
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal celebró este miércoles una audiencia oral para revisar la impugnación presentada por la defensa de José Francisco López contra la sentencia que unificó en trece años de prisión las diferentes condenas firmes que pesan sobre el exsecretario de Obras Públicas. El trámite se realizó ante los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes mantuvieron un contacto directo con el condenado, tal como lo prevé el artículo 41 del Código Penal para los casos de revisión de pena.
Durante el acto procesal, López declaró ante los magistrados y respondió preguntas sobre su situación procesal. Su defensa procura revertir la resolución dictada en agosto pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOF 2), que fijó una pena única de 13 años de cárcel, multa del 60% del valor del enriquecimiento ilícito acreditado, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, inhabilitación absoluta perpetua e inhabilitación especial. Esa sentencia integró tres condenas previas y ya firmes: el fallo en la causa de los “bolsos del convento”, la condena por administración fraudulenta en la obra pública en el caso “Vialidad” y la sanción dictada en 2017 por el delito de portación ilegal de arma de fuego.
Una unificación que integró tres condenas
López, uno de los exfuncionarios más emblemáticos de la etapa kirchnerista, acumula tres condenas confirmadas. En 2019, el Tribunal Oral Federal 1 lo encontró culpable de enriquecimiento ilícito, luego de acreditarse un incremento patrimonial sin causa cercano a los nueve millones de dólares. En diciembre de 2022, el TOF 2 lo condenó a otros seis años por fraude al Estado en el expediente conocido como “Vialidad”, donde también resultó condenada, entre otros, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La tercera condena se remonta a octubre de 2017, cuando un juzgado correccional de Mercedes le aplicó un año y siete meses de cárcel por portación ilegal de arma de uso civil, el mismo revólver secuestrado en la noche de su detención en el convento bonaerense de General Rodríguez.

Tras agotarse en junio pasado la vía recursiva en los casos de corrupción -luego de que la Corte Suprema desestimara los recursos extraordinarios del exfuncionario-, la defensa solicitó ante el TOF 2 la unificación de todas las penas. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se opusieron, al considerar que algunas sanciones parciales ya debían reputarse extinguidas según el artículo 16 del Código Penal. En forma subsidiaria, pidieron que, si el tribunal avanzaba con la unificación, fijara una pena única de trece años y seis meses, sobre la base de la gravedad del perjuicio ocasionado al Estado y del incremento patrimonial acreditado en la causa de enriquecimiento ilícito.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron los argumentos de la fiscalía y establecieron una pena de trece años. En su resolución remarcaron que los hechos atribuidos a López “involucran graves supuestos de corrupción cometidos desde la primera línea del Estado Nacional”, advirtieron que las conductas imputadas “exhiben peligrosidad” y señalaron que el exsecretario “se ha valido para cometerlos de una variedad de medios”. El tribunal también mantuvo las inhabilitaciones y el decomiso de bienes dispuesto en las sentencias previas.
La figura de López, en rigor, quedó asociada al episodio ocurrido la madrugada del 14 de junio de 2016, cuando fue sorprendido intentando ocultar en un convento de General Rodríguez bolsos que contenían casi nueve millones de dólares, joyas y un arma de fuego. Esa escena quedó filmada y fue utilizada por los magistrados para dictar sentencia en su contra.

Por otro lado, el exfuncionario enfrenta desde desde noviembre un nuevo debate oral en el marco de la causa “Cuadernos”, donde se investigan presuntos pagos ilegales de contratistas al Ministerio de Planificación Federal, encabezado entonces por Julio de Vido.
Tras escuchar a las partes que integran el expediente y recibir la declaración personal del propio imputado, la Sala IV del máximo tribunal penal del país dejó el trámite listo para su resolución. No se anticiparon plazos para la decisión, que será notificada a la defensa y al Ministerio Público Fiscal. Hasta entonces, López continuará cumpliendo su pena en la cárcel federal de Ezeiza.
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