La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja del abogado representante de Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal Argentina, en el marco de una causa que analiza el presunto pago de coimas y el direccionamiento ilícito de licitaciones para la construcción de dos plantas potabilizadoras, a cargo de compañías encabezadas por la constructora brasileña Odebrecht. La causa, una de las que se abrió por el escándalo Odebrecht, ya está elevado a juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires.
La causa analiza presuntas irregularidades en el marco de un proceso de licitación elaborado para el desarrollo de dos proyectos de infraestructura promovidos por la empresa pública de aguas en el año 2007. Se trata, por un lado, de la planta de potabilización “Paraná de las Palmas”, adjudicada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA. Y por el otro, la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en cabeza de la Unión Transitoria de Empresas constituida por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.
En ese marco, el hecho que se investiga consiste en el supuesto direccionamiento ilícito por parte de las autoridades de AySA en los procesos licitatorios de los proyectos de infraestructura vinculada a su competencia. A su vez, la pesquisa indaga también sobre el presunto pago de coimas por parte de los representantes de todas las firmas involucradas con el objetivo de imponer distintas condiciones de ejecución de las obras, afines a sus intereses particulares.
Entre los acusados figuran el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, de su mano derecha Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, de los ex directivos de Aysa Carlos Ben y Raúl Biancuzzo, entre otros, por cohecho pasivo (recibir coimas). Por pagar esos sobornos, fueron confirmados los procesamientos de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini.
En etapa de instrucción por el Juez Federal Sebastián Casanello, al dictar los procesamientos en 2018 y 2019, y posteriormente ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, aunque en un importe reducido.
La Fiscal de Juicio, Estela Fabiana León, fue quien solicitó que se actualice el monto, para asegurar la eficacia práctica de la sentencia y teniendo en cuenta la depreciación de la moneda. En esa senda, sostuvo que los $405.200.000 fijados que entonces representaban USD 6.642.622,95, al momento de su solicitud -a menos de tres años de la determinación de esa cuantía-, representaba en esa misma divisa USD 1.796.895,78 oficiales o unos USD 1.012.190,24, en su variable MEP.
La medida en cuestión es una de las cautelares que rigen respecto de Camargo Correa, situación que se replica en relación al resto las sociedades que formaron parte de los consorcios de empresas a los cuales se adjudicaron dos proyectos de infraestructura promovidos por “Aysa” en el año 2007: la Planta de Potabilización “Paraná de las Palmas” (licitada al consorcio de empresas Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina - Benito Roggio e Hijos SA - Supercemento SAIC - José Cartellone Construcciones Civiles SA) y la Planta Depuradora “Sistema Berazategui” (a cargo de la Unión Transitoria de Empresas conformada por Camargo Correa Sucursal Argentina-Esuco SA).
El Tribunal Oral Federal N° 7, integrado por los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, hizo lugar a la pretensión fiscal y actualizó los importes, tomando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) labrado por el INDEC -esto último por mayoría-. En consecuencia, la suma actualizada arrojó un total de $3.175.374.000.
La Sala III de Casación, con intervención de los jueces Mariano Borinsky, Daniel Antonio Petrone y Guillermo Yacobucci, por unanimidad, rechazó la apelación de la firma Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A que pretendía dejar sin efecto la actualización del embargo a la mencionada compañía. Los camaristas de Casación desestimaron la presentación directa de los representantes de Camargo Correa por considerar que en el caso los agravios sólo revelaban una disconformidad con lo resuelto por el Tribunal Oral, sin demostrar un supuesto de arbitrariedad o una cuestión federal que autorice la apertura de esa instancia.
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