El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó un paquete de reformas legislativas que busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los deudores. Estas modificaciones, que serán enviadas al Congreso local, incluyen cambios en 50 artículos de 13 leyes y dos códigos, con el objetivo de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado.
Entre las medidas más destacadas se encuentran penas de prisión de tres a cinco años y multas que oscilan entre 100 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes incumplan con sus responsabilidades.
Según detalló el mandatario, estas reformas también contemplan restricciones adicionales para los deudores alimentarios, como la prohibición de ocupar cargos públicos en cualquiera de los tres poderes, tanto en el ámbito estatal como municipal. Además, se les impedirá tramitar o renovar concesiones, permisos de transporte y licencias de conducir. Incluso, en caso de matrimonio, se notificará a los contrayentes si alguno de ellos figura como deudor alimentario.
Ramírez Bedolla calificó esta iniciativa como “la reforma más avanzada del país” en materia de obligaciones alimentarias. Según explicó, el objetivo es fortalecer los mecanismos legales para exigir el cumplimiento de estas responsabilidades a través de procedimientos más ágiles y sanciones más severas para quienes, teniendo capacidad económica, no cumplan con sus deberes.
El gobernador subrayó que estas modificaciones buscan garantizar una protección integral para la niñez, asegurando no solo el acceso a alimentos, sino también a atención médica, psicológica y educación. Asimismo, destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para evitar que algún menor quede desprotegido.
Durante la presentación de estas reformas, Ramírez Bedolla ofreció un panorama preocupante sobre la situación actual en Michoacán. Según los datos proporcionados, cinco de cada diez niños y adolescentes no reciben pensión alimenticia tras el divorcio de sus padres. Además, tres de cada cuatro hijos de padres separados enfrentan la misma problemática, lo que evidencia la magnitud del incumplimiento de estas obligaciones en el estado.
El gobernador enfatizó que esta iniciativa responde a un acto de justicia social, especialmente hacia las mujeres que han luchado por los derechos de niñas, niños y adolescentes. “Es un acto de justicia social a las mujeres que han alzado la voz en defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para que cuenten con igualdad de oportunidades”, declaró.
Prohibiciones y sanciones como herramientas de presión
Entre las medidas más innovadoras de esta propuesta se encuentra la imposición de restricciones administrativas para los deudores alimentarios. Según lo planteado, quienes no cumplan con sus obligaciones no podrán acceder a ciertos trámites esenciales, como la renovación de licencias de conducir o permisos de transporte. Además, se les negará la posibilidad de ocupar cargos públicos, lo que busca ejercer presión para que regularicen su situación.
En el ámbito personal, la reforma también incluye una disposición que obliga a informar a los contrayentes, en caso de matrimonio, si alguno de ellos figura en el registro de deudores alimentarios. Esta medida tiene como objetivo fomentar la transparencia y prevenir conflictos futuros relacionados con el incumplimiento de estas responsabilidades.
Ramírez Bedolla destacó que estas reformas representan un avance significativo en la lucha contra lo que denominó “principios machistas de la edad media y del autoritarismo patriarcal”. Según el gobernador, esta iniciativa no solo busca resolver un problema legal, sino también promover un cambio cultural que priorice el bienestar de la niñez y la equidad de género.
Otro de los puntos clave de esta propuesta es la creación de mecanismos de coordinación entre distintas instituciones para garantizar que ningún menor quede desprotegido. Según explicó Ramírez Bedolla, esta estrategia permitirá agilizar los procedimientos legales y administrativos relacionados con las obligaciones alimentarias, asegurando que las sanciones se apliquen de manera efectiva.
El paquete de reformas, que será discutido en el Congreso local, se presenta como una respuesta integral a una problemática que afecta a miles de familias en Michoacán. Con estas medidas, el gobierno estatal busca sentar un precedente a nivel nacional en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se endurecen las sanciones contra quienes incumplen con sus responsabilidades.
