Un nuevo caso de abuso policial y discriminación ha sacudido al municipio de Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca. Según informó el diario El Universal, el activista Enrique Bazán, miembro de la comunidad LGBTIQ+, denunció haber sido víctima de agresiones físicas, vejaciones y amenazas por parte de elementos de la Policía Municipal el pasado 6 de febrero. Los hechos ocurrieron cuando Bazán intentó obtener información sobre la presunta detención de su sobrino, lo que derivó en un episodio de violencia que ha generado indignación y demandas de justicia entre activistas por los derechos de la diversidad sexual y de género.
De acuerdo con el testimonio de Bazán, los agentes lo golpearon en diversas partes del cuerpo, lo insultaron con comentarios homofóbicos y lo trasladaron a las instalaciones del palacio municipal, donde fue sometido a más agresiones. Durante su detención, fue desnudado, fotografiado y encerrado en una celda por cuatro horas, hasta que comenzó a presentar síntomas que requerían atención médica. Posteriormente, fue liberado con amenazas para que no denunciara lo ocurrido.
El activista relató que, tras las agresiones, fue llevado ante una mujer aparentemente identificada como juez, quien le ofreció mil pesos a cambio de que olvidara los hechos y no procediera con ninguna denuncia. Además, le advirtieron que debía sentirse agradecido por no haber cumplido las 36 horas de arresto reglamentarias. Según Bazán, estas acciones formaron parte de un intento de encubrimiento por parte de las autoridades municipales.
A pesar de las amenazas, Bazán decidió presentar una denuncia penal con el apoyo de organizaciones de la comunidad LGBTIQ+. La querella fue interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), donde también fue valorado por el Instituto de Servicios Periciales.
Sin embargo, el activista expresó que teme por su seguridad, ya que ha sido objeto de una campaña de difamación en redes sociales, presuntamente orquestada por el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez. En dichas publicaciones, se le acusa de robo y de mantener una relación inapropiada con su sobrino, lo que los acompañantes del caso calificaron como un intento de revictimización.
El caso de Enrique Bazán no es un hecho aislado en Santa Lucía del Camino. Según detalló El Universal, el activista señaló que la policía municipal de este ayuntamiento tiene un historial de abusos de autoridad, entre los que se incluye el homicidio de un joven menor de edad durante un operativo de alcoholímetro. Bazán afirmó que el cuerpo de seguridad está “contaminado” y que los abusos continúan a pesar de los cambios en el mando policial.
En conferencia de prensa, Bazán también denunció que durante su traslado en la patrulla fue objeto de insultos homofóbicos y comentarios degradantes por parte de los agentes. Según su relato, los policías insinuaron que mantenía una relación con su sobrino, lo que describió como un intento de humillarlo y desacreditarlo. Además, afirmó que recibió amenazas explícitas, incluyendo una frase que quedó grabada en su memoria: “Un puto no merece vivir”.
Enrique Bazán ha dejado claro que no aceptará ningún tipo de negociación para silenciar su caso. Insistió en que lo ocurrido no solo representa un abuso de autoridad, sino también un acto de discriminación extrema que no debe quedar impune. Asimismo, solicitó garantías para su seguridad y la de su familia, ya que teme represalias por parte de las autoridades municipales.
El activista subrayó que su sobrino, cuya detención fue el detonante de los hechos, no estaba alterando el orden público, como han intentado justificar las autoridades locales. Según Bazán, el joven simplemente había salido a comprar un refresco, y hay testigos que pueden corroborar esta versión. Estas declaraciones contradicen las afirmaciones de los policías, quienes han intentado justificar su actuación bajo el argumento de que ambos estaban causando disturbios.
