
La revelación de que Diego Spagnuolo habría eliminado información de su teléfono móvil horas antes de un allanamiento, que salió a la luz este viernes, es un dato clave de la investigación por presunta corrupción en la compra de medicamentos. La causa involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y podría comprometer a figuras cercanas al gobierno. Este dato, hasta ahora reservado, se suma a una serie de pruebas que han cobrado relevancia tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa.
El informe técnico elaborado por personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) detalló que, tras la extracción forense del iPhone 16 pro max incautado a Spagnuolo, se detectó que el dispositivo había sido manipulado poco antes de su secuestro. Según el análisis, “la extracción evidenciaba el borrado de información previo a su entrega a la instrucción, así como también intentos de restablecimiento de la cuenta de WhatsApp en otro dispositivo, realizadas el 21 de agosto a las 15:43 hs”. El operativo de incautación se realizó en el barrio privado Altos de Campo Grande, en Pilar, provincia de Buenos Aires, y permitió asegurar el teléfono mientras aún se encontraba desbloqueado y operativo.
La extracción parcial de datos, efectuada mediante la herramienta forense (UFED en modalidad AFU-after first unlock), posibilitó recuperar una clave asociada a la cuenta de iCloud del dispositivo y constatar la eliminación manual de mensajes.

El personal de DATIP verificó la existencia de numerosos mensajes de WhatsApp con la leyenda “...end to end encrypted”, lo que, según el informe, “indicaría un vaciado del chat en forma manual, quedando instanciado automáticamente el mensaje inicial de sincronización de la aplicación, el cual indica al iniciar el chat que se ha establecido un canal cifrado entre los dos interlocutores”.
El fiscal pidió medidas
Ante estos hallazgos, el fiscal Franco Picardi, a cargo de la instrucción de la causa, solicitó al juez Sebastián Casanello que ordene a Telecom Personal Argentina la provisión, en un plazo máximo de 24 horas, de una tarjeta SIM vinculada al número asignado al teléfono secuestrado. Además, pidió que se prohíba la reasignación de esa línea a su titular mientras dure la diligencia, y que se amplíe la orden de registro sobre los dispositivos electrónicos de Spagnuolo, incluyendo las posibles copias de seguridad almacenadas en su cuenta de iCloud.
Según el informe, el objetivo es intentar una sincronización de iCloud con un dispositivo controlado por DATIP, utilizando la contraseña obtenida durante la extracción forense, para restaurar el último backup y así recuperar material probatorio que podría haber sido eliminado horas antes del allanamiento.
La fiscalía fundamentó su pedido al juez en la necesidad de “neutralizar los efectos de las maniobras contraforenses realizadas con anterioridad al secuestro del dispositivo”.
El origen de la causa
El origen de la investigación se remonta a la denuncia presentada por Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner en causas civiles. A partir de esa denuncia, se incorporaron pruebas como testimonios de allegados, registros de ingreso y egreso a countries, peritajes a dispositivos electrónicos, y allanamientos a cajas de seguridad. Entre los elementos más relevantes de esta causa figuran los audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se describe el presunto mecanismo de distribución de sobreprecios entre Lule Menem y Karina Milei. La difusión pública de estos audios, realizada el 22 de agosto por los periodistas Jorge Rial y Maurio Federico en Carnaval Stream, aceleró el avance de la causa.
El fiscal ordenó la transcripción de los audios y tanto las defensas como la organización Poder Ciudadano solicitaron peritajes para determinar la autenticidad de las voces y verificar si los archivos fueron editados. Paralelamente, la defensa de la droguería pidió que se anulen como prueba. Martín Magram, abogado de la empresa, argumentó que las operaciones de compra de medicamentos ya habían sido objeto de una investigación anterior, archivada por inexistencia de delito, e invocó el principio de ne bis in idem, que impide juzgar dos veces los mismos hechos.

La declaración testimonial de Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario, aportó nuevos datos a la investigación. Ante el fiscal Picardi, Cerimedo ratificó que en las conversaciones el exfuncionario mencionaba a Karina Milei y a Lule Menem, en concordancia con lo que surge de los audios. Además, relató que Spagnuolo le manifestó su descontento por haber sido excluido “del negocio”.
En el marco de la causa, la Justicia también incautó los correos laborales y el contenido del servidor de Suizo Argentina. Según la investigación, la Andis no realizaba las compras de medicamentos mediante licitaciones tradicionales, sino a través de concursos privados de precios para cada fármaco, en función de la necesidad de cada paciente. Suizo Argentina figura como proveedor central en este esquema por su capacidad logística y sus entregas diarias en todo el país.
La Justicia también incautó los expedientes administrativos de la Andis y las facturas emitidas por la droguería, mientras que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la documentación en busca de sobreprecios y posibles irregularidades en los procedimientos. Según fuentes judiciales, hasta el momento se habrían detectado irregularidades administrativas en la Andis, un aspecto que formará parte de las medidas de investigación durante los próximos días.
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