El juicio de los cuadernos: las fortunas en contratos que ganaron los empresarios que pagaron las coimas

La acusación continuó con Aldo Benito Roggio, también arrepentido, que ofreció $1800 millones para cerrar la causa en su contra dos meses atrás. Roggio fue acusado por la fiscalía de pagar once sobornos en su tiempo como presidente de la firma Benito Roggio e Hijos, con pagos realizados entre junio de 2009 y septiembre de 2010 por $5,9 millones.

“Su vínculo con integrantes de la asociación ilícita quedó en evidencia a través de los registros telefónicos obtenidos en la etapa de instrucción”, sigue el texto. En su escrito, Stornelli aseguró que el poderoso empresario contactaba con frecuencia a las líneas directas de De Vido, Wagner y José López.

Ahora, ¿qué se llevó Roggio con todo esto?

“Todas las erogaciones fueron realizadas en función de las veintidós obras adjudicadas por la Dirección Nacional de Vialidad, en el período investigado, por un monto total de $ 3.319.941.386″, continúa la acusación. O sea, $3300 millones.

La imputación al empresario Patricio Gerbi, parte de Coarco SA, apuntó directamente a Ernesto Clarens como el vínculo entre la cima del Poder Ejecutivo y el dinero de los sobornos.

“En esa línea se acreditó que entregó dádivas hacia Ernesto Clarens, sabiendo que actuaba como nexo con la agrupación, de manera tal que luego las dirigiera a los funcionarios públicos que tenían el deber y la facultad de poder condicionar los procedimientos adminsitrativos en beneficio de esa firma”, aseveró el pedido de elevación a juicio firmado por Stornelli, que recordó que varios arrepentidos señalaron a Coarco.

“En este punto, resulta de vital importancia recordar que esa empresa fue identificada por distintos referentes de la banda, a lo largo del proceso, como parte del sistema de cartelización. Entre ellos se encuentra Carlos Enrique Guillermo Wagner, quien dijo que Coarco S.A. formaba parte del sistema de recaudación de dinero ilícito”.

También se leyó la imputación contra Juan Chediack, otro arrepentido, fallecido en 2023 en un accidente de avión en San Luis. A las empresas de Chediack, afirmó Stornelli, “se le adjudicaron veintidós obras, por un total de 3.530.081.115,71″. O sea, más de $3500 millones.

Los presuntos aprietes de Clarens también fueron ventilados en este caso. Otro arrepentido afirmó que Clarens “lo buscaba” a Chediack “en forma insistente para exigirle la entrega de dinero, presionándolo con que si no accedía a ello, la empresa sería castigada con la demora en el pago de los certificados de obra que le era debido”…

El otrora ministro de Planificación Federal “intervino constantemente en la implementación del funcionamiento del sistema de recaudación de dinero ilegal”, tanto en el resto de los sectores como en lo que refiere puntualmente, en este expediente, al rubro de la obra pública civil.

De Vido fue, según la Fiscalía, “el máximo responsable de concretar el sistema”.

Uno de los arrepentidos que más lo complicó fue José López. “Cuando había campaña se exigían los anticipos en un solo pago y así se lograba juntar mayor cantidad de dinero, esto era a requerimiento de Muñoz y de De Vido. Así se acumuló esa cifra importante. La persona que me explicó como era el sistema de recaudación fue De Vido, y me mando a coordinarlo con Muñoz”, dijo el ex secretario de Obras Públicas.

Y profundizó: “De Vido o Baratta me decían a mí el monto que necesitaban y para qué fecha. Eso se le informaba a Clarens. Luego se iba recaudando en forma semanal”.

Entre otras pruebas, el fiscal Stornelli detectó en los registros de llamadas que Julio De Vido mantuvo 376 con Ernesto Clarens, señalado como el financista.

La entonces presidenta de la Nación “impartió directivas con el objeto de crear un mecanismo de recaudación de dinero”, determinó el fiscal Stornelli en su requerimiento.

“Desde la jefatura de la organización delictiva se encomendó su coordinación al ex secretario de obras públicas, José Francisco López, su ejecución al entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción entre los años 2004 y 2012, Carlos Guillermo Enrique Wagner, y su materialización al financista Ernesto Clarens, a través de la recepción de los pagos y eventual cobro de divisas”, se leyó del documento.

“Cristina Elisabet Fernández se encontraba en la cúspide de la pirámide esquemática destinada a recolectar la mayor cantidad de dinero posible, de forma tal que todos los eslabones que se encontraron debajo, fueron instaurados, en cierto punto, a través de su aprobación”.

La acusación ubicó a Ernesto Clarens como la persona que “recibía directamente los pagos provenientes de empresas del rubro de la construcción vial, siendo el único encargado, desde un comienzo, de cambiar las divisas y de realizar las tratativas necesarias para poder girarlos luego a los destinatarios finales”.

Ese núcleo reducido de empresas constructoras que pagaban coimas y ganaban las licitaciones fue conocido como “La Camarita”.

En su declaración admitió que “las actividades aludidas las llevó a cabo cuando Néstor Kirchner era presidente, como así también después de que se reasumiera el plan establecido tras su muerte, durante la asunción de Cristina Fernández”.

Clarens “participó constantemente en el sistema cartelizado, mediante el cual se estableció un ranking de selección preestablecido, en el cual la Dirección Nacional de Vialidad (representada por Passacantando, Férgola y Periotti), iniciaba las erogaciones y luego Clarens continuaba con la recaudación de los sobornos garantizados por los privados”, estableció la Fiscalía.

Según plasmó el fiscal Stornelli en su requerimiento, este empresario “diagramó el funcionamiento y puso en práctica el sistema de recolección ilegal en el ámbito de la Cámara Argentina de Empresas Viales, en el marco de la cual se nominaba a las empresas postulantes que podían llegar a ganar una licitación aun sin contar con los requisitos legales establecidos“.

Acusó a Wagner de ser quien “garantizaba el procedimiento a los empresarios con relación al otorgamiento de las licitaciones y las erogaciones que debían hacerse”, y definiía “los lugares en los que debían reunirse para distribuirse las obras, garantizando de alguna manera las recaudaciones que se hacían en su ámbito injerencia”.

“Baratta me llamó por teléfono y me insinuó que tenía que empezar a aportar dinero para las campañas electorales. Después comenzó a presionarme para eso y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de campaña electoral, porque la presión de Baratta era mucha”, relató el accionista mayoritario de IECSA.

“No recuerdo con exactitud los montos, pero rondaban aproximadamente los cien mil o doscientos mil dólares”, agregó en su declaración ante el fiscal Stornelli.

Del requerimiento también se leyó la declaración de Juan Chediak, presidente de la firma JOSE J. CHEDIACK S.A., quien reveló presiones directas de Julio De Vido.

“Me dijo “Si querés seguir trabajando tenés que pagar”. Realmente me sentí amedrentado con esta situación, nunca me había pasado algo similar”, reveló.

Sobre cómo pagó las coimas, precisó: “En alguna oportunidad me hizo ir al Ministerio a la calle Hipolito Yrigoyen, esa veces me la hacía dejar en el baño. Las sumas rondaban los 100.000 y 250.000 pesos. Las entregas se hacían Ministerio Público de la Nación siempre en pesos y con frecuencia mensual. Siempre las entregas se las hice a él, a De Vido, en su casa, en su living al lado de unos bonsái. Y si era en el Ministerio, me decía que deje los paquetes de dinero en el baño".

También identificó a Ernesto Clarens como el financista de los Kirchner, y aseguró que daba “instrucciones muy precisas” sobre cómo se manejaba el sistema de recaudación.

Patricio Gerbi, presidente de la empresa COARCO S. A., declaró que el ex funcionario a cargo de las concesiones viales Claudio Uberti, por orden de Néstor Kirchner, le encomendó “hacer un aporte de dinero regularmente o atenernos a las consecuencias” en una reunión con su socio Eduardo Herbon, presidente de EQUIMAC.

“Después de la reunión de Herbon con Uberti, nos reunimos con Herbon y decidimos que no íbamos a cumplir con las exigencias de Uberti. Herbon también se negó a transmitirle al resto de los concesionarios el pedido de Uberti. A partir de ahí empezaron las presiones”, continuó el arrepentido.

Y detalló: “Uberti me citaba a las oficinas del OCCOVI, en el tercer piso de Paseo Colon y Alsina, me hacía esperar entre 45 minutos y una hora, después me hacía pasar a su oficina y en el trascurso de la reunión mientras yo hablaba el miraba las pantallas de televisión que tenía en una estructura junto a su escritorio, y me decía, “Vos sabes lo que tenés que hacer” “Te voy a hacer cagar” “Te voy a hacer fundir” “Me voy a quedar con tu empresa” “Voy a ir por vos y por tu familia”. Su trato era violento, humillante, maltratador, y soberbio”.

Luego señaló otras formas de presión que se tradujeron en incrementos tarifarios, multas, demora en pagos y quitas de capital, entre otras.

Gerbi reconoció, además, que empezó a pagar coimas desde mediados de 2004 para revertir la situación.

“Las entregas eran tres entregas por año aproximadamente, eran en pesos y equivalentes a aproximadamente entre 15.000, 20.000, o 25.000 dólares, cada una de ellas, pero Uberti nunca estaba satisfecho, continuaba amenazándonos”, declaró el empresario.

El Tribunal Oral Federal N°7, presidido por Enrique Méndez Signori junto a Germán Castelli y Fernando Canero -más el juez suplente Néstor Costabel- dio apertura a la sala digital poco antes de las 13:45, con Julio De Vido y José López conectados desde sus respectivos lugares de encarcelamiento.

El imputado Juan José Luciano no se encontró presente en la audiencia, pero fue representado por sus abogados. Luciano, empresario, de 82 años, titular de la empresa que lleva su nombre, acusado del pago de 12 coimas en el caso de “La Camarita”, sufrió ayer un desmayo en la calle, que llevó a que sea asistido por el SAME.

La fiscal Fabiana León, en cambio, aseguraba que no hallaba el certificado médico de León en el sistema judicial. “Se confirmó la firma pero no se incorporó”, explicó el secretario Ernesto Ruiz.