Fraude con la VTV: el ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio no respondió preguntas y presentó un escrito

Se defendió de la acusación fiscal que lo señaló por un presunto direccionamiento de las licitaciones del servicio a compañías que aceptaron pagar coimas disimuladas con una empresa intermediaria

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Jorge D'Onofrio, ex ministro de
Jorge D'Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires

El ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, se anticipó a la citación a indagatoria que tenía programada para hoy y, en cambio, presentó el viernes un escrito para defenderse de la acusación en su contra en la causa donde se investiga un fraude millonario con la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el ex funcionario negó la imputación que sostiene el fiscal de La Plata Álvaro Garganta por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Las denuncias lo habían empujado a renunciar en diciembre del año pasado.

Según dictaminó la acusación al pedir las indagatorias, entre marzo de 2023 y enero de 2024 el entonces ministro de Axel Kicillof habría celebrado acuerdos espurios con siete empresas para garantizarles la adjudicación del servicio de VTV a cambio de coimas.

Las compañías beneficiarias fueron Sistema Integral del Automóvil SA, VTV Sud SA, Carpes All SA, SGS Argentina SA, VTV Norte SA, Applus Iteuve Argentina SA y VTV Noroeste SA.

Los máximos responsables de esas firmas completan la lista de acusados junto con Sebastián Andrés Desio, presidente de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, la presunta “intermediaria” entre D’Onofrio y quienes ofrecían el servicio de verificación vehicular.

Las empresas adjudicatarias de la VTV se comprometieron a contratar a Soluciones, la cual les cobraría un canon mensual durante los diez años de duración de la concesión. Según el fiscal Garganta, en estos pagos se escondería el supuesto retorno económico que terminaba en los bolsillos del ministro.

¿Cuánto dinero hay en juego? Los documentos que constan en la causa dan cuenta de que entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 Soluciones recibió una cantidad neta superior a los 4.995 millones de pesos de parte de las adjudicatarias.

El servicio que ofrece Soluciones es para el manejo de la plataforma de la VTV, donde se gestionan los turnos y el pago electrónico.

Jorge D'Onofrio está imputado por
Jorge D'Onofrio está imputado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública

Esta empresa fue calificada por el fiscal platense como una firma “vacía y sin experiencia” en el rubro tecnológico. Garganta destacó en su dictamen que la empresa de Desio no registró ingresos económicos entre 2021 y 2023, y tampoco poseía bienes, herramientas, vehículos o empleados con antecedentes en el área de las “innovaciones tecnológicas” ofrecidas al Ejecutivo provincial.

La defensa de D’Onofrio se encargó de confrontar esa versión. Ratificaron que su contratación se hizo en regla, no representó un gasto superfluo para las arcas públicas y representó una mejora en materia de transparencia para el sistema.

Pero en la investigación hay algunos datos difíciles de explicar. Por ejemplo, se descubrió que Soluciones fue adquirida por Desio el 10 de mayo de 2023. Apenas cinco días después logró un millonario acuerdo de prestación de servicios con las empresas de VTV, antes de que estas fueran oficialmente adjudicatarias.

“Era en realidad una garantía o seguro previo e indispensable para que el Ministro firme la adjudicación del servicio de VTV, a fin de establecer la obligación que las empresas iban a tener luego de resultar adjudicatarias: abonar a Soluciones SA una suma de dinero determinada”, estableció el fiscal Garganta.

Sebastián Desio, además, habría tenido un vínculo estrecho con D’Onofrio, su entorno y el Frente Renovador, donde el funcionario es dirigente. Se identificó que frecuentaba el Ministerio de Transporte bonaerense y participaba en actividades políticas.

La Fiscalía lo ubicó como un allegado a colaboradores directos del ministro, como Tomás Uthurriague (ex director de Sistemas del Ministerio), con quien habría compartido militancia política. También como alguien de “íntima confianza” de Claudia Pombo, otra imputada allegada a D’onofrio y anteriormente presidenta del Concejo Deliberante de Pilar.

Además, la Inmobiliaria Desio, a cargo del padre del empresario imputado, gestionó el alquiler de un inmueble para el Ministerio de Transporte en 2024. D’Onofrio reconoció este vínculo y focalizó allí su relación con esa familia.

Ruta del dinero y fotomultas

Luego de recibir el dinero de las empresas mencionadas -que según la acusación serían coimas disimuladas- en este circuito, Desio compraba “inmediatamente” dólares y luego los retiraba en efectivo por ventanilla en un banco.

“Es una típica maniobra para hacer desaparecer el rastro de toda moneda”, sostuvo el fiscal Garganta.

Los presuntos retornos que iba a cobrar el dueño de Soluciones “estarían finalmente dirigidos a favor del Ministro de Transporte”, completó la acusación.

Siete empresas que habían ganado
Siete empresas que habían ganado las licitaciones de la VTV están acusadas de haber pagado coimas para quedarse con el negocio

Mañana tiene la oportunidad de declarar el dueño de Soluciones S:A. Si decide hablar podría torcer el rumbo de la causa y poner aún más contra las cuerdas al exministro.

Cabe recordar que D’Onofrio también es investigado en La Plata por corrupción con las fotomultas. En palabras del fiscal, por “valerse de su función y del acceso al Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito” para articular, en connivencia con funcionarios de su entorno como Claudia Pombo y el juez de faltas Mario Quattrochi, una maniobra fraudulenta mediante la cual captaban a deudores de multas ofreciéndoles reducciones ilegales del 50% a cambio de coimas.

Sebastián Desio también figura en ese esquema. Tiene un récord absoluto como infractor de tránsito con 4.930 multas en su haber.

Y en la Justicia Federal D’Onofrio viene de ser procesado y embargado en 350 millones de pesos por el juez de Campana, Adrián González Charvay, en otro expediente donde se investigan maniobras de corrupción con las multas de tránsito y la VTV, por el presunto delito de lavado de activos de origen ilícito.

En esa causa el exministro fue acusado de “sustraer de las arcas del Estado provincial y los respectivos municipios, los fondos derivados del sistema de cobro de multas de tránsito (...) acumulando siderales sumas de dinero invertidas luego para la adquisición de bienes muebles e inmuebles”.

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