La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato negó proporcionar información sobre el monto del finiquito y la pensión adicional otorgados al exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien dejó el cargo el 1 de enero de 2024 tras casi 16 años al frente de la procuración de justicia en la entidad.
La decisión de reservar estos datos se basó en los “riesgos inherentes a su función”, aunque la gratificación por separarse del cargo, fue con base en cambios recientes al reglamento interno de la institución, promovidos por el propio Zamarripa durante su gestión.
En respuesta a una solicitud de transparencia realizada por La Jornada (folio 112093900000825), el Comité de Transparencia de la FGE justificó la negativa argumentando que los datos del personal sustantivo deben ser resguardados debido a riesgos inherentes a su función.
Gustavo Adolfo Ángeles Salazar, titular de la Unidad de Transparencia de la fiscalía, afirmó que la información sobre el retiro de Zamarripa corresponde al Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), no a la fiscalía.
Cambio de reglamento interno de la Fiscalía
La polémica surge por la reforma al Reglamento Interno de la FGE publicada el 1 de abril de 2024 en el Periódico Oficial del Estado, en la que Zamarripa incorporó el capítulo VIII sobre el Sistema Complementario de Seguridad Social.
Este capítulo contempla beneficios como gastos funerarios, becas, apoyo médico y psicológico, seguro de vida en caso de invalidez o fallecimiento, y una prestación al término de la relación laboral, además de un apoyo adicional para jubilados con al menos 15 años de servicio.
También establece una “gratificación de fidelidad” para quienes no alcancen ese tiempo, siempre y cuando existan recursos presupuestales.
La controversia no se limita al manejo de recursos
En junio de 2024, la esposa de Zamarripa, Elvia Oralia del Pilar Durán Isaís, fue designada magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa a propuesta del entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con respaldo de la mayoría panista en el Congreso local.
La coincidencia entre estos eventos ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el uso discrecional del poder.
La falta de transparencia y los beneficios contemplados en las reformas impulsadas por Zamarripa durante su gestión han encendido el debate sobre la rendición de cuentas en una de las fiscalías más cuestionadas del país.
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