En el marco del expediente conocido como los ”Cuadernos de la corrupción”, la Sala I de la Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento del empresario Rodolfo Poblete, ex ejecutivo de la firma Hidrovía S.A. y acusado de ser partícipe necesario del pago de coimas a exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner durante la tramitación de la concesión de la ruta fluvial.

Rodolfo Armando Poblete fue de los primeros empresarios en quedar bajo la lupa del fiscal Carlos Stornelli tras corroborarse que aparecía en las anotaciones de Oscar Centeno, chofer del entonces subsecretario Roberto Baratta, mano derecha del ministro de Planificación Federal Julio de Vido. En efecto, en 2018, el exgerente de Hidrovía S.A., firma de Gabriel Romero, dueño del holding EMEPA, quedó procesado como “partícipe necesario del delito de cohecho activo, reiterado en dos oportunidades”.

“Lo llevé al licenciado Baratta y a Nelson Lazarte al 2do subsuelo de Alvear 1491, donde lo esperaba Rodolfo Paulette (sic), donde le entregó un bolso con 300 mil dólares al Lic. Baratta mientras con Nelson presenciamos desde el auto", decía una de las entradas del conductor ministerial.

El exgerente había sido citado a indagatoria acusado de haber entregado, el 19 de marzo de 2010, un bolso con 300 mil dólares a Baratta, entonces subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal y uno de los funcionarios de mayor confianza del ministro Julio De Vido. Según la imputación, ese dinero provenía de Hidrovía S.A. También se le atribuyó otra entrega de 300 mil dólares el 20 de enero de 2010 en Avenida Corrientes 316, y un pago adicional el 9 de agosto de 2013 a Nelson Lazarte, secretario privado de Baratta, en esa misma dirección.

Estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz hasta que su jefe admitió haber ordenado el pago de sobornos.

Tiempo después, al declarar en calidad de arrepentido bajo la Ley 27.304, Poblete reconoció dos de las operaciones y relató que Baratta lo había contactado para pedirle que presionara al titular de Hidrovía S.A. para realizar un pago de 600 mil dólares a fin de que el Poder Ejecutivo dictara el decreto 113/2010, con el que luego se cerraría la renegociación de la concesión de la vía navegable.

Así las cosas, el fallecido juez Claudio Bonadio dictó su “falta de mérito” después de considerar que no había elementos para responsabilizarlo de manera directa y que había actuado siguiendo órdenes de su superior jerárquico. Sin embargo, apelación fiscal mediante, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y dispuso su procesamiento como “partícipe necesario” de los sobornos.

Al adoptar esa postura, la Sala I del tribunal de Alzada reseñó que Poblete, “gerente de Hidrovía SA, fue quien efectuó los pagos indicados a Roberto Baratta y Néstor Lazarte durante el año 2010, en los domicilios de Av. Corrientes N° 316 y en Av. Alvear N° 1491, por orden del titular de aquella firma, Benjamín Gabriel Romero. A su vez, según ha podido acreditarse en el sumario, dichas entregas guardan vinculación con el dictado del Decreto PEN N° 113/2010, que en enero de ese año ratificó el acta de renegociación del contrato de concesión con Hidrovía S.A".

Luego agregó: “el Magistrado Instructor consideró que no existía mérito suficiente para disponer el procesamiento de (...) Poblete (...). Pero esa no fue la visión de los acusadores (...). Nótese que los nombrados no eran simples empleados sin poder de decisión, que se limitaban ciegamente a cumplir órdenes de un superior. Ellos conformaban el núcleo directivo de cada empresa, representándolas en el mundo de los negocios, tanto en su faz lícita como en los pactos venales que salieron a la luz con la presente investigación. Por lo demás, no es casual que hayan sido ellos el `contacto´ o la `persona de confianza´, que en cada caso tuvo a su cargo efectuar la entrega prometida. Es por ello que el rol desempeñado los coloca en cómplices primarios de cada uno de los actos cometidos, por los cuales deberán responder”.

La situación procesal de Poblete llegó a tramitar incluso hasta en la Corte Suprema, que llegado el caso ordenó reenviar las actuaciones ante la Cámara Federal de Casación. Allí el camarista Diego Barroetaveña fue el encargado de liderar el acuerdo de la Sala I.

En su voto, luego de elaborar una reseña de los antecedentes del caso, el juez destacó que la resolución de la Cámara Federal “dio fundamentos mínimos y suficientes al considerar que en el asunto habría elementos que, con el grado de provisoriedad propio de la etapa en la que se encontraba el proceso, permitirían estimar a priori configurada la materialidad del hecho y su encuadre jurídico”.

A su vez, expresó: “más allá de la discrepancia de la defensa acerca del valor de convicción de los elementos reunidos en el legajo para tener por configurado el tipo penal por el que fue indagado, lo cierto es que el debate oral y público es el escenario adecuado para disipar las cuestiones alegadas, por lo que el auto provisorio de mérito motivo de revisión por orden del Superior, el que requiere para su dictado de la existencia de elementos probatorios suficientes (...), aparece razonablemente fundado por la Cámara a quo”.

Por último, al proponer el rechazo del recurso de casación, expuso: “la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, que revocó la falta de mérito de Rodolfo Armando Poblete y decretó su procesamiento en orden al delito de cohecho activo, reiterado en dos ocasiones, los que concurren entre sí de manera real, cuenta con los fundamentos jurídicos necesarios y suficientes (...), a la vez que está exenta de fisuras lógicas y resulta una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las particulares circunstancias de la causa”.

El juez Petrone compartió la propuesta de su colega y, respecto al inminente debate oral y público del caso “Cuadernos”, señaló que constituía “el escenario propicio donde deberán dirimirse las cuestiones que aquí se deducen como agravios”.

El juicio al que hizo alusión comenzará el 6 de noviembre ante el Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. En el banquillo estarán sentados más de cien imputados, entre exfuncionarios y contratistas acusados de integrar una red de pagos de coimas entre 2005 y 2015. La lista incluye a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner; al exministro de Vido y sus hombres de confianza Baratta y el exsecretario de Obras Públicas José López; a los empresarios Lázaro Báez y Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri-, junto con otros referentes del sector privado de la construcción y la obra pública.

Recientemente, más de 40 imputados arrepentidos comenzaron a exponer sus ofrecimientos económicos amparados bajo la figura de la “reparación integral”, una figura penal que permite evitar el juicio oral a cambio de un desembolso dinerario validado por los jueces.

La fiscal del caso, Fabiana León, se opuso a todas las propuestas dinerarias. Será el TOF 7 quien defina si las acepta o no.