La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso presentado por Marcio Faria Da Silva, ex ejecutivo y arrepentido de la constructora brasileña Odebrecht, en la causa en la que se investigan presuntos actos de corrupción en la adjudicación de obra pública.
La defensa de Da Silva había presentado una excepción de falta de acción en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la ampliación de la red troncal de gas correspondiente a la obra “Ampliación Gasoductos TGS y TGN -obras 2006-2008-). Así, la defensa buscaba frenar la acusación en su contra por considerar que la acción penal no podía promoverse; o no fue iniciada legalmente; o no puede proseguir por surgir un impedimento legal.
El planteo fue rechazado en primera instancia por el juez Daniel Rafecas, que sustanció el caso. Apelación mediante, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal rechazó el recurso y confirmó la resolución dictada. Eso motivó la presentación de un recurso de casación, también declarado inadmisible, por no estar dirigido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
La defensa de Da Silva insistió con un recurso de queja, que también fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Frente a este nuevo rechazo, presentó un recurso extraordinario que, también denegado, motivó la interposición de una queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible dicho recurso y desestimó la presentación.
En Argentina, Odebrecht y sus socias locales son investigadas en tres causas judiciales: la investigación sobre el soterramiento del Sarmiento, que aún aguarda la definición de situaciones procesales; el caso de los gasoductos -dividida en dos tramos-; y el de la planta de Aysa en Tigre -ya elevada a juicio oral y público-. El foco de las tres causas es el mismo: el presunto direccionamiento de las licitaciones mediante sobornos a funcionarios para ser favorecidos en esas obras.
Fue en Brasil, cuando estalló el escándalo Odebrecht, que los ex ejecutivos de Odebrecht, Marcio Faria y Luiz Antonio Mameri, reconocieron en ese país bajo un acuerdo de colaboración que la firma pagó sobornos por estas tres obras en Argentina, según consta en los videos y textos oficiales de las confesiones de ambos brasileños. La Procuraduría de Brasil envió a la justicia argentina esas confesiones. También registros de transferencias y pagos de Odebrecht relacionados por supuestos sobornos a funcionarios argentinos.
En el caso por el gasoducto, la investigación se dividió en dos: por un lado ya fueron enviados a juicio ex funcionarios acusados por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Allí están acusados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, junto a Bautista Marcheschi y Cristian Alberto Folgar, subsecretario de Energía y director suplente de CAMMESA, respectivamente; y los representantes de CAMMESA, Luis Beuret y Julio Bragulat. Puntualmente, la acusación es porque los funcionarios desde el Estado favorecieron de manera irregular a las empresas CAMMESA y Odebrecht con los contratos para la ampliación de los gasoductos TGS y TGN por 2.300 millones de dólares. Según la investigación en el Ministerio de Planificación Federal, se plasmó una licitación privada a medida de los intereses de Odebrecht y se modificaron las reglas vigentes hasta ese momento.
La causa está en manos del Tribunal Oral Federal 2, el mismo que juzgó a la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios, como De Vido, en la llamada causa Vialidad. Sin embargo, el segundo tramo del expediente apunta a acreditar el presunto pago de coimas y aún se encuentra en instrucción.
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