Midachi, Magic Johnson, un amante y el abuelo: los “motivos” para justificar un enriquecimiento ilícito de más de 200 millones de pesos

El trío humorístico “Midachi”, el ex basquetbolista estadounidense “Magic” Johnson, un amante y un abuelo lograron convivir en una causa judicial por corrupción. Esos fueron los argumentos que se llevaron a un expediente para intentar justificar un enriquecimiento de más de 200 millones de pesos de un ex funcionario de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

La historia es la de Ricardo Oreste Garione, subgerente de Estudios y Proyectos de la DNV entre 2008 y 2016, y la de su familia. Javier Iguacel, titular del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, denunció a fines de 2017 a Garione por el presunto direccionamiento de una licitación y por enriquecimiento ilícito.

Primero, Garione fue procesado por el juez federal Sebastián Casanello por las irregularidades en la licitación y lo envió a juicio oral. Y avanzó en la investigación sobre su patrimonio. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, determinó que Garione tenía un patrimonio actualizado de 205.259.547,20 de pesos. “Garione debió registrar al menos un 84% más de sus ingresos declarados para que las diferencias determinadas pudieran justificarse”, consta en la causa a la que accedió Infobae.

La lista de bienes que la justicia le imputó a Garione como ilícitos es muy amplia: tres casas en Santa Fe y Córdoba; cuatro edificios en Córdoba y provincia de Buenos Aires; el desarrollo de un barrio privado de 26 lotes en Córdoba y una reserva natural privada en uno de los límites del Bañado La Estrella, en Formosa; dos terrenos en Santa Cruz y Santa Fe; tres chacras en Formosa; tres departamentos en Capital Federal -uno sobre la avenida Del Libertador-, provincia de Buenos Aires y Córdoba; una casa en el barrio privado “Nordelta”; titular de la empresa constructora Tecta SA; participación en otras sociedades y compra de moneda extranjera. Y también siete vehículos, entre ellos una moto Harley Davidson de colección.

“Se enriqueció de modo exorbitante”, sostuvo la acusación y ese enriquecimiento fue producto, según la hipótesis de la justicia, de su pasó por la función pública. Muchos de esos bienes están a nombre de la esposa de Garione, Cecilia Ortiz, de su ex pareja Silvana Calderón y de los hijos que tuvo con ella, Carola y Manuel.

Ante la acusación de enriquecimiento ilícito, la Justicia intimó a los acusados a que justifiquen sus bienes. Y lo hicieron. Explicaron que eran producto de trabajo, ahorros, inversiones, indemnizaciones, donaciones, inmuebles en alquiler. Lo que en el expediente llamó la atención fueron las explicaciones de Calderón.

La exesposa de Garione contó que trabaja desde los 18 años como modelo y promotora de “marcas exclusivas” y que cumplió ese rol en “Midachi”, el famoso trío humorístico que integraron Dady Brieva, Miguel del Sel y Darío “Chino” Volpato. Explicó que eso le permitió ahorrar y comprar dólares que decidió “esconderlos en el colchón” porque no confiaba en los bancos.

Otra explicación que dio fue que en 1994 fue “acompañante” (lo dijo en esos términos) del basquetbolista estadounidense Earvin “Magic” Johnson los días que estuvo en Argentina y que por esa función fue “muy bien remunerada”.

Calderón en su presentación contó que en 1998 se casó con Garione y se fueron a vivir a la ciudad de Río Turbio, en Santa Cruz, donde puso el negocio “Esencias del Boticario”. Y allí apareció otra justificación de su patrimonio: un amante. “Uno de sus clientes era un gran empresario chileno, con quien luego había desarrollado una relación sentimental, fruto de la cual había recibido donaciones económicas, aunque dijo que por respeto a su familia y al paso del tiempo no revelaría su nombre”, consta en la causa.

Otra de las respuestas que la mujer dio fue una donación de 75 mil dólares que le hizo el abuelo de sus hijos, Oreste Garione, padre del ex funcionario. Calderón explicó que se separó en 2001 y en 2004 formalizó el divorcio sobre el que no hubo división de bienes. Pero en 2008 el abuelo de sus hijos le donó los 75 mil dólares “en retribución por no haber reclamado” nada en el divorcio y que con eso se compró un inmueble en la localidad bonaerense de Don Torcuato.

La mujer también mencionó que fue gerenta de ventas de empresas, que hizo promociones de carreras de automovilismo, que fue dueña de una agencia de publicidad y que tuvo proyectos de comercialización y distribución de panadería y de limpieza final de obras en varios barrios de la zona norte de la provincia de Buenos Aires y de construcción de piscinas.

Pero la justicia no creyó en los argumentos. Básicamente porque no se presentó documentación que la respalde. Tampoco del resto de los acusados.

“Ninguno de ellos presentó declaraciones juradas ante el fisco ni rindió cuentas formales acerca de sus ingresos durante el período investigado”, sostuvo el juez Casanello cuando procesó en agosto del año pasado a los acusados. Lo mismo sostuvo la Cámara Federal cuando en diciembre ratificó esa decisión.

“Los intentos de justificación se basaron en meras referencias sin soporte documental suficiente, como ser la aseveración de que se habían realizado prestaciones independientes en el ámbito privado, las cuales no fueron especificadas”, señalaron los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Respecto de Calderón, agregaron que sus explicaciones “no resisten un mínimo análisis a la luz del sentido común, la lógica y la experiencia” porque “no existen registros bancarios, declaraciones juradas ni otras constancias que permitan acreditar sus dichos”.

Así, para la justicia, la esposa de Garione, su ex pareja y sus hijos prestaron sus nombres para ser testaferros del ex funcionario. La Cámara señaló que la “absoluta desproporción entre los ingresos y el patrimonio” del ex funcionario y del nivel de vida y gastos “no pudo pasar desapercibido para su núcleo familiar primario, cuyos integrantes tuvieron un relevante rol al contribuir para que Garione pueda enriquecerse de forma oculta o encubierta”.

Para la justicia el motivo del enriquecimiento del ex funcionario fue la corrupción en su cargo de Vialidad Nacional.

La única diferencia entre el juez Casanello y la Cámara Federal fue el delito. El magistrado de primera instancia había procesado a los acusados por lavado de dinero, mientras que la Cámara revocó esa decisión y lo hizo por enriquecimiento ilícito.

Además de Garione, su pareja, su ex esposa y sus hijos también están procesados Tomás Prato y Marcelo Fedrizzi. Los dos “aparecen involucrados en todos los negocios inmobiliarios que emprendió Garione” y además formaron parte de la empresa que fue beneficiada con el direccionamiento de la licitación por la que el ex funcionario ya fue enviado a juicio oral.