En México, la instalación de micrófonos y otros dispositivos de vigilancia en los lugares de trabajo está estrictamente regulada por la legislación vigente en materia de privacidad, derechos laborales y protección de datos personales. Cualquier acción de este tipo debe cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, las cuales buscan garantizar el respeto a la intimidad de los empleados.
Como parte de sus objetivos, la normativa mexicana busca establecer un equilibrio entre las necesidades de supervisión laboral y la protección de los derechos de los trabajadores, en este sentido, las leyes vigentes imponen límites claros al uso de tecnologías de vigilancia, exigiendo que estas se utilicen únicamente cuando sea estrictamente necesario y de manera proporcional.
En términos generales, la colocación de micrófonos sin el consentimiento explícito de los trabajadores constituye una violación a sus derechos fundamentales, ya que, en el área laboral, la instalación de este tipo de dispositivos solo es válida cuando su necesidad está justificada, y no daña la privacidad del trabajador, sin embargo, la grabación de audio en espacios comunes está prohibida, con excepción de situaciones que representen un riesgo para la seguridad.
El uso indebido de micrófonos o cualquier otro tipo de vigilancia sin el conocimiento y consentimiento de los trabajadores puede ser considerado una forma de acoso laboral o una violación a la intimidad, según la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la cual lo define como cualquier acto o comportamiento en el entorno de trabajo que atente contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas.
Qué dice al respecto la Ley Federal del Trabajo
La Ley Federal del Trabajo (LFT) es el marco legal que establece las bases, directrices y regulaciones para las relaciones laborales entre empleadores y empleados en México. Esta ley define los derechos, deberes y responsabilidades de ambos en el entorno laboral y se actualiza de manera constante para ajustarse a los cambios y necesidades del ámbito laboral en el país.
En el contexto del uso de micrófonos, el Artículo 330-I de la Ley Federal del Trabajo establece únicamente condiciones específicas, por ejemplo, en la modalidad de teletrabajo:
“Los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo, garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, y respetando el marco jurídico aplicable en materia de protección de datos personales.
Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo requiera.”
Además, en el caso específico de esta modalidad, el Diario Oficial de la Federación detalla que “el centro de trabajo respetará la privacidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, y no se podrán utilizar mecanismos invasivos para verificar la disponibilidad o conexión de las personas trabajadoras. Las cámaras, micrófonos o mecanismos de localización, sólo serán de uso obligatorio para reuniones, videoconferencias, capacitaciones y obligaciones relacionadas con seguridad e higiene en el lugar de trabajo”.
Qué establece el INAI
Por otro lado, en el caso de modalidad presencial, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece que la videovigilancia y el grabado de audio en los centros de trabajo debe perseguir objetivos claros, como la protección de bienes y personas y la supervisión de las actividades laborales. Asimismo, se exige que toda persona expuesta a este tipo de vigilancia sea informada de manera clara y precisa sobre la colocación de los equipos, las áreas monitoreadas, el responsable de la base de datos y los derechos que le asisten.
En este contexto, el Instituto establece que los empleadores están obligados a proporcionar información detallada sobre la instalación de sistemas de vigilancia, por ejemplo, en elementos como carteles colocados en los accesos al recinto grabado, “que notifica a las personas sobre la actividad que se lleva a cabo, y en impresos informativos que se deben proporcionar al sujeto obligado”.
Además, estos avisos de privacidad deberán garantizar la existencia de una base de datos con las imágenes y los audios recabados, así como la identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento de los datos.
Por otro lado, el organismo público detalla estrictamente que las autoridades deberán tener en cuenta algunos principios, entre ellos:
- Debe informarse sobre la captación y/o grabación de las imágenes y audios, por lo cual es importante comunicar el uso de instalaciones de cámaras, videocámaras o micrófonos y recordar que sólo es admisible cuando no exista un medio menos invasivo para lograr la finalidad perseguida.
- Debe existir una relación de proporcionalidad entre la finalidad que se persigue y el modo en que se traten los datos.
