A casi un mes de que Donald Trump asumió su segundo periodo presidencial, los Estados Unidos han endurecido sus políticas migratorias, razón por la cual miles de migrantes han quedado varados en la frontera sur de México, donde los traficantes de personas tratan de engancharlos.
Además, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió con EEUU a reforzar la frontera norte con el envío de 10 mil agentes de la Guardia Nacional, con el objetivo de frenar el tráfico de drogas así como de la migración irregular.
Ante esta situación, miles de migrantes varados en la frontera sur de Chiapas han quedado expuestos al crimen organizado y el tráfico de personas, por lo que se les exigen miles de dólares para trasladarlos al norte.
De acuerdo con Luis Alonso Abarca, coordinador del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, el cierre de fronteras y las políticas restrictivas han beneficiado directamente al crimen organizado.
Abarca denunció que estos grupos están cobrando miles de dólares a migrantes, especialmente a mujeres y menores de edad, con la promesa de ayudarlos a cruzar hacia Estados Unidos.
“El que se cierren las fronteras y que las políticas de los gobiernos de México y Estados Unidos les impidan migrar de manera regular y segura, lo único que provoca es que los grupos del crimen organizado se beneficien”, afirmó el activista desde Tapachula, en la frontera sur de México.
Desde la toma de posesión de Trump, las políticas migratorias han endurecido significativamente las condiciones para los migrantes. Estas medidas incluyen deportaciones masivas, el despliegue de miles de militares en la frontera y la eliminación de la aplicación CBP One, una herramienta que permitía a los migrantes solicitar asilo en Estados Unidos desde México.
Estas acciones han dejado a cientos de miles de personas en un limbo migratorio, sin opciones claras para avanzar hacia su destino o regresar a sus países de origen. Pese a ello, miles recurren a los denominados “polleros” para tratar de llegar hasta EEUU.
En este contexto, Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió en un informe que los migrantes están intentando avanzar por territorio mexicano en condiciones precarias, ya sea viajando en trenes de carga o formando caravanas para protegerse de la violencia.
La organización señaló que esta situación es especialmente crítica en el estado de Chiapas, fronterizo con Centroamérica, donde los migrantes enfrentan amenazas constantes de actores armados.
Mientras tanto, en la frontera norte, las autoridades mexicanas han comenzado a prepararse para un posible aumento en las deportaciones desde Estados Unidos.
En estados como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, se están construyendo grandes instalaciones para albergar a los deportados y habilitando transportes para trasladarlos a otras regiones del país. Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo la constante para quienes permanecen atrapados en territorio mexicano.
Desde el inicio del nuevo gobierno estadounidense, México ha recibido a 13 mil 455 personas deportadas, de las cuales 2 mil 970 son extranjeras, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
La mandataria destacó que los migrantes tienen la opción de quedarse en México o regresar a sus países de origen, pero advirtió sobre los riesgos de confiar en traficantes de personas.
“No se dejen engañar por quienes cobran miles de dólares con la promesa de llevarlos a Estados Unidos, porque el gobierno de Trump ha cerrado todas las aplicaciones de asilo”, declaró Sheinbaum.
Esta situación ha llevado a algunos migrantes a considerar regresar a sus países, como es el caso de Israel Lujando, originario de Ecuador. En declaraciones a la prensa, Lujando expresó su desilusión:
“La verdad que sí quiero regresar porque ya no tiene sentido estar acá. Nuestro objetivo era llegar a Estados Unidos, pero como no lo hemos conseguido, ya me toca regresar”.
Redadas y deportaciones en el sur de México
Además de las restricciones impuestas por Estados Unidos, las autoridades mexicanas también han intensificado las medidas contra los migrantes.
Según denunció Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH), se han llevado a cabo redadas en Tapachula para detener a personas sin documentos y deportarlas a las fronteras de Honduras y Guatemala.
García Villagrán señaló que estas acciones han afectado a quienes intentaban avanzar hacia los estados de Veracruz y Oaxaca, ya que muchos han sido devueltos a ciudades como Villahermosa, en Tabasco, o directamente a Centroamérica.
El activista destacó que estas redadas han sido constantes durante el último mes, lo que ha complicado aún más la situación de los migrantes en la región. “Los que podían avanzar hasta Veracruz y Oaxaca los regresaban a Villahermosa y Tapachula, llevándolos a Centroamérica”, denunció García Villagrán.
