La Comisión Permanente del Congreso remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la cual se busca reformar los artículos 4º y 27 de la Constitución Política para garantizar la conservación y protección de los maíces nativos, prohibiendo el uso de cultivos y semillas transgénicas en su producción.
De acuerdo con la iniciativa, el maíz sería reconocido como un elemento de identidad nacional, y su cultivo debería realizarse bajo principios agroecológicos. Además, se establece que el Estado tendrá la responsabilidad de fomentar el uso óptimo de la tierra, asegurando que esté libre de transgénicos.
La propuesta define al maíz transgénico como aquel que ha sido modificado genéticamente mediante la introducción de secuencias de ADN o ARN de otras especies utilizando tecnología recombinante.
De acuerdo con la iniciativa, México es reconocido a nivel mundial por ser el centro de origen y diversidad genética del maíz. El país alberga la mayor variedad genética conocida de este cultivo, incluyendo parientes silvestres que representan una fuente invaluable de variabilidad genética. Esta riqueza biológica no solo tiene un valor cultural, sino también estratégico, ya que garantiza la sostenibilidad del maíz para las generaciones futuras.
El documento enviado por el Poder Ejecutivo subraya que el maíz no es solo un cultivo, sino un pilar de la alimentación en México.
En promedio, cada persona consume diariamente 328 gramos de maíz, lo que representa el 30 % de las proteínas, el 45 % de las calorías y el 49 % del calcio que requiere su dieta. Este dato refleja la importancia del maíz no solo como alimento, sino como un recurso esencial para la seguridad alimentaria del país.
La propuesta también pone en valor el papel de los pequeños agricultores y las comunidades indígenas en la conservación de la diversidad del maíz. Los datos indican que 4,68 millones de hectáreas de maíz de temporal son cultivadas por agricultores de pequeña escala, quienes obtienen rendimientos menores a 3 toneladas por hectárea.
A pesar de estas limitaciones, se estima que esta producción podría alimentar a 54.7 millones de personas, lo que evidencia la relevancia de la agricultura campesina en el sistema alimentario nacional.
En muchas de estas comunidades, los agricultores continúan utilizando semillas propias, intercambiándolas y sembrándolas para autoconsumo y venta de excedentes. Este modelo no solo asegura la autosuficiencia alimentaria, sino que también contribuye a la generación de una amplia variación genética en el maíz. La iniciativa destaca que estas prácticas tradicionales son fundamentales para la evolución y conservación de las variedades nativas.
La reforma propuesta busca establecer un marco legal que prohíba el uso de semillas y cultivos transgénicos en la producción de maíz. Según el documento, esta medida es esencial para proteger la biodiversidad del maíz nativo y evitar la contaminación genética que podría poner en riesgo su existencia. Además, se promueve un enfoque agroecológico que prioriza prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
El maíz transgénico, definido como aquel que ha sido alterado genéticamente mediante tecnología recombinante, ha generado controversia en México y otros países debido a sus posibles impactos en la salud, el medio ambiente y la economía de los pequeños agricultores.
La iniciativa subraya que la prohibición de estos cultivos es un paso necesario para garantizar la soberanía alimentaria y proteger el patrimonio genético del país.