La Corte Suprema de Justicia revocó este jueves una resolución del máximo tribunal bonaerense que había confirmado el sobreseimiento de Mario Daniel Caputo, ex diputado provincial acusado de haber simulado la contratación de una empleada en la Cámara baja local para apropiarse de los fondos correspondientes.
La decisión fue firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes dejaron sin efecto la sentencia por remisión a un precedente del propio tribunal.
El caso se inició en el marco de una investigación penal abierta contra Caputo, quien integró la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015 en representación de la 7° sección por el bloque Frente para la Victoria.
También fue precandidato a intendente de Azul por esa alianza, saliendo segundo en la interna de 2015. Además, se desempeñó como secretario de Desarrollo Institucional de la Defensoría del Pueblo bonaerense en 2017 y, más tarde, como asesor ejecutivo del Ministerio de Educación de la Nación desde septiembre de 2021 hasta el final del mandato presidencial de Alberto Fernández.
En la causa se lo acusa de haber incorporado irregularmente a la planta de empleados temporarios de la Cámara de Diputados bonaerense a una joven de su ciudad natal, Azul. Según la acusación, habría proporcionado los datos personales de la damnificada sin su consentimiento para celebrar un contrato de locación de servicios con la finalidad de quedarse con la remuneración correspondiente durante casi un año.
La maniobra investigada fue considerada similar a la que se atribuye a Julio “Chocolate” Rigau, también en el ámbito de la Legislatura ubicada en la ciudad de La Plata. Ese episodio ocurrió el 9 de septiembre de 2023, cuando el puntero del PJ resultó detenido en un cajero automático del Banco Provincia en las calles platenses 7 y 54.
Un testigo declaró que lo encontró realizando extracciones con múltiples tarjetas y dio aviso a la policía. Al momento de su aprehensión, se le secuestraron 1.260.000 pesos en efectivo y 48 tarjetas de débito. De acuerdo con la acusación, ahora elevada a juicio oral, estos plásticos pertenecían a personas registradas como empleados del Congreso provincial, pero que no cumplían funciones efectivas. Según la fiscalía, esas personas prestaban su nombre para que sus salarios fueran utilizados para financiar actividades de un sector político. Rigau fue imputado junto a Claudio Albini, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados local, y su hijo Facundo Albini, exconcejal de La Plata, por presunta defraudación al Estado.
En el caso del ex legislador Caputo, de 58 años, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que existían elementos suficientes para continuar la investigación y cuestionó el sobreseimiento dictado por los tribunales provinciales. Sin embargo, la Suprema Corte bonaerense declaró inadmisible el recurso de la fiscalía por considerarlo extemporáneo, con lo cual mantuvo el sobreseimiento.
Ante esa decisión, el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, presentó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su presentación, pidió que se revisara la resolución provincial y se garantizara el análisis del recurso del Ministerio Público.
Llegado el expediente de manera directa ante la Corte, sus tres ministros resolvieron hacer lugar al planteo de Conte Grand y dejaron sin efecto la decisión de la Suprema Corte bonaerense. En su fallo, los jueces consideraron que el tribunal de la provincia debía revisar los planteos interpuestos por la fiscalía en relación con la temporaneidad del recurso para que continúe el trámite conforme a derecho.
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