Osorno publicó un reportaje sobre los hechos.
En 2019, los gobiernos federal, estatal y municipal ofrecieron una disculpa pública a los familiares de las víctimas. La entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció la omisión del Estado y prometió justicia.
Sin embargo, a más de una década de la tragedia aún no hay detenidos clave por la masacre, la mayoría de los restos no han sido recuperados y las familias siguen esperando justicia y reparación del daño.
Los hermanos Z-40 y Z-42 fueron detenidos en 2013 y 2015, respectivamente. Después de años en prisiones mexicanas, fueron extraditados a Estados Unidos el pasado 27 de febrero de 2025 y ahora podrían ser condenados a cadena perpetua o incluso pena de muerte.
