En el marco de un megajuicio que contó con 36 imputados por distintos delitos en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Mar del Plata dictó este lunes penas de hasta ocho años y tres meses de prisión contra una banda condenada por conformar una asociación ilícita responsable de llevar a cabo más de 300 fraudes previsionales por un estimado de casi 100 millones de pesos.
Los jueces subrogantes Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas y Karina Yabor tuvieron por acreditado que el estudio jurídico Organización Jurídica Previsional SRL, con base en la Avenida Paso al 2880 de la ciudad balnearia, llevó adelante una maquinaria defraudatoria para tramitar beneficios sociales de forma irregular por medio de declaraciones laborales falsas, manipulación de dictámenes médicos, pago de coimas y adulteración de registros oficiales. Acusados por formar parte de ese engranaje, en total resultaron condenadas 15 personas, mientras que 21 fueron absueltas.
El requerimiento de elevación a juicio contó alrededor de 70 imputados, que luego se redujeron a menos de la mitad tras la firma de distintos acuerdos de reparación económica en favor del Estado, juicios abreviados y tres fallecimientos. El debate comenzó en agosto de 2023 y se extendió durante 34 jornadas con 117 testimonios, entre testigos y peritos de las defensas, el Ministerio Público y las querellas de la Anses, la Administración Federal de Ingresos Públicos -actual ARCA- y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
El fiscal Nicolás Czizik lideró la investigación y apuntó principalmente contra quienes consideró los jefes de la red delictiva: los abogados Luis Miguel Iros, Rubén David Cagni y Roberto Luis Balbuena. Los tres fueron condenados por encabezar una asociación ilícita, en concurso real con los delitos de defraudación contra la administración pública reiterado en 94 ocasiones y defraudación en grado de tentativa en 41 oportunidades. También por los ilícitos de alteración dolosa de registros reiterada en 102 casos y tenencia ilegítima de DNI ajenos ocurridos en 4 ocasiones, junto a dos episodios de cohecho activo.
Iros recibió una pena de ocho años y tres meses de prisión, mientras que Cagni obtuvo ocho años de cárcel, al igual que Balbuena. El cuarto imputado con mayor condena resultó ser Luciano Conrado Diez Suárez, sentenciado a seis años de prisión por los mismos hechos pero en calidad de miembro de la organización.
Según la postura de la fiscalía, la banda realizaba sus maniobras a través de dos estrategias principales: la simulación de vínculos laborales inexistentes y el fraude en trámites de retiros anticipados por invalidez (RTI). A través de historiales de trabajo ficcticios, accedían al cobro irregular de los beneficios jubilatorios. En ese orden, presentaban declaraciones juradas rectificativas falsas ante la AFIP y la ANSES, respaldadas con documentación manipulada. En algunos casos, usaban a personas ajenas al esquema como “empleadores”, incluyendo a un indigente, un recolector de botellas y un jubilado de 94 años.
Por su parte, la asociación contaba con un equipo de médicos y psicólogos que emitía informes adulterados. Estos dictámenes solían exagerar las condiciones de salud de los supuestos beneficiarios para justificar, así, las causales de los retiros anticipados por invalidez. Para la acusación, dentro del estudio jurídico funcionaba, además, un consultorio clandestino donde se simulaban evaluaciones médicas, cuyos informes eran firmados y sellados sin previa examinación a los pacientes.
Para garantizar el éxito de las maniobras, los líderes de la red ofrecían sobornos a funcionarios públicos. Un ejemplo citado por Czizik involucró a Luis Miguel Iros, quien en 2012 intentó sobornar a un médico de la Comisión Médica N°12 ofreciéndole 6.000 pesos por cada expediente favorable al estudio jurídico. Según publicó el Ministerio Público Fiscal, la acusación sostuvo en su alegato que no se trataba de un conjunto de delitos aislados, sino de un sistema organizado con fines económicos. “No era un estudio jurídico que gestionaba jubilaciones, sino uno que fabricaba jubilaciones”, declaró el fiscal, citando al jefe de investigaciones previsionales de la AFIP, Eduardo Bellini.
El daño causado por la organización resultó difícil de calcular con precisión. Según datos de la fiscalía, en 2017 la ANSES denunció menos de 30 fraudes, con un perjuicio estimado en 90 millones de pesos. Sin embargo, el número total de fraudes consumados en el juicio asciende a un número que triplicaría ese monto inicial, sin considerar la inflación acumulada en los años posteriores. Además, el expediente incluyó un incidente de reparación integral, donde solo ocho casos generaron una deuda de 45 millones de pesos con la ANSES, lo que reflejaría la magnitud de las maniobras.
La Organización Jurídica Previsional se constituyó en 2006 como SRL, y su accionar ilícito comprobado se remite al año 2011. En abril de 2018 se dictaron las primeras prisiones preventivas y a lo largo de la instrucción se acumularon, con la intervención de “imputados colaboradores”, un total de 370 casos de fraude. La magnitud de los hechos llevó a dividir el proceso en dos para juzgar alrededor de un centenar de acusados, entre los dueños del estudio jurídico, profesionales de salud, contadores, funcionarios y ex empleados públicos y presuntos beneficiarios previsionales.
En otros puntos de la sentencia condenatoria, los médicos Rodrigo Néstor Jones, Juan Carlos Soria, Eduardo Alberto Moyano, Gustavo Enrique Domínguez y Nazareno Di Giovanni resultaron condenados a 3 años de prisión en suspenso como miembros de la organización, mientras que su colega José Ricardo Caliyuri recibió una pena de 2 años y 9 meses bajo las mismas condiciones.
Alejandro De La Torre Kriscovich -empleado de AFIP- y el médico Ariel Fati, también vinculados al grupo, fueron sentenciados a 3 años y 2 años y 6 meses de prisión condicional, respectivamente. Walter Dubois, en tanto, obtuvo prisión condicional de 2 años por defraudación a la administración pública, mientras que Martín Daniel Barreix recibió una pena de 1 año y 6 meses de prisión en los mismos términos tras ser considerado partícipe secundario en el mismo delito.
Por último, Héctor Seri fue condenado a 3 años de prisión por tenencia ilegal de arma de guerra, aunque la pena se consideró purgada por su estadía en prisión preventiva.
Además de las condenas, el juicio oral resultó en la absolución de 21 acusados. Entre ellos se encuentran Gabriela Iros y Gabriela Biribin, cuyas absoluciones fueron solicitadas por la fiscalía, así como Fernando Daniel Fernández, quien fue absuelto pese a que el fiscal había solicitado una pena de 3 años de prisión. También fueron absueltos Rodolfo Rubén Barone, Enrique Rafael Hernández, Antonio Ernesto Baamonde, Cecilio Isaac Coronel, Carlos Alberto Berra, Luis Alfredo Isaak, Ana María Andersen, Rosa Imelda Cajal, Mauricio Herrera, Raúl Alejandro Parodi, Osvaldo Daniel Díaz, Carlos Alberto Ponce, Eduardo Mario Felicevich, Silvia Angélica Cancina, María Rosa Caram, Graciela Edith Urbano, Irene Rosa Quiroga y Mirta Alicia Palacios.
Según adelantaron los magistrados en un fallo de 30 páginas al que tuvo acceso Infobae, los fundamentos de la sentencia se conocerán el 13 de marzo de 2025 a las 13.
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