La elección judicial de 2025, un proceso hasta ahora inédito en México, establece una serie de reglas estrictas para los candidatos con el fin de garantizar la equidad y transparencia en la jornada electoral. A grandes rasgos, estos son los aspectos clave de lo que estará permitido, lo prohibido y las paradojas que enfrentarán los aspirantes en esta nueva contienda.
A pesar de las restricciones, los candidatos tienen varias herramientas a su disposición para dar a conocer su trayectoria y propuestas:
- Difusión en redes sociales: Los candidatos pueden usar plataformas como Facebook, X, Instagram y otras redes sociales para compartir su trayectoria y propuestas. Esto les permite conectar directamente con el electorado y mantener una comunicación constante.
- Propaganda impresa (biodegradable): Los candidatos están autorizados para distribuir materiales de propaganda impresa, pero estos deben ser biodegradables. Este requisito busca reducir el impacto ambiental, favoreciendo prácticas más sostenibles.
- Asistencia a eventos y debates: Los candidatos pueden asistir a eventos y debates públicos, siempre y cuando sean invitaciones extendidas a todos los participantes de la contienda.
- Construcción de redes de apoyo ciudadano: Es posible crear y fomentar redes de apoyo entre ciudadanos, siempre que estas no involucren financiamiento externo o violen otras normas de la campaña. La movilización de personas que respalden al candidato es una estrategia válida mientras se mantenga dentro de los márgenes legales establecidos.
¿Qué está prohibido en la campaña?
A pesar de las libertades mencionadas, existen varias restricciones que los candidatos deben cumplir para asegurar la imparcialidad y transparencia en el proceso electoral:
- Contratación de publicidad: Está estrictamente prohibido que los candidatos contraten publicidad en medios de comunicación, ya sean estos tradicionales (radio, televisión, prensa) o digitales (anuncios en redes sociales y otras plataformas online). Esta medida busca evitar que los recursos económicos desbalanceen la competencia entre los aspirantes.
- Recibir financiamiento público o privado: Los candidatos no podrán recibir financiamiento de ninguna entidad pública o privada. Esto incluye donaciones de individuos, organizaciones, empresas o partidos políticos. La prohibición de recibir apoyo financiero asegura que la campaña se base únicamente en la capacidad de los candidatos para atraer el respaldo popular sin recurrir a grandes sumas de dinero.
- Uso de símbolos patrios o religiosos: Para evitar el uso manipulativo de símbolos que puedan incidir en el sentimiento nacionalista o religioso, está prohibido el uso de símbolos patrios (como la bandera o el himno) y religiosos durante la campaña. Esto se hace con la intención de evitar que los candidatos se asocien con causas o símbolos que pudieran crear divisiones entre los votantes.
- Actos de proselitismo fuera del periodo permitido: El proselitismo o actividades de campaña solo están permitidos dentro de los plazos establecidos para ello. Esto significa que los candidatos no pueden hacer propaganda ni realizar actos públicos de apoyo antes de que comience el periodo oficial de campaña, lo que contribuye a evitar la sobreexposición y el abuso de tiempos fuera de las reglas electorales.
- Apoyo de partidos políticos: A diferencia de otras elecciones, los candidatos a la elección judicial no pueden recibir apoyo ni estar vinculados con partidos políticos. La autonomía de los candidatos es esencial para que la elección se perciba como justa y ajena a los intereses partidarios.
La Paradoja de la Elección Judicial 2025
Los candidatos se enfrentan a una paradoja que pone a prueba su creatividad y capacidad de gestión, pues, por un lado, deben convencer a los votantes, difundir sus propuestas y generar un impacto en la sociedad, pero sin utilizar métodos de campaña tradicionales, como la compra de anuncios o el financiamiento de grandes campañas mediáticas. Esto crea una disyuntiva en la que los aspirantes deben equilibrar su presencia en medios de manera orgánica y gratuita, a través de las redes sociales, el boca a boca y otros canales alternativos.
Otra paradoja importante es el hecho de que, aunque no hay financiamiento público, los candidatos aún están obligados a reportar cada peso gastado en su campaña. Esta obligación refuerza la necesidad de un manejo transparente de los recursos, pero también coloca una carga adicional sobre los aspirantes, quienes deben encontrar formas de hacer llegar su mensaje sin recurrir a los medios tradicionales de financiamiento.
Por último, a pesar de la prohibición de pagar anuncios, los candidatos deben hacer esfuerzos para “hacerse virales”, lo que implica una competencia feroz por la atención en las plataformas digitales. Esta nueva forma de campaña, impulsada por el uso de contenido atractivo y la interacción directa con los votantes, implica un desafío significativo en términos de visibilidad y efectividad.
La elección judicial de 2025 marcará un precedente en la forma en que se llevan a cabo las campañas electorales en el país. Las restricciones y las nuevas normas obligarán a los candidatos a ser más creativos, orgánicos y responsables con el uso de recursos. Aunque se enfrentan a un escenario de competencia sin las herramientas tradicionales de marketing electoral, también tienen la oportunidad de acercarse de manera más directa y genuina a los ciudadanos, apelando a la honestidad y la transparencia.
