A medida que la comunidad de Acapulco, Guerrero, intenta recuperarse de los devastadores efectos de los huracanes Otis y John, que impactaron la región en el último año, una “nueva” amenaza siembra el temor entre los acapulqueños, aunque esta vez no se trata de otro fenómeno de meteorológico.
Según el periodista Óscar Balderas en su podcast “Territorio Rojo”, los grupos criminales no sólo han reanudado sus actividades de extorsión con más violencia que nunca, sino que ya también han comenzado a exigir una parte del aguinaldo, el tradicional pago de fin de año que se otorga a los trabajadores en México.
El experto en seguridad y crimen organizado dijo que recientemente le llegó el dato de que los criminales han comenzado a exigir el bono decembrino a los trabajadores, quienes seguramente ya habían hecho planes para sobrevivir tras un año que ha mermado la economía de la región y, por supuesto, la economía familiar.
“Si los aguinaldos de los acapulqueños no van a los bolsillo del crimen organizado de Guerrero, la amenaza es clara: habrá más matanzas como la de Tres Palos”, señala en su podcast.
El pasado 4 de noviembre una masacre estremeció a la localidad de Tres Palos, en las afueras de Acapulco. Ese día, vecinos reportaron humo en la calle Vicente González, temiendo que un incendio afectara a la Escuela Secundaria Técnica 93. Sin embargo, las llamas provenían de una vivienda cercana.
Al llegar, los bomberos controlaron el fuego en dos vehículos en el interior del domicilio, pero al ingresar a la casa, encontraron los cuerpos de seis personas asesinadas, incluyendo a tres mujeres, dos hombres y un joven que murió de camino al hospital.
La familia asesinada en Tres Palos era conocida en la comunidad por su negocio de venta de cocos en la playa Princess, una de las zonas turísticas del puerto.
De acuerdo con lo reportado, los agresores habrían disparado repetidamente dentro de la casa, dejando más de 25 casquillos de armas de fuego, e intentaron incendiar la vivienda, lo que ocasionó que el fuego alcanzara los vehículos estacionados.
De acuerdo con el periodista, quien consultó reportes, las autoridades indican que el motivo de la masacre pudo ser la negativa de la familia a pagar la “cuota de extorsión” o “derecho de piso” que los grupos criminales exigen a los comerciantes.
El caso de Tres Palos refleja una práctica extendida en Guerrero y otras partes de México, donde el crimen organizado impone cuotas a comerciantes para permitirles operar sus negocios.
Este nuevo fenómeno que destaca Balderas en su podcast marca una escalada en las tácticas de extorsión del crimen en Acapulco. Según los informes, grupos criminales —entre ellos las facciones de los Beltrán Leyva y otros brazos armados que han resurgido tras los huracanes— ahora están exigiendo una parte del aguinaldo a empresas y trabajadores como forma de financiamiento.
Con esta táctica, el crimen busca reponer sus arcas tras la pausa que hubo por los desastres naturales y la tregua temporal que mantuvieron mientras la población enfrentaba la emergencia.
Escalada de violencia en Guerrero
La situación de inseguridad en Guerrero, estado disputado por al menos 10 grupos criminales, se ha intensificado. En octubre, la decapitación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y un enfrentamiento armado en Técpan de Galeana que dejó 14 civiles muertos tras un choque con el Ejército, se suman a la creciente cifra de homicidios que ha marcado a Guerrero como una de las regiones más violentas de México.
Los efectos de la violencia y las extorsiones no sólo afectan a empresarios y trabajadores, sino también al sector educativo.
De acuerdo con un reportaje de Nmás, diversas escuelas de Acapulco han recibido llamadas de extorsión donde se exige a los docentes una parte de los fondos asignados por el gobierno para la reparación de daños en las instalaciones escolares, programa conocido como La Escuela es Nuestra.
Según Margarita Nava Muñoz, jefa de docentes de preescolar, al menos diez escuelas han denunciado amenazas, y muchas más se sospecha que están bajo la misma presión, aunque temen hacer público el problema.
La Fiscalía General de Guerrero ha comenzado a investigar los números telefónicos desde donde provienen estas llamadas de extorsión, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública ha implementado patrullajes en las cercanías de las instituciones educativas para intentar frenar esta ola de amenazas.
En Guerrero, y particularmente en Acapulco, los pobladores viven en una constante incertidumbre ante los ataques y extorsiones. Este año, al menos seis incendios de negocios fueron reportados en Acapulco, todos ellos bajo sospechas de haber sido provocados como represalia por no cumplir con los pagos de extorsión. Entre los comercios incendiados figuran Mi Vereda Tropical, Marea Salada y Crepas Dubai, cuyos propietarios pertenecen a una misma familia.
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