Thomas Cooper, un niño estadounidense de cinco años, falleció durante un tratamiento en una cámara hiperbárica de un centro médico de Troy, Míchigan (EE.UU.) para “síntomas de TDAH, hiperactividad, y salud del sueño y general”, según las declaraciones de una enfermera del centro. El accidente ocurrió el 31 de enero, cuando la cámara de oxígeno presurizada explotó y se incendió, atrapando al menor en su interior y dejando a su madre herida al intentar rescatarlo.

De acuerdo con los documentos judiciales, Thomas Cooper, originario de Royal Oak, estaba sujeto dentro de la cámara cuando “una sola chispa provocó un incendio” que, según la fiscal general Dana Nessel, “acabó con la vida de Thomas en cuestión de segundos”. La cámara, fabricada por Sechrist Industries y operada por el Oxford Center, se transformó en lo que los abogados de la familia describieron como un “incinerador humano”, imposibilitando cualquier intento de rescate inmediato debido a su diseño y a la imposibilidad de despresurizarla con rapidez.

El accidente motivó la apertura de un proceso penal. En marzo, la fundadora y directora ejecutiva del centro, Tamela Peterson, fue acusada de homicidio en segundo grado. Junto a ella, el gerente Gary Marken y el responsable de seguridad Gary Mosteller enfrentan cargos de homicidio en segundo grado e involuntario, mientras que la operadora de la cámara, Aleta Moffitt, fue imputada por homicidio involuntario y por añadir información médica falsa en el historial clínico. Todos los acusados se declararon no culpables ante la magistrada Elizabeth Chiappelli. La defensa, encabezada por Raymond Cassar, insistió en que se trató de “un accidente trágico” y recalcó que no existió intención alguna de causar daño.

Paralelamente al proceso penal, los padres de Thomas, James y Juana Cooper, presentaron una demanda civil por 100 millones de dólares (unos 85.167.993 euros) contra el Oxford Center, Sechrist Industries y los empleados implicados. James Harrington, abogado del despacho Fieger Law que representa a la familia, sostiene que los responsables priorizaron el beneficio económico sobre la seguridad de los pacientes, al no advertir a los padres sobre los riesgos mortales de la cámara en caso de incendio. La demanda califica la conducta de los acusados como “consciente, deliberada y depravada”, y subraya que “la muerte de Thomas no fue un accidente trágico, sino una consecuencia previsible e inevitable de la indiferencia insensible hacia la vida humana”. Los abogados acusan a los demandados de no haber tomado ninguna medida para mitigar el riesgo, a pesar de conocer los peligros inherentes al funcionamiento de la cámara. “Los acusados sabían con una certeza absoluta que si empezaba un fuego en una de sus cámaras, el paciente en su interior se quemaría vivo, con cero oportunidades de sobrevivir”, valoran desde Fieger. Según el abogado de la familia, “estas máquinas son un problema” y “las personas que las manejan son un problema. Y hemos visto en qué pueden resultar estos problemas. Han resultado en la muerte del joven, precioso Thomas”.

El caso ha puesto en el centro del debate el uso de la oxigenoterapia hiperbárica, un tratamiento que consiste en suministrar oxígeno puro en un entorno presurizado para aumentar la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos del cuerpo. Si bien la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha aprobado este procedimiento para 13 afecciones específicas, como heridas de difícil cicatrización, intoxicación por monóxido de carbono y enfermedad por descompresión, el Oxford Center ofrecía terapias para más de 100 condiciones, incluyendo VIH, epilepsia, autismo y TDAH, muchas de ellas sin aval científico ni autorización regulatoria. La demanda destaca que el centro publicitaba estos tratamientos en su página web, pese a la falta de evidencia sobre su eficacia para la mayoría de las afecciones mencionadas.

La seguridad de las cámaras hiperbáricas ha sido objeto de preocupación por parte de las autoridades sanitarias. En agosto, la FDA reconoció la existencia de informes sobre lesiones graves y muertes relacionadas con el uso de estos dispositivos, aunque la causa raíz de los incidentes permanece sin esclarecerse. Los documentos legales presentados por Fieger Law señalan que el diseño de la cámara Sechrist imposibilitaba la extracción de emergencia y que la combinación de oxígeno puro y alta presión creaba un entorno donde una simple chispa podía desencadenar un incendio letal. “En esencia, se convierte en una cámara de la muerte”, sostiene la demanda. “Se convierte en un infierno incontrolable en segundos, y la puerta presurizada no puede abrirse hasta que la cámara se ha descomprimido”.

Tras el fallecimiento de Thomas, la instalación fue precintada por orden judicial para preservar las pruebas, según explicó James Harrington, socio director de Fieger Law. Durante la rueda de prensa en la que se anunció la demanda civil, Harrington advirtió sobre los riesgos de estas máquinas y mencionó que, después del incidente en Míchigan, se reportó al menos otra muerte en Estados Unidos vinculada a cámaras hiperbáricas. La controversia ha generado reacciones encontradas: mientras los abogados de la familia y la fiscalía insisten en la negligencia y la conducta deliberada de los acusados, la defensa mantiene que se trató de un accidente lamentable.