La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) revisó 50 quejas relacionadas con las labores de búsqueda por la desaparición de 55 personas, una muestra pequeña de la crisis que enfrenta la entidad con 15 mil 382 carpetas de investigación abiertas por este delito.
Lo encontrado por la CEDHJ está concentrado en la recomendación 1/2025, en la que se remarca la deficiente actuación de las autoridades en el proceso de investigación del delito y las pocas acciones efectivas para la localización de las personas desaparecidas, además de revictimizar a sus familiares.
Las 50 quejas analizadas por la comisión comprenden casos ocurridos entre los años 2011 y 2023; se trata de 49 hombres y 6 mujeres desaparecidas en 16 municipios de Jalisco. Del total de las víctimas sólo 7 han sido localizadas.
“La desaparición de estas personas y el actuar de las autoridades involucradas en su búsqueda constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, entre ellas, a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas de desaparición por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia y el derecho al acceso a la justicia, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, a la vida y a la verdad, por parte de agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la entonces Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas”, señaló la CEDHJ.
Otras de las dependencias señaladas por la CEDHJ son el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, por “no seguir ni cumplir con los principios, procedimientos y protocolos dictados para casos de desaparición.
Desaparecer en Jalisco
En el año 2019 desaparecieron con violencia mil 25 hombres, otros 454 lo hicieron sin violencia; además se reportaron los casos de 113 mujeres desaparecidas sin violencia y 31 con violencia, según información obtenida del Registro Estatal de Personas Desaparecidas.
Entre las víctimas de ese año se encuentra un hombre que salió a la tienda y ya no regreso. Esto ocurrió en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde a pesar de que la madre de la víctima presentó una denuncia en tiempo y forma, la Fiscalía Regional de El Salto no aplicó “los principios de efectividad, exhaustividad, debida diligencia, inmediatez y eficacia” para dar con su paradero.
La CEDHJ recalca que las labores de búsqueda no fueron inmediatas, oportunas ni “transparentes”, tampoco contaron con rigor científico y los familiares de la víctima no recibieron las medidas de protección necesarias.
“En este caso, la violación de los derechos humanos de la persona desaparecida se produjo por la falta de acción adecuada por parte de las personas servidoras públicas, lo que podría constituirse en graves consecuencias para las víctimas y sus familiares”, indica la CEDHJ.
La comisión recomienda dar parte al Órgano Interno de Control y autoridad competente para que se determine qué servidores públicos tienen responsabilidad por la “prestación indebida de su servicio, por actos u omisiones”.
- A la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas, se recomienda instruir a sus agentes para que se rijan con los estándares que deben seguir las investigaciones de los casos relacionados con la desaparición de personas.
- Se actualice e imparta un curso de capacitación para que tengan una reeducación en materia de derechos humanos basada en el Protocolo Homologado de Investigación, Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Protocolo Alba Jalisco y en los términos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
- Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses le pide una garantía de no repetición e implementar las medidas y protocolos necesarios para lograr la identificación de todas las personas que ingresan a sus instalaciones.
- A la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y a la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco se les pide una garantía de no repetición y otorgar apoyo integral a las víctimas de las quejas integradas en la recomendación 1/2025.
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